Aunque el desempleo ha bajado, un informe advierte que la informalidad sigue siendo el principal desafío del mercado laboral en Colombia, con niveles críticos en zonas rurales y poblaciones vulnerables. Solo 42% cotiza a pensión.
Aunque en el último tiempo Colombia ha mejorado sus indicadores de desempleo, aún enfrenta retos mayúsculos y este tiene que ver con la informalidad laboral.
Y es que de acuerdo con un informe de la Alianza Para la Inclusión, cerca de 13 millones de de personas trabaja en condiciones de informalidad, y más de la mitad de ellas vive en pobreza extrema.
Pero las preocupaciones se agudizan si se tiene en cuenta que solo el 42% de esa población cotiza a pensión, y un mínimo de 4,8% cuentan con cobertura de riesgos laborales.
“Lejos de ser una situación transitoria, esta realidad se mantiene en el tiempo y evidencia un problema estructural del mercado laboral, que no se resuelve únicamente con la generación de empleo formal desde múltiples sectores”, señaló el informe.
Aunque Colombia ha logrado reducir sus niveles de desempleo, el informe advierte que persisten riesgos estructurales que podrían perpetuar ciclos de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, especialmente entre mujeres, jóvenes, población rural, comunidades étnicas y migrantes.
Esta realidad se da en un contexto donde más de la mitad de los trabajadores del país siguen en la informalidad, una problemática que se mantiene alrededor del 55% y evidencia las dificultades para mejorar la calidad del empleo.
Desde la Alianza por la Inclusión Laboral, su líder, Adriana Lloreda, resaltó que “el problema no radica en la falta de esfuerzo de quienes trabajan en condiciones informales, sino en un sistema laboral que continúa diseñado para trayectorias estables que no reflejan la realidad del país”.
En ese sentido, insiste en que la formalización debe reconocer la diversidad de formas de trabajo y garantizar protección social incluso en escenarios de ingresos variables.
El panorama es aún más crítico en las zonas rurales, donde la informalidad supera el 80% y evidencia profundas brechas territoriales frente a regiones como Antioquia o Cundinamarca.
Además, el fenómeno impacta con mayor fuerza a ciertos grupos poblacionales: alcanza cerca del 57% entre jóvenes, ronda el 70% en mayores de 55 años, personas con discapacidad y población afrodescendiente, y supera el 80% en comunidades indígenas y migrantes venezolanos.
El análisis también pone en evidencia la diversidad de ocupaciones que sostienen la economía, muchas de ellas fuera de los esquemas formales: agricultores, cuidadores, artistas, conductores independientes, esteticistas y comerciantes, entre otros.
De hecho, cerca del 62% de los trabajadores por cuenta propia se encuentra en la informalidad, y la mayoría se concentra en oficios como plomería, transporte y servicios personales. Esto sugiere que insistir en una formalización tradicional como única salida resulta insuficiente y poco realista.
A este panorama se suman efectos menos visibles pero igual de críticos: menor recaudo fiscal, baja productividad, dificultades para acceder a crédito y limitaciones para escalar emprendimientos.
Además, la alta informalidad reduce la cobertura del sistema pensional y de salud, lo que a futuro puede traducirse en mayores presiones sobre el gasto público y en una población envejecida sin protección económica.
Frente a este contexto, el informe “Más allá del rebusque” plantea la necesidad de repensar la formalización laboral como un proceso gradual, flexible y centrado en las personas.
Entre las recomendaciones se destacan la implementación de esquemas de afiliación por horas o por evento, la reducción de barreras de entrada al sistema contributivo mediante pisos de cotización diferenciados, el fortalecimiento de la inclusión productiva con enfoque territorial y el reconocimiento de saberes adquiridos fuera de la educación formal.
Finalmente, el documento concluye que el reto ya no es diagnosticar el problema, sino tomar decisiones concretas. En ese sentido, hace un llamado a una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector productivo y la sociedad civil para impulsar soluciones sostenibles que respondan a la realidad diversa del trabajo en Colombia, cerrando brechas y garantizando protección social sin importar la forma de vinculación laboral.
Regístrate al newsletter 
