En la madrugada del 3 de junio, RTVC aseguró que un juzgado había pedido un día de detención contra el congresista electo, Daniel Briceño, del Centro Democrático, por desacatar un fallo de retractación. Sin embargo, aquella decisión judicial que lo sancionó quedó bajo revisión luego de que él mismo solicitara la nulidad del trámite ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
En el recurso, presentado el 2 de junio, Briceño argumenta que desconocía las actuaciones adelantadas en el proceso después de diciembre de 2025 y sostiene que solo supo de la sanción cuando la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, hizo referencia a ella en una publicación en la red social X.
La controversia se originó en una tutela promovida por Cuartas, en la que pidió que Briceño rectificara o demostrara cómo Cuartas “se ha gastado (...) 250.000 millones de pesos en eventos de política”, algo que dijo en una de sus denuncias de control político.
Briceño lo hizo, en un video. Pero, en su mensaje, la funcionaria aseguró que el juzgado había concluido que los contenidos publicados por Briceño no constituían una rectificación.
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“El Juez 24 Penal Municipal sancionó por desacato al exconcejal Daniel Briceño. Nos dio toda la razón al confirmar que sus videos no fueron una rectificación, sino una revictimización que agravó los señalamientos en mi contra. Su estilo es calumniar” dijo Cuartas en un trino en X.
El dirigente político afirma que sí participó en las etapas iniciales del proceso. Y es que, según explicó, respondió al incidente de desacato en noviembre de 2025 y adelantó actuaciones encaminadas a cumplir las órdenes impartidas por la justicia, entre ellas una nueva publicación realizada en diciembre de ese año.
Uno de los argumentos centrales de la solicitud se relaciona con las notificaciones. Briceño explicó que dejó su cargo como concejal el 5 de diciembre de 2025 y, por tanto, perdió acceso al correo institucional que había servido como canal de comunicación dentro del expediente.
De acuerdo con documentos expedidos por el Concejo de Bogotá, la cuenta fue desactivada y posteriormente habilitada nuevamente por razones técnicas, aunque él asegura que nunca recuperó el acceso.
Sobre el fallo, aseguró: “En el fondo hay un desespero por parte del gobierno nacional de ocultar que la Unidad de Víctimas ha malgastado $460.124.110.320 en eventos viajes, chivas, refrigerios, tarimas y politiquería, mientras las víctimas son abandonadas”.
En ese orden de ideas, el congresista electo pidió invalidar la sanción y las actuaciones posteriores que dependan de ella, al considerar que no se le garantizó el conocimiento oportuno de las decisiones adoptadas.
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