Tras pasar buena parte de su mandato cuestionando la situación fiscal que, según él, recibió del gobierno de Iván Duque, el presidente, Gustavo Petro, dejará a su sucesor, Abelardo de la Espriella, un panorama igual de complejo, con menor margen de maniobra para ejecutar los recursos públicos.
¿Por qué? El Gobierno Petro dejará la deuda más alta en la historia de Colombia, heredando al próximo mandato un panorama fiscal bajo una severa presión. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la deuda neta alcanzará un nivel récord del 61% del PIB al cierre de 2026, consolidando un saldo que a mayo de este año llegó a los $1.169,9 billones, lo que representa un incremento acumulado de $364,9 billones desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia. Incluso, en el último año el saldo subió $79,1 billones.
Este nivel de obligaciones es impulsado por un deterioro del balance primario, que terminó 2025 como el peor de América Latina y proyecta un déficit del -4,1% para este año. Aunque el Ministerio de Hacienda sigue financiándose en el mercado local con masivas subastas, el país continúa endeudándose a tasas altas que rondan el 12,9%, un costoso panorama que obligará a la Nación a destinar cerca de $98,1 billones en 2027 (casi uno de cada tres pesos recaudados) única y exclusivamente para pagar los intereses de la deuda.
En plata blanca, el presidente Petro deja “la olla raspada” y el “fogón encendido” por la alta deuda y un gasto limitado.
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La cifra que hereda el próximo gobierno
Ante este panorama, Germán Machado, consultor y analista económico, precisa que, durante la administración Petro la deuda creció $400 billones, a un ritmo de $286.000 millones diarios, impulsado en especial por un incremento del 86% en la deuda interna.
En ese orden, Diego Montañez-Herrera, analista sénior económico de Eafit, sitúa el nivel de deuda como uno de los más altos registrados para el Gobierno Nacional. Incluso, Henry Amorocho, consultor y docente de Hacienda Pública y Control Fiscal, pone a la deuda equivalente al 63,1% del PIB.
Bajo este contexto, la agencia Standard & Poor’s degradó la calificación crediticia del país a BB-, un terreno que Colombia no pisaba desde 1993, equiparada al riesgo soberano de economías como Turquía o Mongolia.
Por eso, Machado añade que, en ese escenario, el país se ve obligado a endeudarse a ritmos cercanos a $130 billones anuales, acercándose al límite de insostenibilidad calculado en 71% del PIB. “La deuda per cápita pasó de equivaler a $2 millones de pesos hace 35 años (a precios de hoy) a unos $23 millones por persona en la actualidad”.
Por su lado, Mauricio Salazar-Saenz, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, aclara que no es lo mismo que la deuda crezca 40% en valor cuando representa el 30% del PIB que cuando ya equivale al 55% o 60%.
A su vez, recuerda que, tras la pandemia, Colombia redujo su deuda hasta 2023 y en 2024 fue el único país de la región que volvió a subirla, cerca de cinco puntos del PIB. “Ese giro, se explica por el optimismo en la generación de ingresos, 2024 fue el año con el peor error de pronóstico fiscal, de 4% del PIB”.
En ese orden, Machado advierte que el problema de la deuda no es solo su tamaño, sino su costo y los vencimientos. La concentración de pagos a inicios de 2027 deja al nuevo gobierno solo semanas para actuar. Para evitarlo, plantea “un plan de manejo de deuda que recupere la credibilidad fiscal, reduzca costos, abra espacio presupuestal y defienda la calificación crediticia, una nueva ancla fiscal, financiamiento coordinado con multilaterales y un canje de deuda”.
Recaudo tributario: la meta que no se cumplió
Sobre el panorama de impuestos, Amorocho detalla que la meta de recaudo del Marco Fiscal de Mediano Plazo se ajustó de 3,21% a 2,94% del PIB, pero pese al ajuste el recaudo real fue de solo $138,17 billones, dejando un déficit de $32 billones frente a la meta ya reducida. En su lectura, “entre 2022 y 2025 el recaudo se mantuvo constante en 16,1% del PIB, mientras el gasto se ubicó en 21,1%, una brecha de cinco puntos que explica el tamaño del déficit fiscal”.
