La Casa Blanca afirmó que el juez que suspendió temporalmente la expulsión de migrantes bajo una ley de guerra del siglo XVIII usurpa el poder ejecutivo.
El juez federal de Washington James Boasberg ordenó el sábado suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Donald Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hasta ahora, solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
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“Está muy, muy claro que se trata de un juez activista que trata de usurpar la autoridad del presidente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
El presidente Trump pidió el miércoles que el magistrado sea destituido, lo que le valió una reprimenda del jefe de la Corte Suprema, John Roberts.
“La destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, recordó.
Boasberg exigió a la administración Trump información adicional para determinar si respetó la suspensión de las expulsiones que ordenó el 15 de marzo porque varios vuelos aterrizaron después en El Salvador.
El gobierno asegura haber cumplido la orden desde el momento en el que el juez la puso por escrito.
Este miércoles el gobierno de Trump recordó que ha apelado en este caso y pidió al juez que renuncie a las aclaraciones solicitadas hasta que la corte de apelaciones se pronuncie, “probablemente antes del fin de semana”.
Además lo acusa de anteponer “el poder judicial” al “poder ejecutivo”. “Los dos poderes están en pie de igualdad”, afirma.
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Pero el juez no da su brazo a torcer. El recurso para una parte que se considera perjudicada por una decisión judicial “es el procedimiento de apelación, no la desobediencia”, replicó el miércoles, citando una jurisprudencia de la Corte Suprema.
Preguntado por Fox News el martes sobre la posibilidad de contradecir una decisión judicial, Trump respondió: “No, no se puede hacer eso. Pero tenemos jueces corruptos. Creo que hay un momento en el que hay que preguntarse qué hacer frente a un juez villano”.
Algunas decisiones del presidente republicano de 78 años han sido bloqueadas o suspendidas por jueces, en nombre del respeto a la Constitución, las leyes y el equilibrio de poderes.
El millonario Elon Musk, encargado por Trump de recortar los gastos públicos, se indignó el miércoles contra una decisión de una jueza de suspender la exclusión de las personas transgénero de las fuerzas armadas.
“Es un golpe de Estado judicial. Necesitamos 60 senadores para destituir a los jueces y restaurar el poder del pueblo”, comentó en su cuenta de X.
Los jueces federales son nombrados de por vida. Para ser aprobado, un procedimiento de destitución necesita más de dos tercios de los votos de los 100 senadores, es decir, al menos 67. Los republicanos disponen de 53.
