A los proyectos para nacionalizar ahorro pensional y pasar recursos de fondos privados a Colpensiones, se suman emergencias económicas, ajustes en retefuente y el cobro de IVA a Ecopetrol, sin contar billonarias emisiones de deuda.
El 2026 arrancó no solo al compás de las campañas políticas, sino con una de las mayores reconfiguraciones de la caja estatal en la historia reciente de Colombia. El Gobierno del presidente Gustavo Petro desplegó una preocupante –por decir lo menos– estrategia en distintos frentes para capturar recursos líquidos.
En un escenario donde el Congreso de la República se convirtió en un muro de contención para sus reformas tributarias, el Ejecutivo optó por una vía alterna: el uso de decretos de emergencia y el traslado masivo de ahorros pensionales.
Esta búsqueda frenética de capital, que suma al menos $198,7 billones según estimaciones de EL COLOMBIANO, ocurre en un momento crítico en el que la ejecución del gasto público se vuelve la principal herramienta de influencia política. Las movidas del Gobierno se agitaron esta semana, justo a días de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales en el país. ¿Cómo se está buscando la plata?
Una de las principales medidas de este inicio de año es la expedición de los decretos en el marco de la emergencia económica por las inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira y otros cinco departamentos. Si bien la atención a los damnificados es una prioridad nacional, la naturaleza financiera de la emergencia generó incertidumbre. El punto central es la creación de un impuesto temporal al patrimonio para empresas con patrimonios superiores a los $10.474 millones.
Las cifras contrastan de manera preocupante. Mientras el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, sostiene que este impuesto recaudará $8 billones, el centro de estudios económicos Anif estima que el recaudo real podría ascender a los $13,5 billones. Esta “cuenta de servilleta” sugiere un preocupante desfase que el Gobierno aún no aclara. La medida es particularmente dura con los bancos y empresas minero energéticas, a los cuales se les aplicará una tarifa del 1,6%, frente al 0,5% general.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó esta decisión como un castigo al ahorro. Según él, imponer sobretasas al sector energético en medio de una transición es “la puntilla” que le faltaba a la industria para perder su atractivo ante los inversionistas extranjeros.
A esto se suma que la emergencia habilita la contratación directa, saltándose la Ley de Garantías; además, se autoriza a la Agencia Nacional de Tierras a ocupar, comprar e incluso expropiar predios cuando sea necesario para relocalizar poblaciones afectadas por desastres o calamidades provocadas por las lluvias.
El frente pensional es, sin duda, la joya de la corona en la búsqueda de liquidez.
El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto esta semana que reglamenta el traslado de los ahorros de casi 120.000 afiliados que decidieron abandonar los fondos privados (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) para pasarse a Colpensiones. La cifra no es menor: se busca transferir en un lapso de 15 días más de $25 billones.
La controversia radica en que un artículo hoy vigente (el 76) de la reforma pensional –que hoy estudia la Corte Constitucional– establece que estos ahorros deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que el afiliado alcance la edad de jubilación, momento en el cual se trasladarían para pagar la mesada.
Sin embargo, el Gobierno decidió acelerar este proceso para que la totalidad del capital y sus rendimientos pasen a manos estatales de forma inmediata. José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que esta medida va en contravía de la seguridad jurídica y podría tener efectos devastadores en el mercado local de capitales.
Al liquidar forzosamente estas cuentas, se presionaría la venta de títulos TES, lo que elevaría el costo del endeudamiento para el propio Estado, haciendo que el Gobierno deba financiarse a tasas superiores al 14%. En términos prácticos, el Ejecutivo estaría canjeando estabilidad financiera de largo plazo por efectivo inmediato para gastar en el corto plazo.
Tras la polémica, el Gobierno dijo que está dispuesto a dialogar con la banca y planteó discutir mecanismos y cronogramas de pago “para evitar choques financieros innecesarios”.
Complementando la estrategia pensional, el presidente Petro propuso un decreto que obliga a los fondos privados a repatriar una parte sustancial de sus inversiones en el exterior. Bajo el argumento de que el ahorro de los trabajadores colombianos debe servir para financiar el desarrollo del país, la norma busca reducir el límite de inversión extranjera del 48,8% actual a solo un 30% en un lapso de cinco años. Esto implicaría traer de vuelta a Colombia alrededor de $125 billones.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, hizo un llamado a la prudencia técnica. Desde su perspectiva, la diversificación internacional no es un capricho ideológico, sino un principio fiduciario básico: invertir fuera de Colombia permite que el ahorro de los trabajadores crezca en monedas fuertes como el dólar y no dependa exclusivamente del comportamiento de la economía nacional.
Para expertos, obligar a los fondos a comprar activos internos por valor de $125 billones no solo eliminaría esa protección, sino que saturaría el mercado local, donde no hay suficientes proyectos productivos con el perfil de riesgo adecuado para absorber tal cantidad de dinero sin generar ineficiencias.
