La vulneración a los derechos de la población civil en la zona de distensión por los abusos cometidos por las Farc durante los tres años que duró el despeje, es uno de los argumentos con los que el Consejo de Estado condenó a la Nación por estos abusos.
La sección tercera, de la cual hacen parte los magistrados Hernán Andrade Rincón, Carlos Alberto Zambrano Barrera, Danilo Alfonso Rojas Betancourth, Enrique Gil Botero, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Mauricio Fajardo Gómez, Olga Valle de la Oz y la ponente Stella Conto Díaz, argumentó que los abusos se dieron por la ausencia del Estado, pues se bajó la guardia y lo vejámenes que se cometieron fue por omisión.
Aunque el Estado colombiano hasta ayer no había sido notificado, desde el alto tribunal se indicó que la ausencia en la zona de despeje, con alrededor de 42.000 kilómetros sin presencia militar, se dio en los ámbitos administrativos, judicial y militar, lo que permitió el control total de las Farc y conllevó que no se abrieran investigaciones judiciales por los crímenes cometidos en la zona.
Campesinos demandaron
El robo a campesinos, los secuestros a civiles, atentados y homicidios o masacres que se hayan presentado durante el tiempo de la zona de distensión que agrupó a los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa y Uribe, es por lo que tendrá que responder el Estado colombiano.
Abusos como el robo de ganado y el secuestro de ganaderos reconocidos en la región, por parte de guerrilleros de las Farc, fueron denunciados por los labriegos, además de "normas impuestas por esta guerrilla en los cascos urbanos", dijo Zuley, habitante del Caguán.
Este diario quiso conocer la versión del alcalde de San Vicente del Caguán, Domingo Pérez, pero el mandatario manifestó que hasta no conocer la sentencia no se referiría a la misma.
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