La oenegé Human Rights Watch (HRW) acusó a Estados Unidos y El Salvador de la “desaparición forzada y detención arbitraria” de más de 200 venezolanos y les exige que hagan públicas sus identidades y paradero.
El 15 de marzo, el gobierno de Donald Trump envió a 238 venezolanos a El Salvador, incluidos más de 100 por presunta pertenencia a la pandilla Tren de Aragua, en virtud de la Ley de enemigos extranjeros de 1798, utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra.
Fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel conocida por sus duras condiciones de detención.
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“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, denuncia Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, citada en un comunicado.
“La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, añade.
La oenegé asegura que los venezolanos “permanecen incomunicados” e insta al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele a “confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior”.
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La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó la prisión salvadoreña en marzo, dijo el miércoles estar “convencida de que las personas que están allí deben estar allí y deberían estarlo por el resto de sus vidas”, informó la plataforma Axios.
Human Rights Watch afirma haber enviado en vano una carta a las autoridades salvadoreñas pidiendo información.
La oenegé ha entrevistado a 40 familiares de presuntos detenidos y todos contaron que las autoridades estadounidenses les dijeron “que serían devueltos a Venezuela”.
Dedujeron que sus seres queridos se encontraban en El Salvador porque vieron sus caras o partes de sus cuerpos “en un video publicado por las autoridades salvadoreñas”, porque sus nombres desaparecieron de un sistema de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense. O por una lista publicada por CBS News.
“Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”, condenó Goebertus.
El Tren de Aragua y la MS-13 figuran entre las organizaciones declaradas “terroristas” por Washington.
Venezolanos piden ayuda a la ONU por los deportados de EE. UU.
En Caracas, familiares exigieron a la oficina de Naciones Unidas que intervenga para lograr la liberación de los más de 200 venezolanos detenidos en El Salvador.
“¡Devuelvan a nuestros hijos!”, ¡Bukele, libera a nuestros hijos!” y “¡Libertad, libertad, libertad!”, coreaban los familiares el miércoles 9 de abril mientras cargaban pancartas con los nombres y fotos de los deportados.
Los familiares entregaron un documento al coordinador residente de Naciones Unidas en Caracas, Gianluca Rampolla, exigiendo una “fe de vida” de sus parientes. Es la segunda reunión desde la semana pasada.
“Que por lo menos le permitieran una llamada telefónica o una videollamada”, dijo Jetzy Artega, una de las organizadoras de la protesta.
“¿Por qué los llevaron para El Salvador si tenían una orden de deportación para su país de origen? ¿En qué se basan? ¿Por unos tatuajes, cuando en Estados Unidos mucha gente tiene tatuajes?”, cuestionó entre lágrimas Mirelys Cacique, de 44 años.
“Yo le pido por favor al presidente Bukele y al presidente Trump (...) que liberen a mi hijo, que mi hijo es un inocente”, añadió la mujer, cuyo hijo de 24 años estaba en una lista para ser deportado, pero asegura no tenía antecedentes penales.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, exige igualmente la liberación de estos migrantes. A finales de marzo pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, protección a los venezolanos recluidos en El Salvador.
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno Trump.
Al volver al poder inició contactos con Maduro, pese a no reconocer su cuestionada reelección. Y llegaron a un acuerdo para deportaciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
