El tribunal de justicia tendrá que decidir si acepta, o no, la medida preventiva solicitada por la fiscalia peruana.
18 meses de prisión preventiva es lo que solicitó la Fiscalía peruana para el destituido presidente Pedro Castillo, a quien se le acusa formalmente del delito de rebelión y conspiración en flagrancia por el autogolpe fallido del pasado 7 de diciembre.
Dicha solicitud impediría que Castillo salga libre hoy, miércoles 14 de diciembre, fecha en que se cumple el plazo de siete días de detención preliminar que le impuso un tribunal, según las leyes peruanas.
El tribunal de justicia que tiene el requerimiento dispone de hasta 48 horas para programar una audiencia y decidir si extiende a 18 meses la detención o si queda libre. De esa manera, el pedido es el inicio formal de la investigación contra Castillo.
La causa se abrió luego que el juez supremo César San Martín declarara infundado el martes un recurso de apelación de la defensa del expresidente.
Influyó también el hecho de que el juez subrayara que el delito de rebelión era un “delito común” por lo que Castillo no podía invocar su derecho a un antejuicio para ser procesado.
El exmandatario izquierdista, que permanece detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la policía, al este de Lima, había convocado a sus simpatizantes a las puertas del cuartel para recibirlo hoy.
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
