Este miércoles 8 de mayo se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Ecopetrol, Cenit, Ocensa (Oleoducto Central S.A.) y la empresa contratista Helistar S.A.S., por el presunto direccionamiento de contratos y prácticas restrictivas a la competencia.
La fijación de “pliegos sastre” —aquellos que se elaboran a la medida del oferente “amigo” al que le terminan adjudicando el contrato a cambio, por lo general, de una comisión o coima— se dieron en procesos de contratación, realizados entre 2011 y 2023, del servicio de transporte mediante helicópteros, los cuales en conjunto representaron un presupuesto superior a 417.524 millones de pesos.
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Pero esta investigación se dirige también contra personas naturales vinculadas con las empresas mencionadas.
¿Quiénes son?
Dentro de Helistar, la SIC investiga a Milton Cabeza Peñaranda, apoderado general de la compañía, y Carlo Emmanuel Cabra Martínez, representante legal para la época, quienes habrían participado en la ejecución del esquema presuntamente anticompetitivo.
Concretamente, según la Superintendencia, la conducta de Cabeza Peñaranda se habría evidenciado en relación con el direccionamiento de los procesos de contratación del servicio helicoportado por parte de Ecopetrol, Ocensa y Cenit, con el objeto de que Helistar obtuviera un trato privilegiado
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La delegatura de la SIC evidenció que, presuntamente, Cabeza gestionó la adquisición de aeronaves para que Helistar cumpliera con los criterios de selección predeterminados que le habría otorgado una posición más favorable respecto de los demás agentes interesados en la precalificación y en el proceso de selección adelantado por Ecopetrol en el año 2011.
Sobre Cabra Martínez, este se habría encargado de suscribir los otrosíes y el contrato de prestación del servicio entre Helistar, Cenit y Ecopetrol, una vez los procesos de contratación para seleccionar otro operador fueron cancelados de manera presuntamente injustificada.
Al igual que a Cabeza, a Martínez se le imputará la responsabilidad en la medida en que habría colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado la conducta restrictiva de la libre competencia económica.
En cuanto a Cenit, filial de Ecopetrol, se encuentran bajo la lupa Nicolás Sebastián Murillo Rozo, especialista aeronáutico de Cenit; María Angélica Cubillos Bustos, category manager de Cenit para la época, y José Federico Escobar González, quien fuera en ese momento representante legal para fines de contratación y abastecimiento de bienes y servicio de la compañía.
Concretamente, Murillo habría estructurado los términos de referencia del proceso de selección adelantado por Cenit en 2022, contribuyendo con que los criterios de selección de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves favorecieran a Helistar.
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En particular, este habría participado en el establecimiento de esos requisitos y tratando de soportarlos de manera inadecuada, restringiendo así la libre competencia.
Por su parte, Cubillos habría contribuido al favorecimiento en beneficio de Helistar porque participó en la estructuración de los términos de referencia en dicho proceso de selección, en la medida en que desde el estudio de mercado no habría adelantado las gestiones requeridas desde su cargo para garantizar la pluralidad de oferentes y, una vez publicado el mecanismo de selección, tampoco adoptó las gestiones para modificar los criterios que restringían la competencia.
A Escobar, por su lado, se le acusa de, presuntamente, contribuir en la cancelación sin justificación suficiente del mecanismo en el cual Cenit estructuró el criterio de disponibilidad de las aeronaves de manera más flexible en comparación con los procesos de selección precedentes.
Para la SIC, Escobar habría fundamentado la cancelación de este mecanismo de elección en un supuesto conflicto de interés sustentado en una situación previsible y que fue informada de manera temprana y en repetidas ocasiones. De esta manera, injustificadamente habría eliminado los beneficios del criterio de disponibilidad de las aeronaves establecidos en ese proceso de selección.
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Los tres tienen como imputación principal que habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el presunto direccionamiento realizado en los procesos de selección analizados que favorecieron a Helistar.
Cabe anotar que este pliego de cargos no constituye una decisión definitiva, por lo que las personas investigadas tendrán la oportunidad de formular argumentos de defensa y las respectivas decisiones tendrán lugar después de que se desarrolle toda la investigación administrativa.
