Tras la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, se refirió al futuro del directivo al frente de Ecopetrol.
El líder gremial fue enfático en dos mensajes: existe presunción de inocencia y cualquier decisión sobre su continuidad no pasa por el sindicato, sino por la junta directiva de la compañía.
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La continuidad de Roa, en manos de la junta directiva
“Ricardo Roa, ciudadano colombiano, tiene unos derechos constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el presidente de Ecopetrol tiene la obligación, como lo definen los estatutos del gobierno corporativo de la empresa, de resolver el tema con la junta directiva de Ecopetrol”, señaló Ravelo en díalogo con Caracol Radio.
Según explicó, los estatutos son claros en señalar que el presidente de la petrolera responde ante la junta directiva, máximo órgano de decisión.
La preocupación del sindicato
Defensa del empleo, la seguridad energética y la empresa
El líder de la USO resaltó que la junta directiva debe evaluar con detenimiento las posibles repercusiones de este proceso, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también financiero y reputacional, teniendo en cuenta que Ecopetrol es una compañía listada en Colombia y Estados Unidos.
En ese sentido, confió en que las decisiones se adopten con criterios técnicos, imparciales y responsables.
Ravelo insistió en que el rol del sindicato es velar por el patrimonio público, la seguridad energética del país y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
Por ello, advirtió que la USO no dudará en pronunciarse y movilizarse si identifica amenazas reales contra esos pilares.
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Finalmente, recordó que esa postura no es nueva. El sindicato, dijo, ya ha asumido posiciones firmes frente a decisiones como la venta de activos en Permian o el aumento de la importación de gas, temas que —a su juicio— han tenido efectos materiales sobre las finanzas del país y de la empresa.
En el caso de la situación de Roa, concluyó, esperan que sea la junta directiva la que tome una determinación informada y ajustada al interés de Ecopetrol y de los colombianos.
Las dos imputaciones que tiene Ricardo Roa ante Fiscalía
Según explicó el fiscal González Flechas, el expediente cuenta con pruebas que la Fiscalía considera suficientes para sustentar la imputación.
Estas investigaciones se originaron tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en noviembre pasado compulsó copias para indagar la responsabilidad de Roa en su rol de administrador de los recursos de la campaña.
El CNE concluyó que el entonces gerente tenía control centralizado sobre los gastos, contratos y operaciones contables, una afirmación que se respaldó en la propia versión entregada por Roa, quien aseguró haber realizado reportes constantes a la plataforma Cuentas Claras.
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Con base en ello, el organismo electoral le atribuyó “responsabilidad solidaria” por la violación de topes en primera vuelta, con un monto superior a los $2.440 millones, y lo sancionó también por exceder los límites en segunda vuelta.
El segundo proceso que dará lugar a imputación está relacionado con un presunto tráfico de influencias. En este caso, la Fiscalía investiga si Roa habría favorecido a Juan Guillermo Mancera en la obtención de un contrato con Ecopetrol, tras una relación previa vinculada a la compra y venta de un apartamento en Bogotá.
El origen de este caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa adquirió un inmueble. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, fue nombrado presidente de Ecopetrol.
La pregunta central de los investigadores es si esa transacción inmobiliaria, realizada antes de asumir el cargo, tuvo algún vínculo con decisiones posteriores dentro de la petrolera estatal.
El apartamento pertenecía a una empresa asociada al inversionista Serafino Iacono, y los pagos habrían sido realizados por una firma vinculada a Mancera.
El nombre de Iacono volvió a aparecer en el radar de la Fiscalía en marzo de 2024, cuando una compañía relacionada con él obtuvo derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, un activo considerado estratégico para el sector energético.
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