El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró como delitos de lesa humanidad las muertes de los civiles provocadas por el M-19 en la toma del Palacio de Justicia sigue causando revuelo.
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió de nuevo que el indulto otorgado al M-19 perdió toda validez jurídica ya que "las decisiones tomadas con antelación carecen de efectos porque se trata de ese género de delitos", explicó Ordóñez basado en el concepto de este tribunal.
Gustavo Petro, ex militante del M-19 y beneficiario de los indultos otorgados durante el proceso de paz aseguró que este concepto es ya una realidad que tiene que trasladarse a acciones jurídicas.
"El fallo del Tribunal Superior de Bogotá por los asesinatos cometidos durante la toma al Palacio de Justicia es ya una realidad. Ahora es la Fiscalía la que tiene que actuar. Pero se tiene que tener en cuenta que estas decisiones, políticamente, pueden producir la ruptura del proceso de paz con el M-19", aseguró Petro.
El director de la Corporación Arcoíris, León Valencia, explicó que la solicitud del Procurador hace parte del "tema de la memoria y de la verdad como derechos internacionales. Esto es ineludible. Debe hacerse el escrutinio en la perspectiva de la memoria. Pero hay que saber distinguir entre lo que ocurrió dentro del Palacio y fuera de él".
Ahora la justicia será la que defina qué pasará con la cúpula del M-19 y sus responsabilidades.
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