Lo que ocurrió el pasado sábado 24 de enero a las 9:05 a.m. en el barrio Whittier de Mineápolis no fue un simple “incidente de seguridad”, como intentó retratarlo inicialmente el Gobierno de Donald Trump. Fue la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido por agentes federales mientras sostenía un celular. El hecho, captado en video, no solo contradice la versión oficial, sino que ha desatado una crisis institucional sin precedentes que pone contra las cuerdas la política migratoria de Washington.
Los hechos: 10 disparos contra un hombre inmovilizado
Pretti, quien trabajaba salvando vidas en el hospital de veteranos (VA) de la ciudad, se encontraba en una manifestación pacífica contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según testigos y videos verificados por medios internacionales, Pretti fue abordado por agentes de la Patrulla Fronteriza tras un altercado verbal.
La secuencia es escalofriante: los agentes rociaron a Pretti con gas pimienta, lo arrojaron al suelo y, mientras varios uniformados lo sometían físicamente, se escuchó una ráfaga de al menos diez disparos. Pretti murió sobre la nieve, frente a una popular tienda de donas, en un sector residencial que hoy es un altar improvisado de flores y velas.
La versión oficial se desmorona
Desde el primer momento, la administración Trump intentó criminalizar a la víctima. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Pretti de “peligro” y afirmó que “blandía un arma” contra los agentes. No obstante, la evidencia visual es devastadora para el Gobierno:
El celular: Los videos muestran que Pretti tenía su teléfono en la mano derecha, grabando el operativo, y nunca desenfundó un arma.
El arma legal: Aunque Pretti tenía permiso legal para portar una pistola SIG Sauer, los investigadores sugieren que los agentes se la retiraron antes de dispararle cuando ya estaba sometido en el suelo.
Contradicciones internas: Ante el peso de la evidencia, el tono oficial empezó a flaquear este domingo. El vicefiscal general, Todd Blanche, admitió en televisión nacional: “No sabemos si los agentes ya habían retirado la pistola cuando dispararon. Por eso estamos investigando”.
Los padres de Pretti han calificado las declaraciones del Gobierno como “mentiras repugnantes”, asegurando que su hijo era un ciudadano ejemplar que cuidaba de los héroes de guerra del país.
El impacto político: Trump contra el Estado
Este es el segundo ciudadano estadounidense abatido por agentes de ICE en Mineápolis en menos de tres semanas, tras la muerte de Renee Good el 7 de enero. El clima de tensión ha escalado a una ruptura total entre el estado de Minnesota y la Federación:
Tim Walz vs. Trump: El gobernador demócrata de Minnesota exigió el retiro inmediato de los 3.000 agentes federales “sin entrenar” desplegados en la ciudad, calificando la retórica de Trump de “tonterías”.
Orden Judicial: Un juez federal ya ordenó a la administración Trump no destruir ni alterar ninguna evidencia relacionada con la muerte de Pretti, ante el temor de que se manipulen los registros de las cámaras corporales.
Reacción de los Obama: En un comunicado inusualmente duro, el expresidente Barack Obama calificó el hecho como una “tragedia desgarradora” y advirtió que los valores fundamentales de EE. UU. están “bajo ataque” por funcionarios “empeñados en agravar la situación”.
Indignación global
Mientras las encuestas muestran un rechazo creciente de los votantes a estas operaciones, figuras de Hollywood como Natalie Portman y Olivia Wilde utilizaron la alfombra roja del Festival de Sundance para denunciar lo que calificaron como un acto “obsceno” y “antiestadounidense”.
El asesinato de Alex Pretti ha dejado de ser un suceso local para convertirse en el símbolo de una resistencia civil que exige rendición de cuentas a un Gobierno que, en su afán por perseguir inmigrantes, ha terminado derramando la sangre de sus propios ciudadanos.
La justicia de Minnesota ha citado a una audiencia de emergencia este lunes para intentar suspender legalmente los operativos federales en el estado, alegando un abuso sistemático de autoridad.
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