Acorde con el último registro anual de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, en el país hay 17.573 niños y adolescentes víctimas de desplazamiento. El departamento con más reportes es el Valle del Cauca con el 59 por ciento, es decir, con más de 10.000 casos.
En este registro, el 73 por ciento de los menores de edad identificaron a los grupos guerrilleros como los principales causantes de su desplazamiento, seguido por las bandas criminales (bacrim) con el 16 por ciento y las Autodefensas o paramilitares con el 1 por ciento.
Con más de cuatro millones de personas, Colombia es uno de los países con mayor índice de desplazamiento a nivel mundial. Dentro de ese total, se reconoce que el 36.88 por ciento son menores de edad.
Sin embargo, las cifras podrían ser más altas si se revisan los reportes del Icbf. Según Alejandro Guidi, Jefe de Misión Adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el 2012 el Icbf, a través de su proyecto de Unidades Móviles, atendió a más de 100.000 niños en situación de desplazamiento.
El problema de fondo es que detrás del desplazamiento y de la migración forzosa que viene después, están las secuelas físicas y emocionales que quedan en estos menores de edad. La subdirectora del cbf, Adriana González, explica que los problemas más frecuentes en estos niños están relacionados con la desnutrición, secuelas psicológicas y estrés postraumático.
“Los temas de rehabilitación psicológica son los más duros y largos de trabajar, no es igual a los dos años de edad que a los 10 años. Cada niño requiere un tratamiento particular y específico”, dijo González.
Frente a este tema, Fanny Uribe de Fundación Plan sostiene que la atención psicosocial para estos menores de edad aún es muy débil y no se evidencian coberturas significativas en este tipo de atención por parte del Gobierno.
“Luego de que la Corte Constitucional expidiera el Auto 251, el cumplimiento por parte del Gobierno ha sido parcial, se observa un mejoramiento en la garantía de los derechos a la educación y a la salud, pero falta avanzar en calidad y pertinencia”, concluye Uribe.
Sin embargo, para Alejandro Guidi el gran reto para evitar el desplazamiento y la migración forzada es lograr una estabilidad en las comunidades, a través de un trabajo con la familia y una preparación de las entidades del Estado para no llegar a estos procesos que generan secuelas negativas en las poblaciones, en especial en los menores de edad.
