Los siete muertos del domingo nos sacudieron a todos. Una camioneta, en medio de las pedreas, terminó embistiendo a los clientes de un negocio de acera en el municipio de Cáceres.
¿Quién fue, cuáles circunstancias particulares lo produjeron, a quién o quiénes responsabilizar? De eso no se trata esta reflexión editorial. Apuntamos, sí, a las dificultades estructurales (de seguridad y orden público, económicas de la minería legal o ilegal y al influjo potencial de grupos mafiosos y armados, en la extensión del término) para buscar la solución a un conflicto por el que, cada día, Antioquia y el país pierden o dejan de producir cientos de millones de pesos.
Empecemos: cuantificar en operación de tractocamiones, en carga de pasajeros (municipal e intermunicipal), en daños por los desórdenes, en actividades sociales-comunitarias interrumpidas, en tranquilidad y gobernabilidad local, es difícilmente cuantificable. No es caro, es muy, muy costoso.
Pocos recuerdan que hace exactamente un año, en el Bajo Cauca, se desarrollaba el mismo paro minero. Las partes enfrentaban ese "diálogo de sordos" que ahora tiene a Antioquia preocupadísima porque su vínculo y aporte al flujo de la economía, entre el sur y el norte del país, y del departamento mismo, se encuentran bloqueados.
El gobernador Sergio Fajardo ha insistido en la inconveniencia del paro minero, en especial por la violencia que desata desde hace un mes en esa subregión. El gobernante recordó esta semana que su administración agota la facilitación para encontrar una salida a las diferencias que persisten entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el gremio minero. Aunque hoy hay una línea muy delgada entre las reclamaciones y las vías de hecho instigadas, al parecer, por actores armados ilegales.
Las protestas que terminan con ataques a la Fuerza Pública, coincidimos con el gobernador, vacían de argumentos cualquier reclamación. "En ese terreno, ya lo que se manifiesta y se dice, se pierde".
Pero es aún más inquietante que los puentes tendidos por la administración departamental, para que el Gobierno y los mineros se entiendan, no consigue el brillo de un acuerdo, de un cese a unas manifestaciones a veces desmedidas.
El Gobernador sostiene que su equipo ha ayudado a que los mineros abandonen la informalidad, a que el Estado central entienda la importancia de la minería y su realidad para Antioquia, pero vemos que el contexto volátil y tenso que rodea las protestas no permite concretar salidas ni entendimientos. Ayer el diálogo se rompió de nuevo.
Una de las realidades más inquietantes es la utilización de menores que acuden a medios violentos y que, incluso, según los mismos mineros, no pertenecen a sus bases. Tener que contemplar policías y civiles heridos, daños cuantiosos en bienes muebles e inmuebles, nos pone al borde de preguntar si es necesario que se pase de la contención y la disuasión a medidas más riesgosas y verticales de acción policial.
Creemos en el diálogo. Creemos en que las partes puedan, con sensatez, hallar puntos de acuerdo, para sortear un paro que responde a intereses específicos de un gremio, pero que pone en juego el equilibrio y la sostenibilidad económica de una región y del circuito económico mismo en el que está inserta: ser, allí, paso obligado e intermedio del transporte departamental, y especialmente nacional.
El caos del Bajo Cauca ya preocupa a todos por igual. Lo dicen las cifras, tan amargas.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
