Goebertus también cuestiona el papel del Tribunal Supremo de Justicia: “En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024. En enero de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de impedir que Machado, así como Henrique Capriles, se presentaran a las elecciones. El Tribunal también ha nombrado en repetidas ocasiones a partidarios del gobierno para ocupar cargos de dirección en partidos de oposición como Acción Democrática, Primero Justicia y, más recientemente, el Partido Comunista de Venezuela, lo cual socava la autonomía de estos partidos políticos”.
Frente al tercer punto, una “amnistía general”, como lo propuso el presidente Gustavo Petro, HRW explica que “los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. La Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país”.
Aseguran que “la Misión ha identificado motivos razonables para creer que miembros del gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas. Por otra parte, la Fiscalía de la CPI lleva a cabo, desde 2021, una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país”.
Represión documentada
Además de hacer estas críticas y recomendaciones, en la carta firmada por Goebertus, la organización de Derechos Humanos detalla los casos de represión cometidos por el régimen chavista.
“Human Rights Watch está documentando la represión gubernamental que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE. Hemos recibido informes creíbles de que 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, han muerto en el contexto de las protestas. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas, según el gobierno. El grupo de abogados pro-bono de abogados Foro Penal ha verificado más de 1.500 casos, incluidos aquellos de 130 niños y 20 personas con discapacidad. Solo se ha informado de la liberación de 90 personas, mientras que otros cientos han sido acusados de “terrorismo””, se pronunció.
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