n un lapso de dos años y siete meses, la organización que lidera Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) ha protagonizado 10 acciones criminales que en cualquier parte del mundo serían suficientes para suspender las conversaciones de paz con el gobierno, menos en Colombia.
El presidente Gustavo Petro se ha empeñado en proteger a toda costa la mesa de negociaciones con esta disidencia de las Farc, denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al punto de que ya prepara una Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para concentrar a los combatientes de uno de sus frentes, sin tener un marco legal para su desmovilización colectiva.
La Casa de Nariño sigue presionando a la Fiscalía para que mantenga suspendidas las órdenes de captura de “Calarcá” y sus escuderos, a pesar de las constantes denuncias de las comunidades víctimas de desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, extorsión, desapariciones y asesinatos. Y sin importar las emboscadas a la Fuerza Pública, que maniatada por las restricciones que le impone la mesa de paz, no ha podido contraatacar.
Para dimensionar hasta qué punto escaló la tolerancia hacia los delitos del EMBF, basta recordar por qué se suspendieron los diálogos con el ELN, la guerrilla que Petro había prometido desmontar en tres meses si lo elegían presidente. El 17 de septiembre de 2024 el ELN atacó con cilindrosbomba una base militar en el corregimiento Puerto Jordán, en Arauca, matando a dos soldados y dejando 25 heridos.
El resultado, aunque trágico, es menor comparado con las matanzas contra uniformados ejecutadas por las huestes de “Calarcá” desde que el Gobierno lo incluyó en su proyecto de “paz total”.
De igual manera, en marzo de 2023 la Casa de Nariño suspendió las conversaciones con el Estado Mayor Central, la disidencia fariana que comanda Néstor Vera (“Iván Mordisco”), específicamente en los territorios de Cauca, Nariño y Valle.
La razón: quejas de la comunidad por atropellos, reclutamientos forzados y extorsiones, además del asesinato de Carmelina Yule Paví, una líder indígena de Toribío (Cauca). De nuevo, fueron hechos muy graves, y aun así, no tanto como los que acumula el EMBF, según las evidencias.
Las Fuerzas Militares se han dedicado a combatir al ELN y el EMC, los enemigos de “Calarcá”, situación que lo ha beneficiado, pues el debilitamiento de sus contrarios le abrió las puertas para copar nuevos territorios y negocios.
Las gabelas que cobijan a “Calarcá” han generado cuestionamientos de la oposición política, de analistas de seguridad y autoridades de las regiones afectadas por su grupo. ¿Por qué el Gobierno lo protege? ¿Le debe favores?, son algunas de las preguntas formuladas en espacios de opinión. Petro se resiste a aceptar que su “paz total” naufragó y reparte las culpas en otras épocas y países.
En una entrevista radial de esta semana, dijo que el problema empezó “desde que Santander intentó matar a Bolívar” y que ahora la violencia se debe “al auge global de las economías ilícitas”. “Más de la mitad de nuestra tasa de homicidios tiene que ver con disputas de grupos ilegales por esas economías”, que están insertas en mafias internacionales, y que “el mundo no está muy interesado en desmantelarlas”. Pero cuando le preguntan por “Calarcá”, esquiva el tema.
CARAVANA DE LA UNP CON ARMAS, ORO Y UN MENOR RECLUTADO
El primer incidente que la Presidencia de la República le perdonó a “Calarcá” fue la polémica caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección, que transportaba a 13 miembros del EMBF y fue interceptada en un puesto de control del Ejército en una vía de Santo Domingo, Antioquia, el 23 de julio de 2024. Los disidentes, que iban para una reunión con delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aprovecharon el aventón de la UNP para transportar a un adolescente víctima de reclutamiento forzado, armas sin salvoconducto, oro y dinero en efectivo.
Entre los detenidos estuvo el propio “Calarcá”, pero gracias a la presión ejercida por la Casa de Nariño y una resolución de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, fueron dejados en libertad ocho de los involucrados, reconociendo su condición de negociadores de paz.
