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Presidente de Perú, en jaque por un cantante

Se trata de Richard “Swing” Cisneros, contratista del Ministerio de Cultura y acusado de corrupción. Por el caso, Vizcarra podría ser destituido.

  • Martín Vizcarra aseguró ser víctima de un “complot” para “desestabilizar el gobierno” y aseguró que no renunciará. FOTO AFP
    Martín Vizcarra aseguró ser víctima de un “complot” para “desestabilizar el gobierno” y aseguró que no renunciará. FOTO AFP
12 de septiembre de 2020
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Casi nadie conocía su nombre. Es más, aunque se autodenomina como un “showman”, el canal de Youtube en el que promociona sus videos musicales no cuenta con más de 1.220 suscriptores. Pero desde finales de mayo pasado, el cantante popular Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, no solo está de boca en boca en Perú sino que podría sumir a ese país en una más de las interminables crisis de gobernabilidad que ha atravesado en los últimos 20 años y dejarlo, nuevamente, sin presidente.

Fue hace cuatro meses cuando un informe de la periodista Magaly Medina reveló nueve millonarios contratos de Cisneros como animador y conferencista del Ministerio de Cultura, celebrados entre 2018 y 2020, por los que le fueron desembolsados unos 50.000 dólares. Un monto que indignó a cientos de peruanos, que en redes sociales pusieron en tela de juicio la calidad de sus conferencias, que dictaba alrededor de temas como el “liderazgo transformador sapiencial”.

Tan pronto se vio acorralado por los medios, el Ministerio canceló la celebración de un nuevo contrato con él, mientras Cisneros empezó a alardear en redes sociales de ser asesor del gobierno y amigo personal del presidente Martín Vizcarra, hecho que llamó la atención del Congreso, que emprendió una investigación formal por un presunto detrimento del presupuesto público en medio de la crisis de la covid-19.

El mandatario, por su parte, negó cualquier relación de cercanía con el artista, pero admitió reconocerlo de una campaña anterior.

¿Un plan en su contra?

Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, es un mandatario sin partido ni bancada en el Congreso. Esta carencia se ha traducido en la agrietada relación con los parlamentarios, que en un primer choque de fuerzas, se negaron en septiembre de 2019 a aprobar las reformas anticorrupción propuestas por el Ejecutivo, que incluían una modificación en el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En respuesta, Vizcarra usó la facultad que le permite disolver el Congreso y convocar a elecciones.

Antes de abandonar sus curules, los legisladores tildaron al presidente de ser “moralmente incapaz” de cumplir sus funciones y propusieron una moción para suspenderlo por un año, pero debieron ceder ante las multitudinarias manifestaciones populares en apoyo a Vizcarra y el respaldo que le otorgó la Fuerza Pública. Sin embargo, bajo la figura de Moción de Confianza prevista en la ley peruana, que indica que cuando ocurren este tipo de choques se consideran rotas las relaciones entre los poderes del Estado, el gabinete de ministros se vio obligado a renunciar.

Tras las elecciones adelantadas en enero de este año, se posesionó un nuevo Congreso, que desde un principio puso la lupa en los nuevos ministros nombrados por Vizcarra. Cinco jefes de cartera renunciaron antes del 13 de febrero, luego de la apertura de una serie de procesos de control político e investigaciones por parte de los congresistas, entre las que se cuenta el caso de Richard Cisneros.

Para poder llenar las vacantes, Vizcarra presentó otra vez un gabinete a consideración del Congreso el 15 de julio, liderado por Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros, pero el 3 de agosto y luego de un debate que se extendió por tres horas, en el que Cateriano expuso el plan de gobierno para hacer frente a la crisis por la pandemia, los legisladores volvieron a negar su voto de confianza y una vez mas, el presidente debió recomponer su equipo.

El gabinete actual fue presentado el 6 de agosto y el 12 de ese mismo mes, el Legislativo, finalmente, concedió su voto de confianza.

Pero el pasado jueves, en una sesión que se prolongó hasta casi la media noche, el congresista del partido Unidos por el Perú, Edgar Alarcón, reveló una serie de audios que involucrarían a Vizcarra en el caso de Richard Cisneros.

Los archivos, aparentemente grabados por la exasistente del mandatario, Karen Roca, se escucha a Vizcarra planear cómo ocultar que el cantante visitó en reiteradas ocasiones el Palacio Presidencial. Al término de la sesión, 31 legisladores firmaron un acuerdo para presentar una moción de destitución contra el presidente por “haberle mentido a los peruanos”.

En la mañana de ayer, en un mensaje a la Nación, Vizcarra se dijo víctima de un complot y aseguró que el Congreso está usando este asunto como cortina de humo “para no aprobar la reforma que hemos propuesto, que impide que personas con sentencias judiciales se postulen a cargos de elección popular”, proyecto que llevaba dos meses sin someterse a votación.

Sus palabras fueron tomadas como un desafío por los parlamentarios, que este mismo viernes en la mañana aprobaron la reforma. “Este es un congreso moral, de altas calidades. Aquí nadie nos va a venir a ningunear. Vamos a votar la reforma y así podremos señalar a los verdaderos corruptos”, dijo Jorge Pérez, del partido Somos Perú.

“Vamos a apoyar la reforma y vamos a apoyar la destitución, porque no queremos que ningún presidente se escude en su inmunidad”, señaló el integrante del partido Podemos Perú, Arón Espinoza.

Paralelamente, desde las afueras del recinto del Congreso, Richard Cisneros aseguró que los audios son falsos y que siempre tuvo conocimiento de que estaba siendo grabado: “Tengo otros 178 audios que demuestran que todo es orquestado por los congresistas. Hay una conversación en la que el presidente del Congreso, Arturo Merino de Lama, le admite a Edgar Alarcón que quiere ponerse la banda presidencial”.

El cantante intentó radicar ante el Legislativo una denuncia constitucional contra Alarcón, quien reveló los audios el jueves, por “intentar un golpe de Estado”, pero la acción legal no fue admitida bajo el argumento de que ya había iniciado la sesión plenaria en la que se discutiría el tema .

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