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Desde que le suspendió la orden de captura en 2023, el Gobierno ha consentido matanzas de uniformados, infiltraciones a agencias de seguridad y otros crímenes.
En un lapso de dos años y siete meses, la organización que lidera Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) ha protagonizado 10 acciones criminales que en cualquier parte del mundo serían suficientes para suspender las conversaciones de paz con el gobierno, menos en Colombia.
El presidente Gustavo Petro se ha empeñado en proteger a toda costa la mesa de negociaciones con esta disidencia de las Farc, denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al punto de que ya prepara una Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para concentrar a los combatientes de uno de sus frentes, sin tener un marco legal para su desmovilización colectiva.
La Casa de Nariño sigue presionando a la Fiscalía para que mantenga suspendidas las órdenes de captura de “Calarcá” y sus escuderos, a pesar de las constantes denuncias de las comunidades víctimas de desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, extorsión, desapariciones y asesinatos. Y sin importar las emboscadas a la Fuerza Pública,...