LA EMBOSCADA QUE MATÓ A SIETE MILITARES EN SELVA DE GUAVIARE
El 27 de abril de 2025, disidentes del bloque Jorge Briceño del EMBF orquestaron una emboscada contra un pelotón del Ejército en inmediaciones de un sector rural conocido como Guanapalo, en Guaviare. Allí fueron masacrados siete militares y seis quedaron heridos a punta de disparos y granadas. Justo dos días antes, el presidente Gustavo Petro había extendido el cese al fuego con esa organización, lo que fue cuestionado por la ciudadanía luego de la masacre. “
Calarcá” se apresuró a decir en los medios de comunicación que se trató de un error, que sus unidades confundieron a la tropa con enemigos de “Iván Mordisco”. La tregua con las Fuerzas Militares estuvo en vilo unas horas, pero nuevamente el Gobierno lo favoreció, eligiendo continuar la mesa de paz.
LA INFILTRACIÓN EN ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO
El 23 de noviembre de 2025, Noticias Caracol hizo pública parte de la información decomisada por la Dijín y la Fiscalía en los dispositivos de almacenamiento de “Calarcá”, tras su detención temporal en la caravana de camionetas de la UNP de 2024. Aunque él quedó libre, las autoridades lograron legalizar en audiencia los aparatos incautados (memorias USB, tablets y celulares). En el posterior análisis forense se recuperaron mensajes, conversaciones y documentos que daban cuenta del funcionamiento del EMBF, y de sus presuntas conexiones con funcionarios del Estado que al parecer le filtraban información.
Ahí resultaron salpicados el general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI en ese momento, los cuales fueron suspendidos por la Procuraduría, pero ya se reincorporaron a sus funciones.
QUEMARON UN BUS CON UN SUBOFICIAL ADENTRO
Un militar muerto y varios pasajeros en estado de pánico dejó un ataque terrorista en una carretera de Caquetá, en el que fue incinerado un bus el 12 de mayo de 2025. Sucedió en la vía que comunica a los municipios de San Vicente del Caguán con Puerto Rico. Por allí se movilizaba un bus de la empresa Cootranscaquetá Ltda., cuyo destino era la ciudad de Bogotá, con escala en Florencia, cuando fue interceptado por miembros del frente Iván Díaz del EMBF, a bordo de motocicletas.
Obligaron al conductor a detenerse, bajaron a los pasajeros intimidándolos con armas de fuego, y después procedieron a esparcirle gasolina e incendiar el vehículo. Dentro del automotor quedó un pasajero, el cual murió calcinado por las llamas. Se llamaba Carlos Andrés Cisneros Maigual, era sargento viceprimero del Ejército y trabajaba en un batallón de Arauca.
13 POLICÍAS MUERTOS EN ATENTADO A HELICÓPTERO
El 21 de agosto de 2025, terroristas del frente 36 del EMBF detonaron explosivos en la zona de aterrizaje improvisada de un helicóptero Black Hawk de la Policía, justo cuando iba a realizar la extracción de uniformados de la Dirección Antinarcóticos que estaban erradicando cultivos ilegales.
Acaeció en la vereda Los Toros, del municipio antioqueño de Amalfi, donde la trampa estalló y tumbó la aeronave, que terminó incinerada. Murieron 13 policías. El helicóptero pertenecía a Estados Unidos y era usado por la Policía en calidad de préstamo en comodato, para la lucha contra el narcotráfico, tras un acuerdo con la Embajada.
Debido a esto, la Casa Blanca ofreció una recompensa de 5 millones de dólares para quien ayude a capturar a los responsables. La Gobernación de Antioquia le pidió a EE. UU. que solicitara la extradición de “Calarcá” y los jefes del frente 36.
LA MATANZA DE 26 ENEMIGOS, ENTRE ELLOS CUATRO MENORES
En enero de 2026 se registró una de las peores matanzas en la historia del municipio de El Retorno, en Guaviare: a la vera del camino, en un caserío conocido como La Paz, fueron abandonados en hilera 26 cadáveres, entre ellos cuatro menores de edad.
