Al término de la reunión de la Mesa de Concertación Laboral, en la que se analizó la suspensión provisional del decreto que fija un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la mayoría de los gremios empresariales y las centrales sindicales coincidieron en mantener esa cifra.
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Sin embargo, no todos los sectores respaldaron la decisión. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que mantener el incremento en esos términos equivale a “pasar por encima de más de un millón de micro y pequeñas empresas: panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos”.
Según dijo, estas no podrán seguir soportando “el triple impacto de la reforma laboral, el exabrupto del mínimo y la reducción adicional de dos horas en la jornada laboral semanal”.
Exige sustento técnico del incremento del salario mínimo
Cabal recordó que, según el Consejo de Estado, el decreto del Gobierno no explicó de manera concreta ni verificable cómo factores como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y otras variables incidieron en el porcentaje finalmente fijado para el salario mínimo.
“Aunque las cifras fueron mencionadas, no fueron ponderadas ni se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso específico de cada variable en la determinación final”, sostuvo.
El vocero de los comerciantes reiteró que el nuevo decreto debe basarse exclusivamente en los factores señalados por la ley, utilizar cifras provenientes de fuentes oficiales, evitar repetir el contenido del acto suspendido y expedirse dentro del plazo de ocho días fijado por el tribunal.
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Fenalco advierte impacto en empleo formal y productividad
Cabal sostuvo además que la etapa de concertación ya se cumplió y que las cifras oficiales están definidas, por lo que no habría espacio para reabrir la discusión técnica.
“No es posible reabrir la discusión ni cambiar los parámetros técnicos establecidos. El Consejo de Estado no autorizó modificar los datos ni las cifras utilizadas; por el contrario, insistió en que toda estadística debe estar respaldada por su fuente oficial. Este no debe convertirse en un debate ideológico ni político”, afirmó.
En ese contexto, citó la Guía sobre políticas del salario mínimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual advierte que, al momento de definir el ajuste, deben considerarse cuidadosamente los factores económicos, ya que un incremento excesivo puede traducirse en mayores costos laborales y efectos adversos no previstos.
De acuerdo con el gremio, los impactos de un aumento desproporcionado ya empiezan a reflejarse en algunos sectores. Al comparar la inflación anual de enero de 2025 con la de enero de 2026, se registran incrementos en transporte (25%), comidas fuera del hogar (39%) y salud (20%), rubros que afectan con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos.
Asimismo, indicó que un ajuste que no tenga en cuenta la productividad ni la inflación real podría derivar en la pérdida de más de 700.000 empleos formales.
A su juicio, un incremento del 23,7% encarece la contratación formal y ejerce una fuerte presión sobre más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93% del tejido empresarial colombiano.
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Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Qué pasará si el Gobierno vuelve a decretar el aumento del 23,7%?
- Fenalco advierte que si el nuevo decreto repite los errores del anterior sin una “operación lógica” que sustente las cifras, podría ser demandado nuevamente ante el Consejo de Estado, prolongando la inseguridad jurídica para las empresas.
- ¿Cómo afecta el aumento del mínimo a las tiendas y panaderías?
- Según Fenalco, estos pequeños comercios enfrentan un “triple impacto”: el alto costo del salario, la reducción de la jornada laboral a 42 horas y las cargas de la reforma laboral, lo que podría obligarlos a la informalidad.
- ¿Cuál es la cifra de inflación que Fenalco pide considerar?
- El gremio insiste en que el ajuste debe basarse en la inflación real y la productividad certificada por el DANE, evitando “debates ideológicos” y ciñéndose a la capacidad real de pago del tejido empresarial colombiano (93% MiPymes).
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