Una aplicación de domicilios, un celular y una moto. Lo que muchos veían como informalidad pura y dura, terminó siendo una de las estrategias más efectivas —aunque no intencionadas— para reducir el crimen.
Así lo demuestra el reciente estudio de Isadora Frankenthal, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien analizó el impacto del despliegue de iFood, la plataforma de reparto más grande del Brasil, en la dinámica criminal de 227 municipios del estado de São Paulo.
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¿El hallazgo más relevante? Donde llega iFood, el crimen baja. Y no solo los robos menores, también los delitos violentos. La caída promedio es de 11,2%, lo que equivale a 501 delitos menos al año por municipio. Pero lo más llamativo es que la reducción se concentra en los barrios más pobres, justo donde viven y trabajan la mayoría de los repartidores.
¿Cómo se dio el experimento natural de iFood?
El estudio aprovecha el despliegue gradual de iFood entre 2012 y 2019 para observar cómo afecta la oferta de empleo informal digital a la delincuencia. En un enfoque de “antes y después”, Frankenthal compara municipios que recibieron iFood en distintos momentos con otros que aún no lo tenían.
Con acceso a 6,2 millones de registros policiales georreferenciados, la investigadora pudo mapear el impacto territorial del domiciliario. Además, cruzó esa información con datos de facturas electrónicas de más de 400 mil pedidos para conocer los horarios de mayor demanda.
Además, uno de los pilares de la investigación fue el concepto de “costo de oportunidad”. Si un joven sin empleo tiene dos opciones —repartir comida o robar un celular— y la primera se vuelve más rentable y accesible, es lógico que opte por ella. Pero el efecto va más allá del bolsillo.
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La reducción del crimen se da especialmente en las horas pico de reparto, como los almuerzos y las cenas. Es decir, cuando los ingresos por trabajar en iFood son más altos, también lo es el incentivo a no delinquir. Eso muestra que no solo es una cuestión de acceso al empleo, sino de cuánto vale en términos relativos ese empleo frente al crimen.
Incluso en las horas de menor demanda, el efecto antidelictivo persiste. ¿La explicación? El ingreso total que genera iFood cambia la ecuación cotidiana de quienes estaban en riesgo de caer en la delincuencia.
En ese orden, el estudio sugiere que emplear jóvenes en trabajos móviles y flexibles como el delivery puede ayudar a reducir las brechas de seguridad urbana.
¿Qué tipo de crimen baja? La caída más fuerte se dio en los delitos no violentos, como robos sin armas o hurtos. Estos se redujeron un 18%. En los delitos violentos, como asaltos armados o agresiones, la reducción fue de 5,2% en promedio, pero mucho más significativa en las zonas más pobres.
Esto indica que el domiciliario funciona mejor como alternativa al “crimen oportunista” que a la criminalidad estructurada. La app no convierte a sicarios en repartidores, pero sí a jóvenes desempleados en trabajadores.
Lo que comenzó como una innovación tecnológica en el sector de la comida, terminó convirtiéndose en una especie de “política pública espontánea” contra el crimen. Al ofrecer ingresos estables y flexibilidad a jóvenes con pocas oportunidades, iFood creó un “shock laboral positivo” para quienes están más cerca de delinquir.
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Y ese impacto no es marginal. Según el estudio, cerca de un tercio de los repartidores estaban desempleados antes de empezar en iFood. Muchos de ellos duplicaron o triplicaron sus ingresos respecto a lo que ganaban antes.
Aunque el estudio se centró en Sao Paulo, sus hallazgos plantean preguntas interesantes para América Latina, donde la economía informal y la criminalidad van de la mano. En Colombia, por ejemplo, Rappi ha tenido una expansión similar. ¿Estará ocurriendo lo mismo en Bogotá o Medellín?
Plataformas digitales y su rol silencioso en el cambio social y económico
Pasando al plano nacional, en Colombia, ser repartidor digital no exige hoja de vida ni entrevista. Tampoco una oficina. Solo un celular, una moto o bicicleta y muchas ganas. Pero más allá de esa simplicidad, hay un fenómeno social que viene creciendo en silencio.
Según José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In Colombia, la economía digital basada en aplicaciones de reparto como Rappi se ha convertido en un puente para cientos de miles de personas en el país que estaban por fuera del mercado laboral formal.
“En 2024 se registraron más de 645 mil cuentas activas de repartidores que hicieron al menos una entrega en Colombia. Ese dato es elocuente. No son 645 mil personas, porque un repartidor puede tener cuentas en varias plataformas, pero el impacto social de este fenómeno es evidente”, señaló López.
