Apps: la regulación sigue pendiente

Las plataformas permanecen operando en el país, pero se mantienen vivas las discusiones sobre sus modelos.

Aplicaciones móviles aún están expectantes sobre la regulación para operar en el país. FOTO COLPRENSA

Johan Chiquiza Nonsoque

09 de noviembre de 2020

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91,2 %

de rappitenderos no estaba afiliado al Sistema de Riesgos Laborales: U. Rosario.

0,3 %

del Producto Interno Bruto representan las plataformas de economía colaborativa.

La Superintendencia de Transporte decidió imputar cargos contra DiDi, Beat, Cabify y Fory, plataformas tecnológicas que median servicios de transporte, e impuso multas por hasta $8.000 millones, la semana anterior.

En total fueron siete los puntos sobre los que fue enfática la autoridad para tomar esta decisión, entre los que se encuentra la prestación de un servicio con vehículos que no están homologados ni matriculados para servicio público, sin contar con planes estratégicos de seguridad vial y por alterar el servicio público, entre otras motivaciones.

No obstante, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, apuntó que “la tecnología siempre es un aliado”, reabriendo nuevamente el debate sobre qué tan pertinente es la regulación que existe frente a estos aplicativos.

La polémica no es exclusiva de las iniciativas referentes al transporte. Luego de confirmar su partida del país, que será efectiva el 22 de noviembre, uno de los mensajes que dejó la empresa Uber Eats fue que “si bien esta decisión no es fruto de esto, vale la pena reiterar el llamado a reglamentación moderna para que considere los diferentes modelos de negocio y permita el acceso a oportunidades de generación de ganancias flexibles para las personas, la libertad de elección a los usuarios y aporte a la construcción de ciudades incluyentes, inteligentes y seguras”.

Y es que estos modelos, conocidos como de economía colaborativa, en los que entran casos como el de Uber, Rappi o incluso Airbnb, aún tienen discusiones en términos de regulación, teniendo en cuenta que, según ellos, las plataformas se basan en iniciativas de mediación entre alguien que necesita algo y otra persona que está dispuesta a suplir dicho requerimiento. No obstante, esta relación no siempre ha sido entendida de la misma manera desde la legislación.

Un ejemplo de lo anterior se dio durante la última semana de septiembre, con la plataforma para hacer mercado, Mercadoni, puesto que el Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas declaró que efectivamente la relación existente entre el domiciliario de la aplicación y esta compañía era “de naturaleza laboral”.

Las implicaciones de esto se traducen en dinero, puesto que al haber asegurado que hubo un contrato de trabajo a término indefinido entre ambas partes, el juzgado condenó a la empresa a hacer pagos como el auxilio de cesantías, los intereses sobre estas, las primas de servicios e incluso vacaciones.

De acuerdo con Javier Almanza, coordinador del área laboral del Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la decisión se dio a partir de un trabajador cuya función era hacer presencia en las cadenas de abastecimiento para recoger los productos de las estanterías y dárselos al domiciliario. “A él prácticamente lo despiden por pedir un día de descanso”.

Lo que se indagó es que “la mayoría de personas no tiene ningún vínculo en seguridad social, menos los domiciliarios”. Así, indicó que al acercarlo al escenario real, están desprotegidos en aspectos como ese.

La discusión por la relación

Las plataformas de domicilios viven realidades diferentes en su relación con los mensajeros, ya que, por ejemplo, Domicilios.com cuenta con un sistema en el que tiene una relación con sus domiciliarios que permite que estos tengan acceso a un aporte en su seguridad social, pero que les presenta algunas restricciones en términos de horarios.

Un informe presentado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el Centro de Solidaridad, la Escuela Nacional Sindical y Defens demostró que el 91,2 % de los domiciliarios de Rappi no está afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales.

La situación se agrava si se tiene presente que el trabajo en la calle y la demanda de esfuerzo físico ha llevado a que 63,2 % de quienes utilizan esta plataforma como fuente de ingreso haya sufrido accidentes de trabajo y que 66,7 % manifieste haber contraído enfermedades de carácter laboral en los últimos dos años.

En este sentido, lo que destacó el exministro TIC, Daniel Medina, es que efectivamente sí se requiere reglamentación, pero advierte que “eso no debe ser para defender a los oligopolios locales, ni para fortalecer los monopolios globales”.

De esta manera, fue enfático en que “no se puede, como han propuesto, que las plataformas tengan la misma reglamentación de los incumbentes, como en el caso de Uber”, puesto que para el experto esto acabaría con la competencia y según él, lo que se necesita es todo lo contrario.

