“Si las cosas siguen así, hay que dejar de recoger leche, porque las bodegas están llenísimas. No hay consumidores que compren ni a quién entregarles el producto. Además, nos está afectando mucho que están otorgando registros sanitarios de reempacadores a cualquiera, sin verificar ni siquiera”, señaló Pérez.
Esto, puesto que hay riesgos de que terceros importen leche para vencerse, reempaquen en Colombia y la vendan.
Otro de los asuntos que más los están afectando es que entidades como el ICBF, que son grandes consumidores de lácteos, desde noviembre les tienen congeladas las compras.
“No se han definido todavía ni las fundaciones, y eso tiene afectada a toda la cadena, porque ellos son unos de los principales compradores de leche cruda, quesito, yogures y leche en polvo. Y es una situación que sabemos que está pasando a nivel nacional, todos los contratos de leche al ICBF están parados y también los ligados al PAE (Programa de Alimentación Escolar)”, comentó.
A la fecha, dijo, el Gobierno sigue sin autorizar dichas compras públicas.
En cuanto a la disminución del consumo de leche por parte de los colombianos, afirmó que se debe al aumento que han tenido los precios —en febrero tuvieron una subida anual de 5,46%, según el Dane—.
“El año pasado un consumidor llegó a pagar $7.000 por un litro de leche en el mercado, mientras a los productores se lo pagaban, cuando mejor les fue, a $2.600. Entonces, una familia de escasos recursos va a preferir comprar un frutiño, que vale $700 y le rinde para dos litros, a una bolsa de leche con la que solo puede servir cuatro vasos”, indicó la líder de Corpogansa.
La alerta de Fedegán
Esta crisis del sector lechero, para la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), ya pasó a ser estructural, motivo por el cual enviaron una carta a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en la que exponen la difícil situación.
De acuerdo con José Félix Lafaurie, presidente del gremio, entre las disfunciones estructurales se encuentra la alta producción de leche, que en promedio está en 7.414 millones de litros, pero que tiene un acopio formal de 3.283 millones de litros, equivalente apenas al 44% de la leche producida. Esto representó una disponibilidad no acopiada por la industria de más de 4.000 millones de litros, que se comercializan en la informalidad.
Otro agravante, según el líder gremial, son los pocos compradores, pues solo cinco empresas concentran el 40% del acopio formal de leche.
“Es una clara posición dominante frente a los 400.000 ganaderos dedicados total o parcialmente a producir leche”, dijo.
También resaltó la distribución disfuncional del consumo, pues los estratos altos consumen 190 litros per cápita anualmente, mientras los sectores populares solo 37 litros.
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Asimismo, el problema de que el minifundio sea el modo de producción prevalente, es decir, pequeños productores y ganadería en propiedades agrícolas de pequeña extensión sin animales con alta productividad.
Además, se quejó de las crecientes importaciones desde Estados Unidos y la Unión Europea.
“El libre comercio de productos lácteos sin arancel con Estados Unidos, que se dará en 2026, y la Unión Europea (2028), es una amenaza para la ganadería, ya no de crisis, sino de supervivencia. Esta situación se agrava porque, en la práctica, se trata de TLC de una sola vía, por lo que la renegociación anunciada sería vital para el sector”, anotó el líder de Fedegán.
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En cuanto a la coyuntura del sector en 2023 y lo que va de este 2024, Lafaurie expresó a la ministra que la crisis lechera está marcada por dos factores: la caída del consumo, que mermó 9%; y la caída del precio al ganadero, que fue del 11%, con pagos hasta de $1.200 por litro de leche.
“El precio al productor ha completado una caída de 11% entre marzo de 2023 y diciembre de 2023, sin que la información de campo nos señale algún quiebre de esta tendencia. Por el contrario, hemos recibido información de diferentes regiones en donde los ganaderos están recibiendo notificaciones de pago de hasta $1.200 por litro, lo que es una situación de injusticia frente a los costos y el esfuerzo”, dijo.
De hecho, Helio Antonio López, representante legal del Comité de Ganaderos de Salamina (Caldas), que también tiene como agremiados a ganaderos de municipios cercanos como Marulanda, comentó a Fedegán que antes la leche se la pagaban a $1.900 y ya la rebajaron a $1.700.
“Y no la están comprando toda, están comprando con intermitencia, un día sí, otro no. Eso sí es un problema grave (...) Muchas empresas que antes acopiaban la leche con regularidad han dejado de hacerlo porque aducen que el consumo de lácteos se ha reducido y que todavía tienen inventario de leche, por lo cual esperan procesar lo que ya tienen comprado antes de recoger más líquido”, añadió.
Y es que desde el año pasado la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) ya había advertido sobre la prolongada caída del precio pagado al productor y los anuncios por parte de los compradores, informando a los productores que les comprarían menos leche.
¿Qué dice la industria?
Frente a lo anterior, las empresas procesadoras de leche, agremiadas en Asoleche, se pronunciaron. Según ellas, pese a la disminución en la demanda, la industria formal “ha mantenido con un promedio de pago real al productor que supera en doble dígito al precio base obligatorio, gracias a las bonificaciones voluntarias otorgadas por las empresas al ganadero”.
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Y sostuvieron que, en enero de 2024, el precio base por litro con bonificaciones obligatorias se situó en $1.821, mientras que con bonificaciones voluntarias alcanzó los $2.082.
“Importante destacar que, aunque ha habido un aumento en el precio de la leche como materia prima durante 2022 y parte de 2023, además de nuevos impuestos como el de plásticos de un solo uso, que fue del 10% en 2023, y del 15% para 2024, y el tributo a alimentos ultra procesados, los precios del producto terminado al consumidor final no se ajustaron en la misma proporción”, manifestaron.
Las propuestas
Ante esta compleja situación del sector, desde Fedegán hicieron algunas propuestas a la ministra de Agricultura. Y aclararon que, si bien no son nuevas, pues algunas de ellas han sido presentadas “una y otra vez a los distintos gobiernos” y han tenido gestos de aprobación, no ha existido voluntad de convertirlas en política pública. Estas son:
• La creación de un fondo que promueva el consumo de leche y productos lácteos en los niños de sectores populares, financiado entre Fedegán y la industria láctea con un 50% y el otro 50% por los entes territoriales o el Gobierno Nacional.
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• La obligación de incluir la leche en las compras públicas con destino a programas como el PAE, los comedores comunitarios y las raciones de la Fuerza Pública.
• La realización de ferias y ruedas de negocios regionales que, en conjunto con los ministerios de Agricultura, de Comercio e Industria, gobernaciones y alcaldías, promuevan la economía popular a partir de productos locales, disminuyendo la intermediación entre vendedores y compradores.
• Promover con la industria, el comercio, el gremio y la institucionalidad pública, campañas efectivas de fomento al consumo que estimulen la demanda. “Si existe la semana de la hamburguesa o de la cerveza ¿por qué no la del queso y otros derivados lácteos?”.
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“El mejoramiento de las condiciones de producción y de vida del ganadero y, sobre todo, del pequeño ganadero minifundista, es algo que va más allá de las demandas gremiales. Se convierten en una de las grandes transformaciones sociales en el campo, que fortalezcan el tejido social, le quiten espacio a la violencia y allanen el camino de la paz”, puntualizó la misiva enviada a Mojica.
Por su parte, los productores de leche del Norte de Antioquia buscan ser escuchados por el Gobierno, pues aseguran que han tocado varias puertas en el MinAgricultura y las Superintendencias, “pero ha sido en vano”
EL COLOMBIANO consultó con el MinAgricultura sobre la situación, pero afirmaron que, por el momento, no se van a pronunciar.