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La mayoría de estos repartidores son jóvenes, y entre el 30% y el 40% son migrantes venezolanos que llegaron al país huyendo de una crisis humanitaria sin precedentes. Para muchos, la plataforma fue su primera y única oportunidad de ingreso en Colombia.
“Esto no es solo empleo. Es inclusión social a toda velocidad. Y ocurre sin subsidios, sin programas del Estado. Pura iniciativa individual y tecnológica”.
El impacto en el empleo por las plataformas digitales
Una de las claves de este fenómeno, explica el directivo, es la baja barrera de acceso al empleo. No se necesita experiencia previa ni validación externa. Se hace un proceso de onboarding en línea, y en minutos se puede empezar a generar ingresos.
“Usted o yo podríamos registrarnos hoy mismo y mañana estar generando ingresos desde el lugar que queramos, el tiempo que queramos. Es una flexibilidad laboral que muy pocos sectores ofrecen en Colombia”, dijo.
Esa libertad es especialmente valorada por quienes necesitan ingresos complementarios o no pueden asumir una jornada laboral rígida: madres cabeza de hogar, estudiantes, personas con trabajos parciales o incluso adultos mayores.
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Un estudio de Fedesarrollo citado por López respalda esta realidad. El documento, titulado ‘Plataformas digitales y contribuciones a seguridad social’, muestra que “las plataformas digitales han creado alternativas laborales para un segmento importante de la población que cuenta con pocas posibilidades de encontrar un empleo formal, o busca una fuente secundaria de ingresos con mayor flexibilidad”.
Según el informe, tan solo el 14% de los encuestados tendría un empleo formal si no existieran estas plataformas. El 44% estaría desempleado y el 32% trabajando de manera independiente en actividades con baja probabilidad de formalidad. Y eso no es todo, más de la mitad (52%) dice que trabaja con estas apps porque no tiene otra opción laboral. Lo que en otras palabras significa que si no fuera por Rappi o similares, muchos estarían en la calle, literalmente.
El estudio también revela que casi la cuarta parte de los repartidores son migrantes extranjeros, una cifra que se eleva en zonas urbanas como Bogotá y Medellín, donde se concentra la mayoría de estas actividades.
Esto convierte a las plataformas en un puente informal pero crucial de integración económica. “Muchas de estas personas no tienen acceso a créditos, ni papeles en regla para trabajos formales, pero sí tienen una moto o una bicicleta. Las apps no piden visa de trabajo, piden ganas”, explica López.
De hecho, el estudio indica que la participación de migrantes en estas actividades es mucho más alta que en el resto del mercado laboral colombiano. Contrario a lo que podría pensarse, estas plataformas no fomentan la informalidad. Según el estudio de Fedesarrollo, tienen un impacto positivo en materia de bancarización y formalización tanto de los comercios como de los repartidores.
¿Y la seguridad social de los domiciliarios? Esto dice la reforma laboral
Con la reforma laboral ya sancionada, uno de los cambios que incluye es la reglamentación para brindar seguridad social a los repartidores de plataformas de reparto como Rappi y Didi. En otras palabras, estos trabajadores tendrán derecho por ley a la seguridad social, es decir, al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.
El artículo 27 establece que cuando una persona que trabaja en una plataforma digital lo hace como empleado subordinado (es decir, bajo órdenes y con dependencia de la empresa), la empresa es responsable de pagar las contribuciones al sistema de seguridad social.
En el caso de que los trabajadores sean independientes o autónomos, la empresa repartidora debe asumir el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que el trabajador pagará el 40% restante. En cuanto a los riesgos laborales, el pago será completamente asumido por la empresa.
“El verdadero impacto social de estas plataformas es que dan oportunidades donde el Estado no llega. Son un motor de inclusión, especialmente para los más vulnerables”, concluye López.
El Estado no puede llegar solo con fuerza a territorios vulnerables
Ya en el plano local, Medellín ha sido laboratorio de transformación urbana y también, epicentro de violencias estructurales. Desde la década del 2000, con apuestas como los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) y los Metro Cables, la ciudad demostró que inversión socioeconómica y acceso a servicios dignos pueden reducir homicidios de forma sostenible.
Sin embargo, según el diputado de Antioquia por el partido Dignidad y Compromiso, Luis Eduardo Peláez, hay quienes prefieren seguir apostando por estrategias punitivas, aunque la evidencia diga otra cosa.
