El legislativo venezolano aprobó una ley de amnistía a presos políticos, pero hay voces opositoras que dicen que es insuficiente, mientras hablan de “libertad plena” para los presos políticos.
Venezuela aprobó el jueves una ley de amnistía general que se espera que conduzca a la liberación masiva de presos políticos. Se trata de una iniciativa de la dictadora interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos. Sin embargo, hay voces de la oposición que creen que es insuficiente.
Luego de la promulgación, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que quedó en “libertad plena”.
Esto se entendería, según declaraciones de Guanipa de 2018, como la libertad de “comer, trabajar, estudiar, progresar, de los presos políticos, de los exiliados, de los medios de comunicación, de la propiedad privada”.
También puede entenderse, simplemente, como la libertad de andar sin brazalete de libertad condicional o no estar en casa por cárcel.
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Este exdiputado, aliado de María Corina Machado, estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y, tras pocas horas excarcelado el 8 de febrero, fue otra vez capturado por supuestamente violar su libertad condicional.
Desde entonces estaba en arresto domiciliario. Según AFP, no está claro si su libertad está relacionada con la nueva ley, que de entrada criticó.
“Es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, escribió en X. “La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia”, agregó. Su hermano, Tomás Guanipa, es uno de los diputados que votó por su aprobación.
La breve excarcelación de Guanipa en febrero formó parte de un primer proceso anunciado por Rodríguez el 8 de enero. Desde entonces, 448 opositores han quedado en libertad y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela, según la ONG Foro Penal.
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Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos siguieron con emoción el debate en sus celulares en las afueras de las cárceles, donde acampan desde hace casi dos meses en espera de su libertad.
”Feliz, feliz, con esperanza, pero siempre a la expectativa”, dijo Petra Vera a la AFP a las afueras de unos calabozos policiales en la capital, donde su cuñado está preso. “Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar”, aseguró.
Una mujer contenía el aliento con lágrimas en sus mejillas, otra rezaba entre susurros frente al Helicoide, un símbolo de la represión estatal que la jefa interina de la dictadura ordenó cerrar.
Por su parte, Delcy Rodríguez dijo, tras promulgar la ley, que “hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón” y que “ha sido un acto de grandeza”.
El proyecto pasó por una consulta pública, que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional.
“El balance de la ley es negativo”, resumió Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, quien apunta “graves deficiencias estructurales”.
El artículo 8 especifica, por ejemplo, 13 momentos claves en los que habría existido persecución, dejando de lado el estado de persecución permanente: desde el golpe de Estado al fallecido Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra el fraude electoral de Maduro en 2024 (que presenta como una reelección).
“Ya eso por sí mismo es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua” durante 27 años del chavismo, dijo a la AFP el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob.
El artículo 9, por su parte, excluye a “personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
También a señalados de corrupción, un delito con el que se asocian inhabilitaciones políticas contra opositores, según Daniels. El artículo 7, que se aprobó por unanimidad este jueves con modificaciones, también quedó polémico.
Según este, la amnistía abarcaría “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años, que “esté a derecho o se ponga a derecho”. En otras palabras, involucra a los tribunales, señalados de servir al régimen dictatorial chavista.
La ley incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.
“Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía”, se lee en el texto.
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