En ese sentido, Machado señala que la Dian falló de manera sistemática en alcanzar sus metas de recaudo, lo que descuadró las proyecciones de ingresos de la Nación. El recaudo fue insuficiente para sostener el ritmo de gasto, y al inflarse persistentemente las expectativas de ingresos para justificar mayores apropiaciones, la brecha entre ingresos y gastos se amplió.
“El resultado es un déficit primario que en 2026 podría llegar al 4% del PIB, el peor registro histórico si se excluye la pandemia, con un hueco operativo que duplica el promedio de las economías como México, Brasil, Perú y Chile”.
Montañez coincide en que el recaudo terminó siendo insuficiente frente a las necesidades de gasto. “La no aprobación de la Ley de Financiamiento y un menor recaudo obligaron a compensar parcialmente los ingresos mediante decretos de emergencia económica y mayor endeudamiento”.
El problema, precisa, no fue solo cuánto se recaudó, sino que los ingresos crecieron menos de lo que exigía un gasto público que siguió aumentando.
Sobre la formalización tributaria, Amorocho plantea que el problema no es tributar más con tarifas altas, sino administrar mejor el tributo, es decir, de una base cercana a 10 millones de personas habilitadas para contribuir, una parte importante (7 millones) no tributa en el país.
Salazar agrega que al aumentar las retenciones, el Gobierno debe devolver cada vez más impuestos, por lo que la distancia entre el recaudo neto y el bruto se amplía. Las metas de recaudo, además, se modifican de manera constante. “Cuando el Gobierno gasta más de lo que recauda, la diferencia se financia con nueva deuda. Desde 2020, los ingresos no han superado el 18,7% del PIB, mientras el gasto no ha bajado de 18,9%, y en 2025 el déficit llegó a -6,4% del PIB”.
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Ejecución presupuestal: ¿en qué se fue la plata?
En cuanto a la ejecución presupuestal, Machado sostiene que el Gobierno nunca logró que la asignación de recursos generara valor productivo o crecimiento de largo plazo, con el gasto concentrado en rigideces de funcionamiento.
“El empleo público en la Rama Ejecutiva creció 20% desde 2022, a un ritmo de 21 nuevos cargos diarios en promedio. La contratación por prestación de servicios (OPS) no esencial se multiplicó, drenando más de $14 billones anuales en estructuras de contratación temporal”.
Además, según Machado, los recursos de inversión se atomizaron o se desviaron hacia subsidios mal focalizados, con filtraciones en subsidios de energía y educación superior, en lugar de destinarse a formación bruta de capital fijo. “El Gobierno, además, continuó subsidiando combustibles, acumulando un déficit de más de $50 billones desde 2022”.
Montañez, por su parte, indica que la ejecución agregada del Presupuesto General de la Nación no luce baja en términos históricos. A mayo de 2026 los pagos equivalen al 33,4% del presupuesto, una cifra consistente con el comportamiento habitual para esta época del año. Sin embargo, al desagregar el gasto aparecen diferencias, “el servicio de la deuda tiene la mayor ejecución (44,2%), seguido de funcionamiento (32,8%), mientras la inversión apenas alcanza 23,8%, un patrón similar al de 2022-2024”.
Para Montañez, el reto no es tanto cuánto se gasta, sino transformar oportunamente el presupuesto de inversión en obras, programas y bienes públicos, algo que el Estado ha tardado más en ejecutar que sus gastos obligatorios.
Intereses de la deuda: la factura que crece cada año
Ante la pregunta de cuánto costará la deuda, Amorocho, con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, calcula que el 33% del Presupuesto General de la Nación de 2027 se irá en intereses, $98,7 billones de los cerca de $600 billones programados. El pago pasaría de aproximadamente $65 billones a $98,9 billones, un aumento cercano a los $34 billones entre un año y otro.
A su vez, Machado detalla que el servicio de la deuda se convirtió en la mayor presión del presupuesto, consumiendo más del 5% del PIB, por encima de todo lo que el país invierte en defensa y seguridad nacional. “Solo en 2026 se pagarán $65 billones en intereses, una cifra que equivale a 112 veces la inversión que sale del Presupuesto General de la Nación para Arauca, 9 veces la de Antioquia y 7 veces la de Bogotá”.
