Un informe de la Contraloría General de la Nación volvió a poner bajo la lupa el fuerte crecimiento del gasto en funcionamiento en el gobierno del presidente Gustavo Petro, una tendencia que ha venido presionando más las finanzas públicas.
De acuerdo con el documento, entre 2023 y septiembre de 2025 las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinadas a gastos de funcionamiento en la actual administración alcanzaron los $880,8 billones. En contraste, durante todo el periodo comprendido entre 2019 y 2022, correspondiente al gobierno del expresidente Iván Duque, estos rubros sumaron $793,7 billones.
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Es decir que, en apenas tres años, el gobierno Petro ha destinado $87 billones más a gastos de funcionamiento que los ejecutados en los cuatro años completos de la administración anterior, un aumento que refleja el mayor peso del aparato estatal sobre el presupuesto.
El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, alertó que esta dinámica está aumentando la rigidez del Presupuesto General.
De hecho, la Contraloría alertó que la inflexibilidad del PGN ya oscila en un 93%, lo que deja un margen de maniobra muy reducido. Si los ingresos y el recaudo no mejoran, la inversión social prevista en los próximos Planes de Desarrollo podría verse seriamente afectada.
“Del gobierno Duque al gobierno Petro, el costo de funcionamiento subió de $83 a $89 billones (en referencia a los $87 billones). Si seguimos ampliando el aparato estatal, la flexibilidad del presupuesto se reduce y la deuda se vuelve más pesada de manejar”, señaló en entrevista con Blu Radio.
Esta presión se refleja en la composición del PGN para 2026, donde el 65,5% corresponde a gastos de funcionamiento, equivalentes a $358,1 billones; el 18,4% se destina al servicio de la deuda, por $100,4 billones; y apenas el 16,1% queda para inversión, con $88,4 billones.
Ante este panorama, el ente de control subrayó que cualquier ajuste o recorte presupuestal deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y evitar un mayor deterioro del déficit, de modo que no se ponga en riesgo la estabilidad económica ni la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
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Operaciones de deuda y presión sobre la liquidez
Ante este escenario de presiones crecientes sobre el presupuesto, la Contraloría también puso la lupa sobre el manejo de la deuda pública. En ese marco, revisó las operaciones con títulos de deuda realizadas por la Nación entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
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Se trata de una estrategia poco habitual que llevó a cabo el Ministerio de Hacienda para reorganizar el perfil de la deuda del país, buscando ampliar los plazos de pago, reducir el costo de los intereses y fortalecer la caja de la Nación. En ese contexto, ante depósitos que apenas alcanzaban $1,44 billones al 8 de diciembre de 2025, el Gobierno vendió parte de su portafolio de TES B por $23,24 billones para mejorar la liquidez.
El ente de control confirmó que la operación contó con las autorizaciones necesarias y no implicó la emisión de nueva deuda. Pero advirtió que, si bien estas decisiones contribuyen a preservar el buen historial del país en el pago de sus obligaciones, los compromisos fiscales se incrementarán de manera significativa en 2029, 2031 y 2033, lo que plantea nuevos retos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Para el organismo, los bajos depósitos han sido una constante durante 2025 y responden a dos factores principales. Por un lado, los mayores pagos presupuestales, presionados por las reservas constituidas en 2024 por $61,7 billones; por otro, un menor dinamismo de los ingresos corrientes, tras la revisión a la baja de las metas de recaudo tributario.
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Un elemento relevante de esta operación es que los recursos se recibieron tanto en dólares como en pesos. En total, US$5.000 millones permanecerán inicialmente en el exterior y se irán convirtiendo en pesos de manera gradual, mientras que $3,87 billones ingresaron directamente a los depósitos locales de la Nación.
De cara a 2026, el Plan Financiero del Gobierno establecía una necesidad de US$13.096 millones en crédito externo, de los cuales US$9.000 millones se obtendrían mediante la emisión de bonos globales. En ese contexto, se realizó una emisión de bonos externos por US$4.950 millones, una operación que sí implica nuevo endeudamiento y que cubrirá parte de las necesidades de financiamiento incluidas en el Presupuesto General.
En su revisión, la Contraloría determinó que esta emisión también cumplió con los requisitos legales, al contar con la autorización de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y no superar el cupo global de endeudamiento externo, fijado en US$87.607 millones.
Alerta por los pagos de deuda en 2029: Petro responde
Pese a que todo está en regla, la principal preocupación de la Contraloría radica en que los nuevos bonos externos emitidos vencerán en 2029, 2031 y 2033. El mayor foco de alerta está en 2029, año en el que coincidirán altos vencimientos de distintos instrumentos de deuda.
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A los pagos de bonos globales se suman vencimientos de TES B en pesos por $43,72 billones, TES B en UVR por $19,73 billones y los Títulos de Solidaridad creados durante la pandemia, por $9,74 billones. En conjunto, las amortizaciones de deuda en 2029 se estiman en cerca de $89,6 billones.
Según el ente de control, enfrentar esta concentración de pagos exigirá en los próximos años una gestión financiera rigurosa y oportuna por parte del Ministerio de Hacienda, con el fin de evitar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció. Según el mandatario, “la acumulación de deuda proyectada para 2029 se resolverá de la misma manera en que enfrentamos la que dejó el gobierno de Duque en 2023”.
“Apostamos a una mayor estabilización del entorno económico mundial y a la realización de más operaciones de refinanciación, en la medida en que bajen las tasas de interés internas o externas”, expresó a través de su cuenta de X.
El peso de la prestación de servicios en la contratación del Estado
En materia de contratación estatal, el informe también incluyó un análisis del período 2018–2025, elaborado por la DIARI, la unidad de vigilancia y control fiscal de la Contraloría encargada del seguimiento al manejo de los recursos públicos.
Este permitió caracterizar los procesos contractuales de funcionamiento y comparar su evolución entre distintas vigencias, así como identificar cambios administrativos que han incidido en la forma en que las entidades públicas contratan.
Según los datos, durante el período comprendido entre 2018 y 2021, la contratación de funcionamiento estuvo marcada por una alta participación de modalidades como el régimen especial, la contratación directa y la licitación pública. En esos años, predominaron los contratos de prestación de servicios, compraventa, suministros y obra pública.
Para el período 2022–2025 se observan cambios en la distribución de las modalidades. Aunque la contratación directa y el régimen especial mantienen un peso relevante, gana protagonismo la selección abreviada.
En cuanto al tipo de contratos, se mantiene la predominancia de los de prestación de servicios, compraventa, suministros y obra pública, lo que evidencia una continuidad en la estructura del gasto, pese a los ajustes en los mecanismos de contratación.
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