Recordemos que a inicio de año, Uber anunció su partida del país (y posterior regreso) a causa de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de dar la razón a la empresa Cotech, que aseguró que había competencia desleal por parte de la tecnológica al desviar la clientela de manera ilegal.

Un modelo con fuerza

No se puede desconocer que la economía colaborativa ya se abrió camino en el mercado, entendida como aquella en la que se pueden conectar una necesidad y alguien dispuesto a suplirla.

De hecho, de acuerdo con un reporte presentado por el centro de estudios económicos Fedesarrollo, estos modelos representan entre 0,2 % y 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.

El reporte de dicho tanque de pensamiento también dio fe de que si no existieran las plataformas, 54 % de las personas sería ocupado formal, 35 % dijo sería ocupado informal y solamente 11 % aseguró que se encontraría en calidad de desempleo o inactividad, según los encuestados.

A partir de esto, el nuevo gremio de aplicativos móviles, conocido como AlianzaIN, en voz de su director, David Luna, ha sido enfático en que la propuesta es que se aprovechen estas tecnologías para hacer la vida más fácil a las personas. Pero aún hay debates reglamentarios que siguen su curso en el Congreso.

Propuestas existentes

Son varias las propuestas en Colombia que siguen su curso en el legislativo, centradas principalmente en dos ejes temáticos: la relación laboral de los Rappitenderos y cómo nivelar la cancha en términos regulatorios entre las aplicaciones de transporte y los mecanismos de los taxis.

Un ejemplo de lo primero es el del congresista Rodrigo Lara, quien presentó una iniciativa por medio de la cual se propone que las plataformas como Rappi o Uber tengan una relación laboral con los repartidores y conductores.

Lara ha sido enfático en que muchos de los repartidores no cuentan con seguridad social, salud o pensión y que cuando efectivamente las tienen es porque ellos mismos deciden pagarlas, por lo cual se propone que las plataformas se encarguen de al menos 50 % de los gastos de salud y pensión de las personas que ven en sus aplicativos un mecanismo para ganarse la vida.

Con respecto a las iniciativas como Uber, Beat, DiDi o Cabify se plantean diversas salidas, con los mismos puntos de discusión, como lo son los cupos, las tarifas que se manejan e incluso la modalidad bajo la que se rigen estas compañías.

En primera instancia, desde el Partido Verde, se ha planteado la posibilidad de eliminar los cupos de los taxis, con una compensación hecha por las plataformas y que se permita la libre competencia al momento de cobrar. Así mismo, se busca propender por que los actores digitales cuenten con seguros y vehículos aptos para prestar el servicio.

De otro lado, desde el Centro Democrático y el Partido de la U, se busca que exista una nueva figura, por medio de la cual la Superintendencia de Transporte esté en capacidad de determinar cuál es el tope de vehículos particulares que puede dedicarse a un servicio público.

Luna hizo hincapié en que se debe buscar el bien del usuario en todo sentido. Por dicha razón, se opuso a medidas que se plantean en el legislativo, como la posibilidad de que estas plataformas sigan en funcionamiento, pero que no puedan hacerlo por valores más bajos que los de los taxis.

También, el dirigente gremial recalcó la importancia de que haya una mayor oferta en estos aspectos, principalmente en momentos difíciles como la pandemia, en los que, según él, se necesitan alternativas para movilizarse por medios de transporte que no impliquen aglomeraciones.

Por otra parte, en Congreso también avanza la Ley del Turismo, la cual afecta directamente a otro de los actores que se ha cobijado en modelos de economía colaborativa, pero que ha generado ruido en el sector hotelero.

Se trata de Airbnb, plataforma que días atrás hizo un llamado a las autoridades para que se otorgara un plazo de 12 meses, con el fin de que quienes ofrecen espacios de alojamiento por medio de la aplicación estén en capacidad de “cumplir con los requerimientos necesarios una vez se tengan reglas secundarias claras para las aplicaciones”.

“En caso de no contar con un periodo de adaptación, tanto para las plataformas como para los anfitriones, miles de colombianos se verán afectados ya que no podrán continuar disfrutando de los beneficios que estas plataformas les ofrecen actualmente. Esto generará un duro golpe al emprendimiento colombiano en el sector turismo y afectará directamente la calidad de vida de los colombianos que hoy obtienen un ingreso extra al compartir sus espacios”, mencionó Carlos Olivos, vocero de la empresa.