Muy apurado llegó el Gobierno al final de esta primera etapa de la legislatura. El Congreso cerró las sesiones ordinarias el pasado domingo, un minuto antes de la medianoche, y esta semana están en sesiones extraordinarias para tramitar leyes y reformas prometidas por el Gobierno (reforma tributaria, ley de TIC y del presupuesto nacional, entre otras).
Queda una sensación de carreras y afanes que van en perjuicio de la calidad normativa de las reformas que se aprueban. Por otro lado, se vio un proceso de desbaratamiento de los proyectos importantes, algunos de los cuales o se hundieron, como la reforma a la justicia, o surtieron su primera etapa y quedaron reducidos a las partes menos relevantes de lo que era la propuesta original, como sucedió con la llamada reforma política y electoral, la cual no entusiasma ni al propio Gobierno, si se atiende a las declaraciones cautelosas y con reservas de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Si el alcance de la tan prometida reforma política y electoral va a ser el que quedó en los textos conciliados en Senado y Cámara, podrá decirse cualquier cosa, menos que ella sea el producto de un propósito serio de reformar y mejorar el cumplimiento de los principios y objetivos de la representación política.
En las propuestas iniciales se había planteado la financiación estatal exclusiva de las campañas electorales, como mecanismo de contención de los recursos privados que terminan siendo préstamos disfrazados para pagarse luego por parte de los candidatos que alcanzan los cargos, que retribuyen esa deuda mediante contratos, multiplicando el valor original de lo aportado para la campaña. Como no hubo acuerdo, el texto quedó que “las campañas para cargos de elección popular serán financiadas preponderantemente con recursos estatales”. Queda abierta la opción para la financiación por parte de particulares, defendida por buena parte de los parlamentarios y que, ciertamente, deja abierto el debate de hasta qué punto se compran campañas y favores posteriores.
Otro punto que queda para ser ratificado en la siguiente ronda de sesiones es si subsiste el límite que se quiere fijar para reelección en cargos de elección popular a Congreso, Asambleas y Concejos. No se podría ser elegido para más de tres períodos. Este fue uno de los puntos de la consulta popular anticorrupción, del que sus promotores defienden que permitirá purificar y renovar la vida política.
Un punto polémico y que habrá de ser mejor explicado es el que contempla que por lo menos la quinta parte del presupuesto nacional de inversión se definirá por iniciativa de los congresistas. Una cosa es el espíritu de lo que se busca (descentralización, participación popular, inversión en zonas deprimidas) y otra la práctica política consuetudinaria en nuestro país, que es para echarse a temblar con una disposición de esta naturaleza.
La ministra Gutiérrez insiste en que el Gobierno y los congresistas podrán modificar aspectos que no quedaron bien definidos o incluir nuevos elementos que mejoren esta reforma. No parece claro ni fácil. Mala reforma es aquella que cifra su conveniencia en la esperanza de que más adelante pueda adecentarse.
El Congreso ha puesto en aprietos al Gobierno. Para enero se tienen previstas reuniones con las bancadas. El gran asunto es si el presidente Duque honrará su compromiso ante el país de mantener una relación con el Congreso que no se basa en prebendas, o si claudicará para regresar al sistema considerado por tantos parlamentarios como “derecho adquirido” de recibir partidas presupuestales y burocracia para facilitar gobernabilidad.
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