Por una administración sana

23 de septiembre de 2009

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Al reflexionar sobre el artículo escrito por el columnista Juan Camilo Restrepo, en relación con el abuso en la utilización de un procedimiento que se concibió como excepcional: el de las vigencias futuras, debe señalarse que no sólo es pan de cada día en el nivel central, sino también en el orden regional y local, con lo que los actuales funcionarios están limitando la poca capacidad presupuestal con la que deberían contar los futuros mandatarios para el cumplimiento de sus programas de gobierno y planes de desarrollo.

Con preocupación también escuchamos al señor Procurador General de la Nación, hacer alusión a la exagerada cantidad de alcaldes, gobernadores y demás funcionarios estatales incursos en investigaciones por casos de corrupción, quienes con desparpajo y descaro actúan en provecho personal o en cumplimiento de compromisos politiqueros y en contra de las más elementales necesidades de unas comunidades ávidas de soluciones a sus problemas de pobreza y desprotección.

La debilidad de los administradores públicos y los más frecuentes focos de corrupción se centran primordialmente en un manejo inadecuado de los presupuestos; la desviación de recursos como los de las regalías y del sistema general de participaciones que, a pesar de tener destinaciones específicas, se dedican para otros fines; el manejo malicioso y acomodado de la contratación estatal.

Sí, la contratación pública merece atención especial, porque a pesar de los esfuerzos legislativos para modificar y adicionar la ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007 y de sus decretos reglamentarios, con la pretensión de darle mayor agilidad, eficiencia, economía y transparencia al proceso de la contratación, lo que no se ha podido lograr por la manera inescrupulosa con que actúan muchos de quienes deben aplicarlos y en algunos casos por los interesados en contratar con el Estado.

Corrupción que comienza con la manipulación de los estudios de factibilidad, en la que la administración o el servidor van direccionando el proceso de acuerdo con sus intereses pecaminosos; presupuestos desfasados o sobredimensionados; estudios de riesgos copiados y distantes de la realidad; prepliegos y pliegos confusos que generan dudas e interpretaciones; indecisiones en la modalidad de contratación; abusos en las declaraciones de urgencia manifiesta, en los contratos interadministrativos y en los que se celebran con organizaciones sin ánimo de lucro, todo en detrimento de los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia.

Es de señalar, que las actuales normas que regulan la contratación estatal son suficientes y contienen todos los elementos esenciales para que servidores públicos y contratistas procedan con probidad; lástima que en la mayoría de hallazgos por corrupción detectados por los organismos de control y la Fiscalía, éstos obedecen más a fallas humanas, por conductas culposas o dolosas, que a tecnicismos jurídicos; o sea, que la normatividad es completa pero fácil de desbordar por los deshonestos.

Ante tan alarmantes índices de corrupción administrativa, se impone concluir que los procesos licitatorios, de contratación y demás que involucran recursos públicos, carecen de un eficiente control administrativo y que los gobernantes no asumen el compromiso de imponer una verdadera cultura de servicio con idoneidad, honestidad y buen hacer de cara a los intereses comunitarios; y que las veedurías ciudadanas no cuentan con la capacitación y los mecanismos suficientes para ejercer una competente supervisión que limite los desafueros de los funcionarios.
Todo lo anterior nos lleva a repensar el papel de las contralorías que, desde que se les suprimió la facultad de ejercer el control previo y perceptivo de la actividad fiscal de las administraciones, subsisten como revisores de sumas y restas de hechos cumplidos, o sea que existen como entes burocráticos costosos, pero su labor no aporta a detener la malversación de los recursos públicos.

Si recordamos que, a pesar de sus enormes falencias, cuando estas entidades revisaban oportunamente los gastos e inversiones con cargo al erario, el apetito de los corruptos podía ser detenido a tiempo, ¿Por qué no reconsiderar y adicionarles nuevamente esas funciones, exigiéndoles que las ejerzan a través de profesionales íntegros, técnicamente capacitados y comprometidos con los principios éticos?

Por una administración pública sana y provista de responsabilidad social, que sea un paradigma de moralidad, se impone darle otro aire a la gestión institucional. El reto es grande, pero no imposible.