La búsqueda de recursos se remonta incluso al año pasado, cuando el Congreso le cerró la puerta a la reforma tributaria. El ministro Ávila intentó inicialmente recaudar $26,3 billones para cuadrar el Presupuesto de 2026. Al ver que no tenía los votos, bajó la pretensión a $16,3 billones, pero el proyecto fue hundido en diciembre.
Tras este fracaso, el Ejecutivo decretó una emergencia económica con la que intentaba un nuevo lance por los $16 billones ($12 iniciales y $4 adicionales al extenderla). No obstante, la Corte Constitucional suspendió esta medida mientras evalúa si el Gobierno abusó de sus facultades extraordinarias para crear impuestos que el Congreso ya había rechazado. Durante el tiempo que estuvo vigente, el Gobierno alcanzó a recaudar $1,6 billones.
En el entre tanto, el Gobierno ha avanzado con el recaudo que le ha permitido el aumento de las tarifas de autorretención en la fuente mediante un decreto expedido en mayo de 2025. Al elevar estas tarifas en sectores como el gas, el carbón y la generación eléctrica (con incrementos de hasta el 218% en algunos casos), el recaudo proyectado era de entre $6 y $13,9 billones, según estimaciones de Fedesarrollo.
Esta es, en la práctica, una “reforma tributaria a la sombra”, dijeron expertos en su momento. Si bien no crea un nuevo impuesto, obliga a las empresas a pagar por adelantado su impuesto de renta sobre ingresos que ni siquiera han consolidado.
Gremios de la producción advirtieron que esta medida asfixia el flujo de caja, especialmente en sectores como la ganadería y la agricultura, donde ahora se enfrentan tarifas de hasta el 1,2%.
La búsqueda de liquidez ha tocado incluso a Ecopetrol, en un contexto marcado por una reducción sostenida en sus ganancias. La Dian ejecutó un cobro de $5,3 billones a la petrolera por concepto de IVA no pagado en la importación de combustibles entre 2022 y 2024, sumando además intereses de mora. Este movimiento generó una tensión interna sin precedentes dentro del Estado. Ecopetrol ha reiterado que mantiene una diferencia de interpretación normativa y que defenderá su posición legal en los tribunales.
Sin embargo, para el mercado, el mensaje es claro: el Gobierno está extrayendo recursos de su principal empresa para cubrir el hueco fiscal, a riesgo de debilitar la capacidad de inversión de la petrolera en exploración y transición energética.
Por si lo anterior –que suma casi $200 billones– fuera poco, el Gobierno avanza en dos mecanismos adicionales para asegurar que el dinero no falte. Por un lado, el retorno de la idea de las inversiones forzosas. Tras el éxito parcial del “Pacto por el Crédito”, donde la banca ha desembolsado $255 billones de manera voluntaria, el presidente Petro insiste en obligar a las entidades financieras a destinar fondos específicos para la reactivación tras la ola invernal. La banca ha respondido con una propuesta de 130.000 créditos sin intereses para evitar una imposición legal, pero la negociación sigue abierta y con alta tensión.
Por otro lado, la estrategia de deuda ha sido masiva. Entre otras movidas, en diciembre se concretó la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones al fondo global PIMCO, una operación inusual por su magnitud y por ser a un único proponente.
A esto se sumó, en enero de 2026, la mayor colocación de deuda externa en la historia de Colombia: US$4.950 millones (aproximadamente $18 billones). Como señala el analista Diego Montañez, aunque son mercados distintos, el objetivo es el mismo: garantizar que el Estado tenga recursos suficientes para gastar en un año donde la estabilidad política depende de la ejecución presupuestal.
Así las cosas, la administración Petro parece construir una red de financiamiento no vista en años recientes.
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, compartió un llamativo análisis. Lo que Colombia vive hoy, dijo, es una aceleración de procesos que en otros modelos populistas de la región tomaron más de una década en consolidarse. Según Mac Master, el país asiste a una “estatización silenciosa” de los recursos que antes fluían por canales privados o mixtos.
El primer pilar de su crítica se centra en la captura de los recursos del sistema pensional y de salud. Al trasladar el ahorro de los trabajadores hacia el Estado, se crea una ilusión de riqueza inmediata, pero se genera un pasivo pensional futuro que las próximas generaciones deberán cubrir. Mac Master advierte que este movimiento se complementa con la creación de un déficit fiscal que califica de “insostenible”, obligando a la Nación a pagar tasas de interés históricas en el mercado de deuda pública (TES).
Además, el líder de la Andi resaltó que el Gobierno ha intentado tres “enviones” de reforma tributaria en menos de un año: primero, la Ley de Financiamiento de $16 billones que se hundió en el Legislativo; segundo, una emergencia económica tras ese fracaso; y tercero, una nueva emergencia por la ola invernal que, según sus cálculos, supera en diez veces las necesidades reales para atender la crisis climática.
Para el gremio, el libreto es claro: imponer sobretasas arbitrarias a sectores clave, como el financiero y el minero-energético, mientras se aumenta el salario mínimo en niveles que superan por lejos a la inflación, presionando los costos de formalización.
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