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El lago de Meirana, en el pueblo de Cerceda, a 30 kilómetros de la ciudad A Coruña, España, es un cuerpo de agua artificial de 205 metros de profundidad y 148 millones de metros cúbicos de capacidad. Es un lago como cualquier otro salvo por el hecho de que 13 años atrás, donde hoy hay agua, solo quedaba la cicatriz de 300 metros de profundidad que dejó la antigua mina de lignito (el tipo de carbón más contaminante) tras concluir su explotación de 94 millones de toneladas de este mineral.
Hace un mes la empresa Naturgy concluyó la transferencia de la zona para dominio público. 230 hectáreas que incluyen, además del lago y la playa, un área natural que alberga 862 especies de fauna y flora, 43 de estas endémicas y de especial interés de conservación. Meirana es el primer lago artificial en el mundo construido en una antigua zona de influencia minera capaz de abastecer potencialmente agua potable a grandes poblaciones (450.000 personas en este caso).
Es, en definitiva, un referente de un cierre de mina, entendido como “el proceso que garantiza el futuro de la zona explotada y sus habitantes tras el fin del ciclo productivo y que comprende acciones de remediación (limpieza y correcto manejo de contaminantes); recuperación (estabilización del terreno, del paisaje y evaluación de futuros usos de la tierra); restauración (reconstrucción del ecosistema perturbado durante la actividad minera); y rehabilitación (creación de las condiciones para la posterior autosustentabilidad del ecosistema)”, según explica Freddy Pantoja, ingeniero de minas, mágister en contaminación ambiental e investigador de la Universidad de Nariño.
En el caso del yacimiento de lignito en Cerceda, la rehabilitación y restauración comenzó en 1985, apenas cinco años después de iniciar la explotación, y se ha extendido 13 años después de extinguir el recurso mineral.
El reto de cierres masivos
La etapa formal del desmantelamiento de minas no es nuevo. De hecho está contemplado en la labor de explotación desde hace años. Naciones como Perú y Chile tienen leyes exclusivas que regulan el cierre de minas, y hay países que exportan el conocimiento y experiencia en estos procesos, como Canadá, que en la provincia de Nueva Escocia, ha logrado el cierre exitoso de cientos de minas, varias de ellas databan de hace 250 o 300 años.
No obstante, la carrera del mundo hacia la descarbonización, para acercarse a la neutralidad de carbono y evitar los umbrales climáticos irreversibles, obligará en la próxima década al final de ciclo masivo de minas. Tarea que, según Andrea Cardoso Díaz, coordinadora del Semillero en Transición Energética de la Universidad del Magdalena, exige a los gobiernos e industrias “acelerar el desarrollo tecnológico, científico y redoblar las inversiones para lograr una transición energética que pudo haber sido más gradual, pero que ahora, con menos margen de error, deberá ser más precisa y rápida, y, además, capaz de revertir las alteraciones ambientales y sociales causadas”, expone.
En 2020, Alemania se puso como meta liberarse completamente del carbón para 2038, lo que supone la clausura de cientos de minas y un plan de recuperación ambiental y transformación social y económica a gran escala. Solo en el estado Renania del Norte-Westfalia (ver mapa), el más populoso del país, 50 pueblos desalojados y millones de hectáreas explotadas, que dieron vida a una próspera economía carbonífera durante más de siete décadas, son objeto ahora de un plan de recuperación de tejido social y desarrollo de nuevos modelos de economía con una inversión inicial de US$17.800 millones, que contempla una restauración parcial ecológica que tardará mínimo 100 años, según la ONG Zukunftsagentur (traduce Agentes del Futuro), abanderada del megaproyecto.
Ralph Sterck, director de la ONG, le dijo a BBC que la ambición es ser referente mundial en cómo reinventar socialmente regiones que durante años vivieron de la minería. En este caso planean convertir pueblos como Manheim, que estuvieron desde los años 40 en el corazón de la explotación de lignito, en cluster de investigación de inteligencia artificial, computación cuántica y producción de hidrógeno.
