El ente de control también advirtió que la Dian quedó en deuda con la fiscalización tributaria, pues se encontraron declaraciones extemporáneas y omisiones de control que ponen en riesgo más de $5.303 millones del recaudo nacional para el turismo.
La Contraloría General de la República denunció graves fallas en la gestión del impuesto al turismo, con hallazgos fiscales que suman $28.310 millones. El informe evidencia incumplimientos generalizados en el recaudo, administración y ejecución de este impuesto, correspondientes a la vigencia 2023 y a declaraciones presentadas de manera extemporánea.
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El proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por Fontur en 81 municipios, presenta la mayor incidencia fiscal detectada por la Contraloría. La iniciativa, con inicio contractual el 26 de diciembre de 2023 y plazo de 20 meses, contemplaba la instalación de 88 módulos.
Aunque la fabricación de los 88 embarcaderos estaba concluida al 100%, solo cinco se encuentran instalados y operativos en Puerto Wilches (Santander), María La Baja (Bolívar), Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista (Magdalena).
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La brecha entre la ejecución financiera y el avance físico evidencia fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, comprometiendo la eficiencia del gasto y la finalidad social del impuesto.
Otro hallazgo relevante del informe se centra en la administración del impuesto nacional al turismo por parte de la Dian. La Contraloría identificó declaraciones extemporáneas correspondientes a los años 2021 y 2022, así como omisiones de control, que ponen en riesgo $5.303 millones del recaudo nacional.
Estas irregularidades evidencian fallas en la coordinación entre la Dian, Fontur y el Ministerio de Comercio, con posibles responsabilidades disciplinarias y riesgo de pérdida de recursos destinados a la promoción y competitividad del sector turístico.
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La auditoría intersectorial de cumplimiento también evaluó aspectos financieros, presupuestales y contractuales del impuesto al turismo.
Los hallazgos incluyen deficiencias en el recaudo, declaración, fiscalización y ejecución contractual, afectando la eficiencia del gasto y la sostenibilidad de las inversiones.
El impuesto nacional al turismo está diseñado como inversión social, financiando proyectos de promoción, infraestructura turística, formación y competitividad regional.
La Contraloría manifestó que la falta de control adecuado por parte de las entidades involucradas —Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Fontur y Dian— compromete la oportunidad de ingreso de estos recursos al Presupuesto General de la Nación y la implementación de proyectos estratégicos para el desarrollo del sector.
La Contraloría concluyó que la Dian no ejerció plenamente sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario. Esta omisión, indicó, incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos y limita la efectividad del impuesto, afectando la sostenibilidad de proyectos clave para la competitividad del turismo en Colombia, uno de los motores económicos del país.
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El informe, según el ente, sirve como alerta para que las autoridades mejoren la planeación, supervisión y control de los recursos del impuesto al turismo, evitando que los problemas detectados se repitan en futuras vigencias fiscales.
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