El departamento de Córdoba vive una de sus crisis invernales más severas, pero la tragedia no solo corre por cuenta del río Sinú. En el centro de la polémica se encuentra la Hidroeléctrica Urrá, que, pese a ser propiedad de la Nación en un 99%, ha sido atacada por el presidente Gustavo Petro.
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El debate escaló a tal punto que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, tuvo que recordar que la responsabilidad total de lo que sucede en Urrá recae sobre el Gobierno Nacional, que es quien domina su junta directiva a través de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.
Lo anterior, como respuesta a la narrativa de la Casa de Nariño, que intenta presentar a la gerencia de la hidroeléctrica como un ente autónomo o heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, los registros oficiales cuentan una historia distinta.
La administración de la empresa ha estado bajo la vigilancia y el nombramiento directo de delegados del Ejecutivo. En este escenario, la reciente renuncia de Juan Acevedo Rocha, quien fungía como presidente encargado, no es solo un movimiento burocrático, sino el estallido de una crisis de gobernanza interna.
¿Juan Acevedo Rocha renunció bajo presión a Hidroeléctrica Urrá?
La salida de Juan Acevedo Rocha se conoció ayer, apenas horas después de que el presidente Petro solicitara una investigación penal por la gestión del embalse durante las inundaciones. Acevedo, un veterano con 33 años de trayectoria en la compañía, dejó su cargo de suplente tras una solicitud directa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
En su carta de despedida, Acevedo subrayó que su decisión buscaba evitar que la crisis escalara a una confrontación institucional, pero no se fue sin defender su gestión con cifras contundentes que contradicen la versión presidencial.
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Por ejemplo, fue enfático al señalar que, de no existir el embalse, la catástrofe en Córdoba habría sido incalculable. Según los datos de la central, Urrá enfrentó 58 horas consecutivas con aportes de agua superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo. De no haberse retenido ese volumen, el río Sinú habría arrasado con todo a su paso.
Acevedo recordó que, desde el año 2000, la hidroeléctrica ha controlado el 97% de las crecientes, gestionando con éxito 455 de los 473 eventos extremos registrados. Además, desmintió que se hubieran violado los niveles máximos de seguridad: cuando inició la emergencia, el embalse estaba a 129,6 metros sobre el nivel del mar, es decir, 90 centímetros por debajo de la cuota máxima permitida de 130,5 metros.
Afirmaciones del presidente Petro contra Hidroeléctrica Urrá
A pesar de estas explicaciones, el presidente Petro mantiene una postura hostil, calificando las descargas de agua como un “crimen ambiental” y exigiendo responsabilidades penales.
El punto más polémico de su intervención fue asegurar que el Gobierno no ha nombrado a ninguno de los trabajadores de Urrá, intentando distanciarse de una empresa que su propio Ministerio de Hacienda controla casi en su totalidad.
Esta distancia pública resulta contradictoria cuando se analiza la composición de la cúpula de la hidroeléctrica. Juan Acevedo fue designado en mayo de 2025 por una Junta Directiva controlada por el actual Gobierno, en una movida que buscaba desplazar la influencia de grupos políticos locales para instalar figuras afines a la coalición nacional.
No obstante, en medio de la emergencia, el Ejecutivo optó por un ajuste, nombrando ahora al ingeniero civil Enrique Kerguelen como encargado.
Polémicos manejos del Gobierno Petro en Hidroeléctrica Urrá
Más allá de la emergencia climática, de tiempo atrás Urrá enfrenta una tormenta judicial por presuntas irregularidades en la contratación. La Fiscalía General de la Nación investiga una red de tráfico de influencias que salpica a Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, y a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Las denuncias, trasladadas inicialmente por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sugieren que hubo presiones indebidas para favorecer a empresas amigas en licitaciones de parques solares y en la venta de energía a precios sospechosamente bajos.
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Se investigan contratos que suman aproximadamente $1,4 billones, en los cuales firmas presuntamente vinculadas a amigos personales del entorno presidencial habrían obtenido beneficios extraordinarios. Según la Procuraduría, estas transacciones permitían márgenes de ganancia que no correspondían a la realidad del mercado, bajo condiciones de negociación simuladas.
La paradoja es total: mientras el Gobierno criticaba las prácticas de administraciones anteriores, las investigaciones actuales sugieren que el esquema de “venta de energía a dedo” simplemente cambió de beneficiarios, pasando de políticos regionales a aliados directos del proyecto político actual.
Hidroeléctrica Urrá bajo lupa de autoridades en Colombia
La situación actual de Urrá es preocupante. La Superintendencia de Servicios Públicos audita por qué se prefirieron las ventas bilaterales sobre la bolsa de energía, lo cual habría sido más rentable para la Nación. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda empezó –en el ocaso del Gobierno– a buscar perfiles más técnicos y menos políticos como sus delegados en junta para gestionar los riesgos hídricos.
El caso de Urrá parece convertirse en el ejemplo de las tensiones entre la política y la técnica en el sector energético colombiano. Mientras las comunidades río abajo sufren las consecuencias de las lluvias, la empresa queda atrapada en un fuego cruzado de investigaciones disciplinarias y penales.
El Gobierno, dueño del 99%, por ahora parece no asumir la responsabilidad de su propia gestión, en lugar de buscar culpables.
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