“Las evidencias son claras, no solo en Medellín, sino en otros países. Pero muchos políticos optan por ignorarlas porque priorizan a contratistas que apoyaron sus campañas y que venden esquemas punitivos: cámaras, armas, vigilancia”, critica Peláez.
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Desde su experiencia como profesor de la Universidad de Antioquia y líder político, Peláez tiene claro que los cambios más profundos no se logran con más policía, sino con más presencia del Estado en forma de cultura, tecnología, empleo y acceso a derechos. “El Estado no puede llegar solo con fuerza. Tiene que llegar con oportunidades, con trabajo, con condiciones de vida”, recalca.
En ese caso, el Metro de Medellín es más que transporte es un símbolo de ciudadanía, así lo ven en la ciudad. Para Peláez, el éxito del sistema masivo está en que no llega solo, sino acompañado de una “cultura metro”.
“Lo que hizo Medellín fue aplicar lo que se llama urbanismo estratégico: poner infraestructura donde hay exclusión. Llevar bibliotecas, transporte, centros culturales, unidades económicas. Eso aleja a muchos jóvenes del crimen porque les da otras formas de vida”, explica.
Frente al caso de iFood en Brasil —donde se demostró que el acceso a ingresos dignos reduce el crimen— Peláez considera que Medellín tiene una ventaja estratégica para aplicar modelos similares: su reconocimiento como ciudad de la innovación y el emprendimiento. “Aquí deberíamos tener coworkings barriales, laboratorios tecnológicos en las comunas, espacios donde nuestros jóvenes puedan aprender a crear apps, inteligencia artificial, robótica”, propone.
Pero va más allá de lo digital. Asegura que el acceso al empleo debe venir acompañado de servicios tangibles: guarderías, bibliotecas, espacios culturales. “No se trata solo de tener internet. Se trata de generar un ecosistema integral donde la innovación no esté reservada para El Poblado, sino también para la Comuna 13 o Manrique”.
Peláez insiste en una idea poderosa: “Los genios nacen en cualquier parte, y Medellín tiene que entenderlo. Y no solo nacen: también se hacen”.
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Asimismo, un estudio publicado bajo el título ‘Reducir la violencia transformando barrios: un experimento natural en Medellín’ evidenció que este tipo de intervenciones redujo los homicidios hasta en un 66% más en los barrios intervenidos frente a los que no lo fueron. Además, las denuncias por violencia cayeron en un 75%.
El ingeniero César Hernández, uno de los cerebros detrás de las icónicas escaleras eléctricas de la Comuna 13, tampoco anda con rodeos cuando habla de la transformación de Medellín. En su cuenta de X (antes Twitter), soltó un dato que habla por sí solo: “Comunas 1 y 2 de Medellín, antes del PUI Nororiental: 484 muertes por cada 100 mil habitantes. Después del plan entre 2004 y 2007, con obras y 284 programas sociales, bajamos a solo 21 muertes en 2007”.
La cifra impacta. Pero más lo hace saber que no se trató de más policía ni de más cárceles. Fue, según Hernández, gracias a un plan maestro de infraestructura y programas sociales integrales, impulsado durante la alcaldía de Sergio Fajardo. Hoy, agrega, “eventualmente hay un asesinato” en esa zona, una reducción drástica que confirma lo que muchos expertos ya han dicho: la seguridad también se construye con inversión social, cultura, economía y urbanismo inteligente.
Por otra parte, la investigación ‘Incidencia del Metrocable y sus obras complementarias sobre el crimen en las comunas 1 y 2 de Medellín (1999–2010)’, de la Universidad Nacional, demostró cómo el urbanismo social puede transformar realidades marcadas por la violencia.
La combinación del sistema de transporte Metrocable con el Proyecto Urbano Integral (PUI) no solo mejoró la movilidad y el entorno urbano en las comunas Popular y Santa Cruz, sino que también redujo los delitos de alto impacto.
Uno de los hallazgos es que estas intervenciones urbanas generaron una fuerte presencia institucional en territorios históricamente abandonados, rompiendo el control de actores armados ilegales y disminuyendo los incentivos para delinquir.
Por ejemplo, según la investigación, entre 2003 y 2010, tras la implementación del Metrocable y el Proyecto Urbano Integral (PUI) en estas comunas, los homicidios se redujeron en 66% y los hurtos a personas en 48%. Además, los delitos relacionados con drogas bajaron en 75% y los casos de lesiones personales disminuyeron en 37%.
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