Ningún presidente en las Américas se enfrenta a un desafío más difícil y a un escrutinio más fuerte que Otto Pérez Molina, quien asumió el poder en Guatemala, el sábado.
Siendo el país más grande de América Central, con una población de unos 13 millones, Guatemala se encuentra en una situación muy precaria, marcada por la penetración del crimen organizado y una tasa de homicidios más del doble de la de México.
No fue una sorpresa que Pérez, un exgeneral que encabeza el Partido Patriota de extrema derecha, ganara las elecciones. La mayoría de los guatemaltecos están cada vez más frustrados con la incapacidad de los esfuerzos del Gobierno para mantener bajo control la alarmante violencia y el tráfico de drogas.
Para detener el deterioro, Pérez se ha comprometido a aplicar "mano dura". Eso, en parte, significa confiar más en el papel de los militares de Guatemala. También ha apelado a Estados Unidos para un mayor apoyo. Como era de esperar, su propuesta política ha llamado la atención.
Sin duda, las fuerzas policiales del país y el poder judicial han demostrado estar muy mal preparados para hacer frente a la expansión criminal. Hay serias dudas en cuanto a la incompetencia y la corrupción. Lo que se requiere es la reforma institucional y la profesionalización, pero esas son tareas complicadas y de largo plazo.
Al mismo tiempo, existen dudas legítimas acerca de si la estrategia de "mano dura" es la opción acertada. El registro muestra que rara vez es eficaz.
Su aplicación acarrea riesgos en materia de altos costos para los derechos humanos.
Comprensiblemente, los escépticos apuntan a la preocupante historia reciente de Guatemala, y a las acusaciones contra Pérez por pasadas violaciones a derechos humanos. Incluso, en comparación con otros períodos oscuros del autoritarismo militar en América Central y del Sur, la experiencia de Guatemala fue especialmente trágica, dejando como resultado unas 200.000 muertes, la mayoría indios mayas (población mayoritaria).
La transición del país hacia un gobierno civil en 1986 y los ejemplares acuerdos de paz en 1996 (de los que Pérez fue signatario) marcaron pasos bienvenidos en camino de Guatemala hacia mayor estabilidad democrática. Pero las instituciones han sido frágiles y las "fuerzas oscuras", a menudo con vínculos con los militares, han sembrado el temor generalizado en la sociedad y han definido la política del país.
Los partidarios de Pérez sostienen que los militares de hoy en Guatemala se diferencian de lo que eran durante los 36 años que duró el brutal conflicto civil. Es cierto que las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar en el contexto de la Guerra Fría, y la naturaleza de la violencia hoy no es ideológica o política, sino criminal. A pesar de que es injusto suponer que el Ejército de Guatemala no ha cambiado en las últimas dos décadas, también es importante no ignorar esa historia.
Para Washington, la situación en Guatemala y la petición del nuevo presidente de la ayuda militar plantea un dilema y generará un intenso debate. El papel de EE.UU., en apoyo a los gobiernos militares durante el período de la Guerra Fría, produjo una mancha que, con razón, no se ha olvidado. No se adhirió a los valores de la democracia y los derechos humanos.
Pero la situación en Guatemala es grave y EE.UU. tiene una responsabilidad moral de ayudar. Es cierto que las opciones no son buenas. El deterioro continuo no es sostenible y afecta tanto a EE.UU. como los intereses más amplios de la región.
No hay más opción que tratar de apoyar al gobierno de Pérez, y al mismo tiempo, mantener una estrecha vigilancia sobre lo que hace. La atención debería centrarse en la reforma de la policía y el fortalecimiento del poder judicial (el papel de la ONU y el Fiscal General actual ha sido positivo y debe continuar).
Los guatemaltecos no sólo merecen un gobierno eficaz que pueda imponer la autoridad democrática y el respeto por el Estado de Derecho. Ellos también merecen una comunidad hemisférica dispuesta a ayudar en este momento crucial.
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