Airbnb vive uno de los momentos más agitados hablando de términos jurídicos. Esta vez por parte del Ministerio de Consumo de España que impuso una multa de 64 millones de euros (unos 285’452.800.000) a la compañía por publicitar alojamientos turísticos sin licencia, una sanción que se convierte en una de las más altas aplicadas en el país por vulneraciones a los derechos de los consumidores y que se enmarca en la ofensiva del Gobierno para frenar el impacto de este modelo sobre el mercado de la vivienda.
Una sanción con efecto disuasivo
Desde el Ministerio de Consumo explicaron que la multa equivale a seis veces los beneficios obtenidos por la compañía con los anuncios considerados ilegales, un criterio que busca enviar una señal clara al sector del alquiler turístico. El ministro Pablo Bustinduy subrayó que “ninguna empresa, sin importar su tamaño o peso en el mercado, puede desarrollar su actividad por fuera del marco legal”.
La sanción, que puede ser recurrida ante los tribunales, se suma a una serie de actuaciones del Gobierno contra prácticas que considera lesivas para los consumidores y para el equilibrio de sectores estratégicos. En este caso, el foco no está solo en la publicidad de alojamientos sin licencia, sino en el impacto que este tipo de ofertas tiene sobre el acceso a la vivienda.
Alquiler turístico y presión sobre la vivienda
El endurecimiento de la regulación responde a un debate que lleva años en la agenda pública española: el efecto del turismo masivo sobre el mercado inmobiliario. Comunidades autónomas y ayuntamientos han señalado que el crecimiento de los alquileres de corta estancia reduce la oferta de vivienda para residentes y empuja al alza los precios, especialmente en zonas céntricas y barrios altamente demandados.
Para el gobierno, frenar la comercialización irregular de viviendas turísticas es una herramienta para contener la crisis habitacional y proteger el derecho constitucional a una vivienda digna. De hecho, el Ministerio de Consumo afirmó que la sanción a Airbnb busca contribuir directamente a ese objetivo.
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Un precedente en la relación con las grandes plataformas
El caso de Airbnb no es un hecho que surgió de la nada, pues en 2024, la aerolínea de bajo costo, Ryanair, fue multada con 108 millones de euros por el cobro de recargos en el equipaje de cabina, una decisión que luego fue cuestionada por la Comisión Europea. Aun así, el Ejecutivo español ha defendido su línea de actuación frente a grandes compañías, especialmente cuando considera que existen abusos o incumplimientos normativos.
Hasta ahora, Airbnb no ha emitido una respuesta pública frente a la multa. El proceso, no obstante, abrió un nuevo capítulo en la relación entre las plataformas digitales y los reguladores en Europa, donde el debate se ha desplazado hacia el impacto social y urbano de estos modelos de negocio, más allá de su aporte económico o tecnológico.
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