Ante la solicitud del expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez, al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y al vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, de que se declaren impedidos para investigar la presunta entrada de dineros ilícitos para pagar deudas de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, estos rechazaron la petición argumentando que el ente acusador no está investigando a Uribe sino que lo solicita para que sustente sus acusaciones.
Esto sucedió después de que Uribe no se presentara ante un llamado de la Fiscalía argumentando una agenda política ocupada para acompañar al candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en su correría electoral por el Valle del Cauca.
Sin embargo, la Fiscalía General lo volvió a citar para hoy en la mañana para que amplíe su denuncia y muestre las pruebas que tiene; también le solicitó al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, que indique si tiene información sobre el caso. La petición se presenta luego de que el expresidente dijera que presentaría sus denuncias ante el Ministerio Público.
Por su parte, J.J. Rendón, quien se mantiene en el escándalo como uno de los hombres que se habría reunido con jefes de la banda criminal "Los Comba" y de quienes habría recibido 12 millones de dólares, lamentó las acusaciones de Uribe Vélez, asegurando que son "irresponsables", y criticando la falta de acato a la Fiscalía: "Tira la piedra y esconde la mano", dijo.
Lo que no ha traído buenas críticas es la actitud de Uribe Vélez ante las órdenes del poder judicial. Para María del Pilar Arango, presidenta del Observatorio Nacional de Administración y de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, todo ciudadano tiene que asistir a este tipo de citaciones, "no es lógico que a una persona lo llame el Fiscal y pretenda irse para el Ministerio Público. Por otro lado, a los expresidentes no se les exime de presentarse y más cuando sólo lo están llamando como testigo".
Arango agregó que los ciudadanos no pueden escoger las competencias que atienden los delitos, "la competencia la determina la ley, las denuncias de delitos se presentan ante la Fiscalía y las sanciones disciplinarias sí serían con la Procuraduría".
El constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a Colprensa que el expresidente tiene el deber constitucional de presentarse ante la Fiscalía para cumplir con la citación.
"Álvaro Uribe hizo una denuncia en los medios de comunicación y dijo que entregaría la documentación, por eso la Fiscalía tiene la competencia para abrir de oficio la investigación y solicitar al testigo (en este caso Uribe) para que haga llegar las pruebas correspondientes", enfatizó Charry, quien agregó que "es deber constitucional de los ciudadanos denunciar la ocurrencia de cualquier delito".
El exfiscal General Guillermo Mendoza Diago también afirmó que Uribe está obligado a colaborar con la justicia y recordó que si no asiste puede tener una responsabilidad penal: "Cuando una persona desacata órdenes judiciales puede tener hasta una responsabilidad penal, conocida como obstaculización a los medios de prueba (...) toda persona que tenga conocimiento de un delito tiene la obligación de rendir su testimonio".
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