El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.
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Durante una audiencia celebrada este miércoles, el magistrado Jorge Chávez envió a prisión al exmandatario de 62 años alegando “peligro procesal y de fuga”, según el fallo publicado por el Poder Judicial.
Con rostro desencajado Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, escuchó la decisión del magistrado. Un policía se acercó y lo detuvo inmediatamente, según imágenes de la audiencia transmitidas por la misma institución.
Una vez pase por controles médicos, se espera que sea trasladado a una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).
La Fiscalía de Perú lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua.
Por este caso el expresidente de centroizquierda podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión. El juicio se encuentra en fase oral.
El fallo judicial sorprendió al político, que momentos antes de empezar la audiencia había descartado esa posibilidad afirmando a la prensa: “Eso no va a ocurrir”.
La Fiscalía presume que Vizcarra era parte de una red criminal vinculada al negocio de la construcción. En 2024 allanó con la policía dos casas del expresidente en el marco de la investigación.
La tesis fiscal es que la organización que supuestamente lideraba el exgobernante recibía coimas a través de la licitación irregular de obras.
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Vizcarra, quien era vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ocupó la presidencia por dos años, tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.
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