En las actuales circunstancias de bajo crecimiento mundial y de desaceleración en muchas naciones, incluida Colombia, resulta primordial, como lo sugiere el Fondo Monetario Internacional, la adopción de reformas estructurales que faciliten retornar a la senda de desarrollo.
En el país, la aplicación de este tipo de reformas ha avanzado a un ritmo muy lento. Por ello es que en la agenda pública están pendientes algunas de gran importancia como son la tributaria, la pensional, la laboral y la arancelaria.
Respecto a esta última, se conoce, como lo informó este diario, que el Gobierno tiene un texto de reforma al sistema arancelario. En este momento se está pendiente de la aprobación por parte del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del Consejo Superior de Comercio Exterior.
La reforma tiene como principal objetivo mantener el actual arancel promedio (6,4 por ciento) y reducir la gran dispersión que presentan las tarifas arancelarias. Dicha dispersión es fuente de distorsiones que afectan el desarrollo del aparato productivo además de generar un sesgo antiexportador.
Por consideraciones especiales, la reforma prevé que los aranceles para los productos agropecuarios no supere el 30 por ciento y que el nivel para los bienes industriales no sea mayor al 15 por ciento.
Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), Colombia se mantiene como uno de los países más cerrados desde el punto de vista del comercio global. Con ello se limita la generación de oportunidades de progreso.
En este sentido, el CPC considera necesaria “la implementación de una estructura arancelaria plana”, con la que se elimine la sobreprotección de la que gozan algunos sectores, como el agropecuario, y las protecciones efectivas negativas que afectan la competitividad de otros, como el industrial.
De otra parte, los exportadores asociados en Analdex urgen al Gobierno para que ponga en práctica la reforma arancelaria. Según el gremio, la actual estructura genera grandes costos para las empresas y frena el desarrollo general.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que el ajuste al sistema arancelario no constituye un propósito gubernamental aislado. Por el contrario, hace parte de los esfuerzos para dotar al país de mecanismos que impulsen el comercio y aumenten la competitividad.
Es así como se dispone de un nuevo Estatuto Aduanero con el cual se facilitan los trámites de importación y exportación y se reducen los costos de este tipo de operaciones.
De otra parte, con la declaración de exequibilidad de la Ley mediante la cual se aprobó el TLC con Corea del Sur, se abren las puertas del comercio preferencial con esa nación y, de contera, con otros países asiáticos.
De igual manera, a partir del próximo primero de mayo comienza la desgravación arancelaria entre las naciones que conforman la Alianza del Pacífico, con lo que los sectores productivos tienen, entre otras cosas, la oportunidad de acceder a las grandes cadenas globales de valor.
Es claro entonces que la política comercial del país se mueve en la dirección de promover el comercio exterior y ahondar en la inserción en los mercados internacionales. Es en este contexto que resulta fundamental que el Gobierno apruebe el texto de la reforma arancelaria.
Para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo es necesario asegurar una estructura arancelaria que, antes que mantener las ineficiencias, propicie el comercio exterior y garantice los avances en la productividad de la economía.
