Al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, lo dejaron en libertad en medio del proceso por los presuntos casos de corrupción en seis contratos entre la autoridad metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El veredicto del Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías se dio luego de seis audiencias que se realizaron en relación con este proceso judicial, uno de los más grandes en contra de la administración de Daniel Quintero.
En el mismo sentido, el juez determinó que las exsubdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla también continuarán afrontando el proceso en libertad, aunque no podrán salir del país y presentarse frecuentemente ante las autoridades.
La decisión la tomó el juez a las 5:00 de la tarde de este lunes, luego de que analizara toda la exposición del fiscal y de los abogados tanto de los imputados como del Área Metropolitana como víctima de este proceso.
El otro procesado por este caso, el tesorero y contador de Bomberos Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, recibió en días pasados medida de aseguramiento en domicilio por los delitos de falsedad en documento privado.
Entérese: Las 43 imputaciones a Quintero y los suyos por presunta corrupción, ¿se robaron Medellín?
El principal argumento entregado por el juez para no darle medida de detención al exdirector Palacio, uno de los más cercanos del exalcalde Daniel Quintero, es que supuestamente este no afectaría el proceso investigativo por los presuntos hechos de corrupción registrados dentro de la entidad que lideró entre 2020 y 2023, representando peligro para el mismo.
“No se me allegaron elementos materiales probatorios que den cuenta que el ciudadano Juan David y la ciudadana Ana María sean un peligro para la sociedad”, señaló el juez, agregando que actualmente Palacio trabaja en el sector privado y que ha atendido todos los requerimientos de la justicia.
Esto pese a los argumentos expuestos por el fiscal anticorrupción que lleva este caso, que apuntarían que Palacio habría tenido una participación activa en los presuntos ilícitos, sumándose que presuntamente “enquistó” 26 funcionarios de su cuerda en el último periodo de su administración, valiéndose de una reforma administrativa.
Uno de los puntos más delicados, que denunció inicialmente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y que se ratificaron en la investigación, es que habría ordenado formatear completamente tres computadores con información clave de la contratación del Área Metropolitana, además de afectar el funcionamiento de la cámara de seguridad de acceso al archivo.
Esto pese a que la defensa de Juan David Palacio, el abogado Andrés López Figueroa, argumentó que el exdirector había delegado funciones en el equipo de subdirectores y que todo habría sucedido a espaldas de él. “Tenía una confianza legítima en sus subdirectores”, señaló el abogado.
Ante esto, el juez destacó, antes de dar su veredicto, que “el exdirector del AMVA debió supervisar todos los contratos, como lo requerían sus funciones”, en relación con las irregularidades cometidas dentro de los mismos.
Le puede interesar: Termina cuarto día de audiencia sobre contratos del Área y bomberos sin decisión de fondo
Los contratos por los cuales se lleva a cabo este proceso se firmaron entre 2021 y 2022 por un monto cercano a los $18.000 millones, además de la presunta desviación de $2.481 millones.
En total van siete personas imputadas, entre las que se encuentran el exgerente de Bomberos Itagüí, Misael Cadavid, y el exjefe de este grupo de socorro, Elkin González, quienes ya se encuentran privados de la libertad.
En las anteriores cinco diligencias se revelaron pruebas de que apuntarían a que Palacio le habría obedecido a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, hecho que habría quedado evidenciado en un correo de 2024, en el que uno de los implicados habría relatado cómo era todo el entramado de corrupción en el que habría participado, también, el exsubdirector administrativo de la entidad, Álvaro Villada.
Durante este proceso, el fiscal también señaló que Quintero habría conformado un comité alterno para controlar la contratación dentro de la entidad, con el apoyo de Villada y otros funcionarios. Palacio, según el ente acusador, “facilitó la apropiación de recursos públicos por terceros”. Incluso el fiscal habría pedido que se acreditara que se conformó un Grupo Delictivo Organizado (GDO) para llevar este proceso en contra de todos los implicados.
Finalmente, tanto la Fiscalía como el apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en condición de víctima, expresaron su oposición a esa decisión y anticiparon que interpondrán recursos. Se espera que la argumentación de los mismos sea evaluada en otra audiencia que quedó citada para mañana martes 17 de febrero a las 2:30 p.m.
Regístrate al newsletter