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El negocio del ahorro pensional en Colombia cerró el año anterior con recursos por $413,7 billones, manejados por fondos privados y entidades administradoras del Régimen de Prima Media (RPM).
La Superintendencia Financiera también contabilizó 24,7 millones de trabajadores afiliados a los fondos de pensiones obligatorias, y 1,74 millones de personas que disfrutan del beneficio, es decir pensionados (ver Informe).
En tiempos de elecciones presidenciales la urgencia de ejecutar reformas estructurales se pone de moda y una de ellas es la pensional, que se ha aplazado en múltiples ocasiones.
A juicio de Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia, no hacer los ajustes que el esquema pensional del país requiere llevará a una crisis, ante la imposibilidad futura de financiar el beneficio para quienes llegan al final de su vida laboral.
En este aspecto los diagnósticos son variados y pasan por propuestas que contemplan aumentar la edad de jubilación, incrementar los aportes que hace el trabajador para acceder al beneficio o unificar los modelos pensionales.
Los cambios
El gobierno del Presidente Iván Duque enarboló el compromiso de ejecutar una “Reforma de Protección a la Vejez”, que garantizara un ingreso digno en esta etapa de la vida, incrementara la cobertura y que fuera equitativa.
Con la tarea sin hacer en los últimos meses del mandato, es claro que le corresponderá al próximo gobernante asumir este trabajo, y para lo cual existen una serie de opciones que han planteado centros pensamiento, gremios y académicos e investigadores.
El gremio de las administradoras privadas, Asofondos, ha insistido en que en las condiciones actuales y futuras de Colombia, el único sistema pensional contributivo viable debe estar basado en el Régimen de Ahorro y Capitalización (Rais).
Para el gremio, un sistema de reparto puro no es viable por la transición demográfica, la informalidad laboral y la digitalización de la sociedad (mayor nivel de automatización de la sociedad, robots).
Además, apuesta porque la reforma que se implemente deberá respetar los derechos adquiridos de los retirados y las expectativas legítimas de quienes estén próximos a jubilarse.
En medio del ambiente político, Asofondos les recordó a los trabajadores afiliados a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia que la plata que tienen en sus cuentas individuales es solo de ellos, y de nadie más, y que deben cuidar su ahorro y defenderlo.
José Silva, doctor en Ciencias Económicas, también recuerda que centros de pensamiento como Fedesarrollo han propuesto una reforma que descanse en la integración entre el régimen de prima media y el régimen de capitalización individual.
La intención sería que el principio esencial de la reforma pensional acabe con la lógica de competencia que opera actualmente entre los dos regímenes contributivos que se disputan la cobertura de la misma población: los trabajadores formales.
En 2018, de cara a los comicios de ese momento, Fedesarrollo anotaba: “La modificación al sistema pensional actual no solo se justifica como un tema de sostenibilidad fiscal en el largo plazo; aún más importante es la urgencia de resolver el problema social que surge de la ineficacia que conlleva este sistema en su propósito primigenio de otorgar protección económica a los adultos mayores”.
En la mira
El presidente de Colpensiones, entidad pública que administra el RPM, Juan Miguel Villa, indicó que por estos días se han puesto los reflectores pensionales sobre las comisiones y subsidios, aspectos de importancia, pero que resultan de segundo orden para muchos que jamás ha pagado una comisión porque sus condiciones laborales no les dan la oportunidad de acceder a la seguridad social.
“Lo genuinamente relevante es que 75 de cada 100 personas en edad de retiro no tienen pensión, y esta cifra va a aumentar a más de 80 en la década de los años 40 de este siglo. ¿Qué se va a hacer para incluir a quienes están fuera del sistema?”, indagó el funcionario.
De otro lado, centrales obreras como la CUT y la CTC se centran en el derecho a la protección, a la garantía de ingresos para toda la población adulta mayor bajo la noción de dignidad.
Igualmente, proponen rescatar el sistema pensional como un sistema público de protección social, cuyo objetivo sea garantizar derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.