Hace unos días, Ecopetrol y Petrobras anunciaron con ‘bombos y platillos’ la formalización del esquema de comercialización conjunta para la venta temprana de la producción de gas del famoso campo Sirius, costa afuera en el Caribe colombiano. Y no es para menos, pues se trata de un proyecto de suma importancia para el país, que ya perdió su soberanía energética. La cuestión es que, en medio del creciente déficit de gas natural, la entrada de este proyecto ya se retrasó un año. Los analistas temen que se pueda demorar aún más ante el cumplimiento de más de 120 consultas previas.
Para entender el meollo, Colombia atraviesa un déficit crítico de gas natural que amenaza con depender cada vez más de las importaciones.
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De hecho, se comenzó a traer gas extranjero el 1 de diciembre de 2024, después de 45 años de autosuficiencia energética. Este año se calcula que el faltante es de unos 120 millones de pies cúbicos diarios, pero, a medida que avanza el tiempo, la situación empeora. En otras palabras, la producción de gas local alcanza menos para atender a toda la población.
De ahí la importancia de contar lo más rápido posible con el gas de nuevos proyectos prometedores como Sirius, pero la noticia que cayó como un ‘baldado de agua fría’ para el país es que el proyecto ya no entrará en 2029 como se tenía previsto, sino en 2030.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía, calificó la noticia como pésima. Argumentó que ese proyecto es la esperanza del país. “Una de las peores herencias que dejará el gobierno Petro es haberle quitado al país, culposamente, la autosuficiencia en gas natural. Ahora dependemos de más y más importaciones, más y más caras, para atender la demanda industrial y la de los hogares”, señaló.
Las largas listas de consultas para Sirius
Para calmar las turbias aguas, Ecopetrol indicó que “los socios están haciendo su mejor gestión para tener la primera producción de gas de Sirius en 2030, condicionado a la obtención de las licencias y permisos requeridos por las autoridades competentes y al cumplimiento de los hitos de aprobación del proyecto de desarrollo”.
El problema es que la lista que debe cumplirse con las comunidades es bastante extensa. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explicó a EL COLOMBIANO que ya son 122 consultas previas con comunidades, un requisito legal que aún no se ha finalizado y que podría extenderse en los próximos meses.
Para contexto, este trámite busca garantizar los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes ante proyectos que puedan afectar sus territorios, recursos naturales o formas de vida. Están reguladas por la Constitución, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, y obligan a las empresas o al Estado a informar, dialogar y alcanzar acuerdos con las comunidades sobre los impactos y beneficios de cualquier proyecto, como los de explotación de gas y petróleo.
Sin Sirius, las importaciones se dispararían
Acosta señaló que este retraso tiene implicaciones significativas en la seguridad energética del país, ya que las reservas y la producción de gas continúan disminuyendo mientras la demanda crece.
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Agregó que actualmente Colombia importa 44 millones de pies cúbicos al día, pero se espera que este volumen supere los 120 millones de pies cúbicos diarios en 2025 y llegue a más de 200 millones en 2027. Para 2029, sin la producción de Sirius, la importación podría alcanzar 400 millones de pies cúbicos diarios, lo que equivale al 40% de la demanda total.
¿Podría retrasarse más?
Además las consultas previas podrían seguir extendiéndose durante los próximos meses, por lo que la fecha de inicio de producción podría mantenerse en 2030 o incluso subir más.
Las autoridades y las empresas involucradas deberán avanzar de manera coordinada para cumplir los requisitos legales y minimizar los impactos en el suministro de gas, un recurso clave para la economía colombiana y el funcionamiento de múltiples sectores industriales y residenciales.
El temor de que el retraso sea mayor es comprensible, pues ese tipo de tramitología ya ha afectado e incluso llevado a la cancelación de otros proyectos cruciales para el país. Hace apenas unos meses, EPM suspendió la construcción del parque eólico E200 (un proyecto de 200 megavatios) en La Guajira.
La razón no fue otra que los conflictos para lograr acuerdos con las comunidades wayúu. Fueron 235 procesos de consulta previa con rezagos y desacuerdos.
En su momento, la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia) dijo que el 46 % de los proyectos renovables que debían entrar en operación entre 2024 y 2025 presentaron retrasos por trámites, incluyendo la consulta previa. Por ahora, lo mejor que puede pasar es que la explotación de Sirius no se demore más, pues Colombia nunca había necesitado con tanta urgencia aumentar su oferta y producción de gas local.
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