Asimismo, en sus primeros 18 meses, la administración entrante deberá desembolsar $175 billones solo para cubrir vencimientos de deuda. De no aplicarse un recorte de gasto drástico, la deuda escalaría a 66,6% del PIB en 2027, y antes de la próxima década el 40% de todo el recaudo tributario se destinaría únicamente a pagar intereses.
Montañez confirma que, según el Marco Fiscal, el Gobierno pagará $65,1 billones en intereses durante 2026, el 3,2% del PIB. El Carf advierte que, si el escenario fiscal se deteriora como proyecta, esa cifra podría subir a $98,1 billones en 2027, el 4,6% del PIB, equivalente a cerca del 32% del recaudo tributario, aproximadamente uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destinaría solo a pagar intereses.
Amorocho atribuye parte de ese incremento a un problema estructural, el Estado ejecutó recursos con apropiaciones que no tenían rentas asignadas, generando el llamado rezago presupuestal, que aumenta el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento.
“Eso llevó a operaciones de manejo de deuda que no han sido bien vistas ni por la Contraloría ni por las calificadoras de riesgo, porque modifican el perfil de la deuda, toman obligaciones pactadas para vencimientos futuros, las traen al presente y reemplazan compromisos con tasas más bajas por nuevas obligaciones financiadas a tasas más altas”.
Por ejemplo, la calificadora Fitch cuestionó a MinHacienda porque para retirar deuda vieja con intereses bajos, el Gobierno emitió nuevos bonos a tasas más altas que las que prevalecían antes. Amorocho calcula que, como consecuencia, la tasa de interés efectiva de los TES pasó del 8,3% al 9,4% en un año.
Salazar agrega que, con niveles similares de deuda sobre PIB, el gobierno anterior se financiaba en pesos entre 7% y 11%, mientras que hoy el costo de financiamiento ronda el 14%. La deuda, insiste, no importa solo por su tamaño sino por la tasa a la que fue contratada, porque una deuda más costosa implica que una mayor parte del presupuesto se destinará únicamente a pagar intereses, desplazando inversión pública, infraestructura, educación o programas sociales.
Salazar cierra con la pregunta que, a su juicio, define la sostenibilidad de las finanzas públicas, “no basta con preguntar cuánto debe el país, también hay que preguntar cuánto costará pagar esa deuda en el futuro”.
Así las cosas, el documento del Carf “El desequilibrio y la sostenibilidad fiscal” advierte que el gasto estaría subestimado y que la deuda neta llegaría a 61% del PIB en 2026, el máximo de la historia, con un déficit primario de -4,1% del PIB, de los más altos del siglo. Para 2030, el Carf proyecta que la deuda neta podría subir a 64,2% del PIB. El mismo documento calcula que en 2027 Colombia pagaría $98,1 billones solo en intereses, 4,6% del PIB, cerca de uno de cada tres pesos del recaudo de ese año. Colombia, según ese análisis, terminó 2025 con el peor balance primario de América Latina.
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¿Qué le espera al próximo gobierno?
Amorocho calcula que el ajuste fiscal necesario, resultado de la brecha entre el 16,1% del PIB de ingresos y el 21,1% de gastos, debe ubicarse entre $60 billones y $100 billones. Plantea una fórmula mixta, una reforma tributaria que no suba tarifas sino que busque formalización y sostenga o incluso baje la tasa de renta empresarial, combinada con una reducción del gasto que revise funciones y procesos duplicados en entidades del Estado.
A esa fórmula se suma la idea del presidente electo y el ministro de Hacienda designado de reperfilar la deuda para generar ahorros. Amorocho propone una trayectoria de ajuste distribuida en cuatro años: $20 billones en lo que resta de 2026, $40 billones en 2027, $20 billones en 2028 y $20 billones en 2029, con el fin de dar sostenibilidad a las finanzas públicas sin comprometer el crecimiento económico ni la política social.
Machado insiste en que la extrema concentración de vencimientos a inicios de 2027 deja al nuevo gobierno solo semanas para estructurar financiamiento coordinado con multilaterales y ejecutar un canje de deuda.
Montañez-Herrera resume el legado en tres factores combinados: una deuda elevada, déficits fiscales persistentes y un costo creciente por intereses, una mezcla que reduce el margen de maniobra del próximo gobierno y hace más exigente el proceso de consolidación fiscal.
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