¿Cómo se hace en el país?
Colombia tiene pocos casos de cierre de mina exitosos. En contraste, abundan los ejemplos de procesos que no garantizan la rehabilitación de ecosistemas o la solución a impactos ambientales y riesgos socionaturales.
Así se indica en el Diagnóstico de la actividad minera y extracción ilícita de minerales en el país, investigación realizada por entidades del Sistema Nacional Ambiental –SINA– para dar cumplimiento a la Sentencia T445 de 2016 de la Corte Constitucional, que ordenó construir “una investigación científica y sociológica que identificara y precisara las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de las actividades mineras en los ecosistemas del territorio”.
El país no cuenta con una ley específica para la etapa de cierre y abandono de minas, tal como la tienen Chile y Perú, pero sí figura dentro de las disposiciones que regulan la explotación minera a través de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y se apoya también en el Decreto 2041 de 2014, que establece las licencias ambientales, y la Ley 1333 de 2009 que regula los procedimientos sancionatorios ambientales.
El plan de cierre y abandono de mina debe ser incluido en el Programa de Trabajos y Obras, sin la aprobación de este no es posible comenzar la explotación.
No obstante, hay vacíos normativos que explican, en buena medida, la falta ejemplos de un correcto desmantelamiento de yacimientos en el país para recuperar la zona y dar paso a nuevas actividades.
La Cepal, en su Guía metodológica de cierre de minas publicada en 2020, advierte que una de esos puntos débiles es que el Código de Minas le permite presentar al concesarionario un estudio tres meses antes la fase de desmantelamiento y abandono en el que indique impactos ambientales detectados al momento de comenzar dicha etapa, medidas de manejo de área, actividades de restauración, entre otros requisitos, sin que existan mecanismos sólidos para monitorear el cumplimiento de las mismas.
El Decreto 1076 determina que las concesionarias deben tener una póliza que se extienda durante los tres años siguientes al finalizar la etapa de cierre y abandono, tras lo cual quedan liberados de asumir responsabilidades por impactos ambientales detectados después de este tiempo.
El ingeniero Pantoja explica que la responsabilidad tras el fin del ciclo de explotación de un yacimiento no debería estar sujeto a plazos y mucho menos tan cortos, sino a los hallazgos continuos que arroje el monitoreo de las acciones realizadas.
“Primero porque hay componentes de la restauración que están por encima de los tiempos a escala humana y hay impactos que definitivamente quedan a perpetuidad (desaparecer una montaña, alterar el curso de un río o la calidad del agua) sobre los cuales solo es posible ejercer medidas de mitigación, y esto precisa de responsabilidades compartidas (Estado, empresas y comunidades)”.
Tener un correcto panorama y proyección de impactos futuros tras el desmantelamiento de una mina requiere, según Alexánder Rodríguez, jefe técnico del laboratorio Gimba de la Universidad Industrial de Santander –UIS–, “tener un inventario nacional de pasivos ambientales causados por la actividad minera, que el país no tiene actualmente”.
De hecho Colombia no tiene una definición legal del término pasivo ambiental, que en síntesis se refiere a los daños causados por cualquier actividad productiva sin que sea asumido y reparado.
Sobre este punto particular, el ministerio de Ambiente le precisó a este medio que la falta de un marco normativo para la gestión de los pasivos ambientales es una deuda histórica. No obstante, señala avances en los últimos años en cuanto a diagnóstico de la problemática a través del inventario de “sitios de sospecha para configurarse como pasivo ambiental” pasando en cinco años de 1.843 áreas en sospecha de constituir un pasivo ambiental a 5.111, un diagnóstico inicial para determinar sectores resposansables y abordar soluciones.
Con 9.602 títulos mineros vigentes en el país, de acuerdo a la Agencia Nacional de Minería, y 449 Áreas con Actividad Minera en Estado de Abandono –AMEA–, según un ejercicio parcial de Minminas y la UIS hasta 2015, el país tiene mucho trecho por recorrer para cumplirle a una adaptación posminera hacia la que el mundo entero se moviliza .