Sin instalarse la mesa de diálogo para definir el ajuste del salario mínimo para 2026, las cuentas sobre los costos laborales se elaboran con uno y dos dígitos.
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El Ministerio del Trabajo divulgó el cronograma de la mesa de concertación que se instalará el primero de diciembre. Alza excesiva presionaría cuentas del gobierno.
Sin instalarse la mesa de diálogo para definir el ajuste del salario mínimo para 2026, las cuentas sobre los costos laborales se elaboran con uno y dos dígitos.
Desde el sector privado, los comerciantes afiliados a Fenalco son los más inquietos, al punto que hicieron el ejercicio de cuál sería el costo de un trabajador el año que viene, si el salario mínimo es ajustado en 11% al igual que sugieren algunas propuestas, como las que se han esbozado desde el Gobierno, aunque no oficialmente.
Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación, insistió en que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación no mejora realmente el poder adquisitivo, porque ese mayor costo laboral suele trasladarse a los precios de los productos y servicios.
“En la práctica, esto se convierte en ‘lo comido por lo servido’. Sube el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real. Este fenómeno se conoce como indexación, un círculo en el que el alza salarial genera más inflación y la inflación obliga a nuevos aumentos, sin que haya un avance concreto en el bienestar”, explicó Cabal.
Además, Fenalco advirtió que un alza de dos dígitos incrementaría la informalidad al golpear especialmente a mipymes, que no tienen capacidad para asumir mayores costos laborales. Muchas de ellas terminarían contratando por fuera de la formalidad o reduciendo personal, afectando el empleo.
“Un aumento de esa magnitud dificultará que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés, debido al impacto inflacionario que generaría”, afirmó el vocero de los comerciantes.
El gremio recordó que un alza salarial elevada afecta directamente las finanzas públicas. Por cada punto porcentual por encima de la inflación, aumentan de manera significativa los costos de nómina del sector oficial, recursos que provienen de los impuestos de todos los colombianos.
Si se llegase a decretar un incremento del salario mínimo del 11%, como lo ha sugerido el alto gobierno, reajuste de más del doble de la inflación esperada para este año (5,2%) y casi tres veces la proyectada para 2026 (alrededor del 4%), la remuneración mínima total a cargo de las empresas ascenderá a la suma de $2.800.499.
Así, un empresario que quiera contratar a una persona por el salario mínimo debe tener presente que el costo de la contratación, o costos laborales, sería el salario mínimo del año entrante con una adición del 77%, dijo el presidente de Fenalco.
Otra proyección, en este caso de Anif, alerta de las consecuencias que conllevaría un aumento excesivo del salario mínimo sobre las obligaciones del gobierno en pensiones indexadas al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).
El escenario de este tanque de pensamiento sugiere que con una inflación proyectada de 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el aumento de referencia del salario mínimo sería equivalente a 7,54%.
Con ese porcentaje, el mínimo del año próximo pasaría de $1.423.500 a $1.530.830, monto que al incluirle los aportes a seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales y el auxilio de transporte, se elevaría a $2.737.220.
En ese contexto, Anif estima que cada punto porcentual adicional en el aumento real del salario mínimo representa un sobrecosto fiscal de $0,24 billones de pesos en el régimen de prima media, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales.
“Un ajuste del salario mínimo que exceda los fundamentos de inflación y productividad podría generar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y frenar la creación de empleo formal”, alertó Anif.
“Un daño colateral muy grave de un reajuste desmesurado del salario mínimo tal como se insinúa, es la presión alcista sobre el nivel general de precios, que afectará sobremanera a los pensionados que reciben más de un salario mínimo. Ellos, por ley, solamente reciben una remuneración ajustada por la inflación causada”, añadió Cabal.
Insistió en que, decisiones de este tipo, generan más costos para el Gobierno, atizan la llama de la inflación, estimulan la informalidad y no favorecen a la economía más allá de una euforia fugaz.
A su turno, Anif sostuvo que las discusiones sobre el aumento del salario mínimo deberán considerar no solo el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también las presiones que enfrenta la economía colombiana.
Desde MinTrabajo se dio a conocer el calendario propuesto para la discusión del salario mínimo para el 2026.
Previo a las conversaciones, el 28 de noviembre, se reunirá la subcomisión de productividad, en la que el Dane divulgará los datos de productividad total de los factores.
El jefe de esa cartera, Antonio Sanguino, explicó que las discusiones comenzarán lunes, primero de diciembre y que habrá un plazo de 15 días para los primeros análisis.
“Desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso: que este proceso se adelante con rigurosidad técnica y diálogo social, para llegar en diciembre a un acuerdo justo para las y los trabajadores de Colombia”, anotó.
En esa primera sesión, el Dane hará la presentación del PIB hasta el tercer trimestre, y explicará las cuentas nacionales de transferencias y el mercado laboral, que son aspectos a tener en cuenta para definir el aumento del mínimo. Los diálogos se extenderían hasta el 15 de diciembre, cuando se daría el primer vencimiento legal para la concertación.
A falta de acuerdo, el 16 y 17 de diciembre se presentarían los escritos de salvedades de las partes, mientras que se dejan el 18 y 19 del mismo mes para sesiones de estudio de estas salvedades.
Durante la semana del 22 al 26 de diciembre, sin contar el 25 por Navidad, se desarrollarán las jornadas de concertación extraordinarias a convenir. El Ministerio del Trabajo tiene hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto del aumento del mínimo.