El Gobierno Nacional abrió un nuevo frente en la disputa por los recursos de la reforma pensional. Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, solicitaron formalmente a la Superintendencia Financiera de Colombia verificar si las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladaron de manera “suficiente, íntegra y completa” los recursos de los afiliados que se movieron hacia Colpensiones.
La petición se produce en medio de la controversia por cerca de $5 billones correspondientes a los ahorros de personas que migraron desde los fondos privados hacia el régimen público y que actualmente reclaman allí el reconocimiento de su pensión.
El caso adquirió una mayor dimensión política y financiera luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara investigar a los fondos privados de pensiones, mientras el Consejo de Estado frenó temporalmente el traslado de esos recursos y de otros $20 billones adicionales, a la espera de que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre el futuro de la reforma pensional.
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La carta que encendió la nueva controversia
En una comunicación enviada al superintendente financiero, César Ferrari, los ministros argumentaron que existen “discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones” frente a los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
La carta, fechada en Bogotá y del 19 de mayo de 2026, solicita que la Superfinanciera adelante “acciones de supervisión, control y vigilancia” para proteger los derechos de cerca de 132.000 afiliados y pensionados que cambiaron de régimen.
Según el documento, el Ejecutivo considera que existe un “riesgo financiero derivado de la incertidumbre” sobre los montos efectivamente trasladados y sobre la información reportada por las AFP.
¿Qué le pidió exactamente el Gobierno a la Superfinanciera?
El Gobierno pidió establecer con claridad si los recursos trasladados, los pendientes por trasladar y los que deban movilizarse en el futuro cumplen criterios de suficiencia, integridad y completitud.
La preocupación central del Ejecutivo es determinar si el dinero enviado por las AFP corresponde plenamente a los ahorros que les pertenecen a los afiliados que decidieron trasladarse a Colpensiones o que lo hicieron por órdenes judiciales.
En la comunicación, los ministros señalaron que esa información es “esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”.
Otro de los puntos sensibles del documento es la solicitud de verificar la consistencia y confiabilidad de los datos entregados por los fondos privados.
La carta menciona expresamente las diferencias detectadas en el número de afiliados y en las cifras relacionadas con los traslados desde el RAIS al RPM, lo que llevó al Gobierno a pedir medidas “preventivas y correctivas” de manera expedita.
Además, se solicitó a la Superfinanciera ejercer sus facultades de supervisión e instrucción contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Decreto 2555 de 2010.
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El trasfondo: la pelea por los recursos de la reforma pensional
La solicitud ocurre en uno de los momentos más tensos de la discusión sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro.
El centro de la disputa son los recursos de los afiliados que aprovecharon la denominada “ventana de oportunidad” para trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. Ese movimiento implicaba que las AFP debían transferir los ahorros acumulados de cada cotizante al sistema público.
Sin embargo, el proceso quedó bajo revisión judicial luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el traslado de aproximadamente $25 billones, incluidos los $5 billones ya reclamados por afiliados, hasta que la Corte Constitucional determine la viabilidad jurídica de la reforma.
El Gobierno sostiene que la prioridad es garantizar la protección de los ahorros y la continuidad del sistema pensional, mientras los fondos privados han defendido que los traslados se han realizado bajo los parámetros legales y técnicos vigentes.
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