Las víctimas pertenecían al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), y los verdugos fueron terroristas del EMBF, con quienes se disputaban el control del territorio. De acuerdo con Inteligencia Militar, a los hombres de “Iván Mordisco” los emboscaron y, cuando se vieron superados en número, se rindieron.
Luego fueron ejecutados con tiros de gracia, estando desarmados. El hecho produjo decenas de desplazamientos forzados de familias, atemorizadas por la presencia de los asesinos.
APROVECHÓ LA MESA DE PAZ PARA INCREMENTAR EL RECLUTAMIENTO
El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo y otras entidades civiles han denunciado que el EMBF aprovechó los diálogos de paz con el Gobierno y la suspensión de las órdenes de captura de sus cabecillas para expandir sus tentáculos en el país. Según reportes de inteligencia, desde el 16 de octubre de 2023, cuando se instaló la mesa de conversaciones, hasta hoy, pasó de 1.400 combatientes a 2.960 aproximadamente, es decir, un aumento del 111%, que le ha permitido extenderse por 10 departamentos.
Esto implica que la facción de “Calarcá” está detrás del incremento en el fenómeno de reclutamiento forzado que, según la Defensoría, ha dejado 386 menores de edad reclutados en 2025, y otros 25 en los primeros cuatro meses de 2026. Hoy está en guerra contra el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de “Iván Mordisco”.
ABALEARON A DOS POLICÍAS EN UN PEAJE
Las personas implicadas en el asesinato de dos policías en un peaje de Cundinamarca, resultaron ser integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, los cuales delinquen a órdenes de “Calarcá” en Antioquia. El crimen sucedió el 15 de marzo de 2026 en el peaje San Lorenzo, del municipio de Guataquí. Allí perdieron la vida la subintendente Diana García Rubio y el patrullero Jeison Daza Rosso, adscritos a la Policía de Tránsito, luego de hacerle un pare de rutina a un campero.
Los pasajeros les arrebataron la pistola a los uniformados y los mataron, al parecer para evitar que les decomisaran dinero y oro que transportaban. En el operativo de reacción capturaron a Esteban Acosta (“Corozo”), Albeiro Chacón, Andrés Echavarría y Nelson Mesa (“Dilan”), pero logró escabullirse Luis López Chavarría (“Poeta”), mando medio del frente 36.
SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO DEL PERIODISTA MATEO PÉREZ EN ANTIOQUIA
El 5 de mayo de 2026 fue reportada la desaparición forzada del periodista Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal, del municipio antioqueño de Briceño, justo cuando investigaba los estragos del conflicto armado. El secuestro fue atribuido al frente 36 del EMBF, en particular a la facción que lidera alias Chala, un comandante enviado al Norte del departamento desde el Catatumbo. El reportero de 23 años fue torturado por los captores y su cadáver entregado al día siguiente a una comisión humanitaria.
El crimen generó múltiples cuestionamientos al presidente Petro, quien trató de salirle al paso argumentando que quienes ejecutaron al comunicador fueron integrantes del frente Darío Gutiérrez, una disidencia de “Calarcá”. Sin embargo, esa información fue desmentida por la Fiscalía y las Fuerzas Militares, entidades para las que es claro que el frente 36 está detrás de este hecho.
CON EXPLOSIVOS MATARON A CUATRO MILITARES EN GUAVIARE
Cuatro soldados muertos y tres heridos dejó un atentado terrorista perpetrado contra el Ejército en Guaviare, el 13 de mayo de 2026. El crimen fue perpetrado por el bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura adscrita al EMBF, según las autoridades.
La tragedia se presentó en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare, donde estaba la tropa de la Fuerza de Despliegue Rápido N°1. “Fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona”, informó el Ejército en un comunicado.
Los muertos fueron los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago. Los heridos fueron evacuados al hospital público de San José de Guaviare, donde los médicos lograron estabilizarlos.
Lea también: Primicia | Juez absolvió a alias “Soya” e hija del expresidente de Atlético Nacional por supuestos nexos con Clan del Golfo
Regístrate al newsletter