La reforma tributaria por $16,3 billones que el Ministerio de Hacienda trató de sacar adelante volvió a quedarse sin aire legislativo. La Comisión Cuarta del Senado decidió archivar el proyecto al votar en contra de la ponencia presentada por el Gobierno.
Este revés no es nuevo para el Gobierno. Un episodio similar ocurrió el año pasado, cuando la Ley de Financiamiento por $12 billones también se hundió, obligando al Ejecutivo a recortar y reprogramar parte de su gasto previsto.
En contexto: El congreso no le camina a Petro: cae tributaria y la de salud en vilo
La votación terminó con cuatro apoyos —de los liberales Laura Fortich, Claudia Pérez y John Roldán, además de Aida Avella (Pacto Histórico)— frente a nueve votos en contra de congresistas del Centro Democrático, Aico, Cambio Radical, Partido de la U, Alianza Verde, Conservador y ADA.
Con la caída del proyecto, el Presupuesto General de 2026 deberá ajustarse: pasará de los $546,9 billones propuestos a $530,6 billones, debido a que los recursos adicionales que pretendía incorporar el Gobierno quedaron por fuera.
¿Se viene emergencia económica?
En medio del ambiente político caldeado y tras el hundimiento de la tributaria, el presidente Gustavo Petro subió el tono. Afirmó que “si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres”, aunque advirtió que mientras él esté en gobierno no dejará que la paguen los pobres.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó que la decisión de los nueve senadores vaya en contravía de lo que ya habían aprobado las mayorías, que incorporaron esos recursos dentro del Presupuesto General de la Nación de 2026.
Puede leer: Las jugadas del Gobierno Petro para salvar la agonizante reforma tributaria en el Congreso
El ministro señaló que el Gobierno revisará las alternativas disponibles para preservar la estabilidad fiscal y garantizar la continuidad de los programas sociales.
En este sentido, subrayó que el Ejecutivo no descarta ninguna herramienta que permita asegurar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, cumplir el presupuesto de 2026 y honrar los compromisos sociales asumidos.
Ya el presidente Petro había asegurado en días anteriores que, del “Congreso mantener el bloqueo”, Colombia podría verse obligada a declarar una emergencia económica para garantizar los ingresos que el Gobierno considera indispensables.
Petro insistió en que la deuda pública equivale a “impuestos pospuestos” y arremetió contra las mayorías opositoras de la Comisión Tercera, a las que acusó de buscar un ahogamiento fiscal del Ejecutivo por razones políticas.
Recortes afectarían inversión y grandes obras de infraestructura
En medio de la discusión, el jefe de Estado manifestó que resulta imprescindible recomponer la financiación del Estado, de lo contrario —advirtió— habría que cerrar servicios esenciales cubiertos con recursos del presupuesto.
Vea también: IVA del 19% a la vivienda, reforma tributaria podría agravar la crisis habitacional
“Quienes hablan de derroche del gasto y de recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”, escribió en su cuenta de X.
De esta manera, dijo que dada la rigidez del gasto público, es imposible recortar decenas de billones en rubros como el servicio de la deuda o los programas sociales, por lo que advirtió que cualquier ajuste terminaría concentrándose en la inversión, con impacto directo en proyectos de infraestructura, entre ellos las vías 4G y el Metro de Bogotá.
“Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”, expresó el jefe de Estado en X.
Piden ajustes al gasto en lugar de emergencia económica
La senadora Angélica Lozano dejó una constancia en la que argumentó que la caída de la ley de financiamiento no puede considerarse un hecho sobreviniente, excepcional o imprevisible. Por lo mismo, sostuvo, no constituye una causal que permita declarar un Estado de Emergencia Económica bajo los artículos 215 y 341 de la Constitución.
Lozano recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que los estados de excepción no pueden utilizarse para “corregir” el funcionamiento ordinario de las ramas del poder público ni para evitar las consecuencias políticas de un trámite legislativo.
Además, enfatizó que es inaceptable, desde el punto de vista constitucional, sugerir que la negativa del Congreso habilita la creación de impuestos mediante facultades extraordinarias.
Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, hablar de una eventual emergencia económica es un “despropósito”, ya que —según afirmó— no se reúnen las condiciones constitucionales para adoptarla.
“No hay un hecho excepcional ni imprevisto que la sustente. Al no existir esas circunstancias, no se cumplen los requisitos para declarar una emergencia económica, y la Corte podría tumbarla sin dificultad”, señaló.
Más noticias: Del like al voto: así se mueven los partidos con influencers al Congreso
Restrepo también cuestionó la estrategia fiscal del Ejecutivo y sostuvo que la alternativa que debió ponerse sobre la mesa desde el comienzo era presentar un presupuesto “realista y balanceado”, en lugar de uno con un faltante superior a $45 billones.
A su juicio, la única medida viable en este momento es ajustar el gasto: “El Gobierno debe recortar el gasto público y recortar los gastos de funcionamiento. Allí todavía hay espacio para hacerlo”, concluyó.
Regístrate al newsletter