Las cifras del invierno dan cuenta de la tragedia que se teje sobre el departamento, una tragedia que cuesta vidas y millonarias pérdidas materiales, amén de lo que significará en atraso para la región.
Ante cada emergencia, los alcaldes y el gobierno departamental tienen que ponerle frente a la situación, pero los recursos locales son insuficientes para atender los daños en infraestructura vial, reubicación de viviendas y desarrollo de proyectos productivos.
Tanta agua obliga a los mandatarios a mover dineros para tapar la emergencia, postergando los proyectos y con ello los planes de desarrollo podrían "colapsar".
La voz de alarma la dio esta semana el alcalde de Sabaneta, Guillermo Montoya, al anunciar que parte de los dineros asignados a la ampliación de la doble calzada de Las Vegas, tendría que destinarlos a atender a los damnificados en su localidad.
Varios municipios han declarado la urgencia manifiesta para disponer de recursos y enfrentar una situación que va más allá del cumplimiento de un plan de desarrollo, que podría quedarse en el aire.
En el caso del Departamento, la secretaria de Planeación, Ana Cristina Moreno, afirmó que a corte de diciembre de 2010, el Plan de Desarrollo, está en un 90 por ciento de ejecución. "Esperamos que sea a través de los recursos del Gobierno Nacional que podamos cubrir la emergencia".
¿Y si no llega la plata?
El gobierno seccional ya estiró la ponchera y solicitó 49.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Calamidades para la ejecución de 25 proyectos, a fin de atender parte de la emergencia vial.
También anunció que usará el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 40 millones de dólares (unos $72 mil millones), para financiar la reconstrucción de carreteras. Esos recursos, sin embargo, no son suficientes. El gobernador Luis Alfredo Ramos ha dicho que se requieren 780.000 millones de pesos para superar los problemas en 492 puntos críticos, de 139 corredores de la malla vial. Además, hay que reparar 16 puentes de la red departamental y 42 puentes en las vías terciarias.
La mano también se tendió al Ministerio de Ambiente y Vivienda, con el que la Gobernación firmó un convenio por 141 mil millones de pesos, de los cuales la Nación aporta 75.000 millones de pesos, para la ejecución de 26 proyectos de vivienda, en 22 municipios para 6.458 familias damnificadas.
Pero el panorama es desolador. En un mes de temporada invernal, los informes técnicos dan cuenta de que la saturación de agua en los suelos llega a niveles muy altos, incrementando los riesgos de la infraestructura vial, de los servicios públicos, de las viviendas y de las personas.
Por eso preocupa que ya 16 vías secundarias y terciarias estén cerradas y 26 con paso restringido y que seis troncales tengan dificultad.
Según el Dapard, hasta el 28 abril se habían registrado 51 emergencias en 40 municipios, que dejan 23 muertos, 11.324 damnificados y 50.960 personas afectadas.
A ello hay que sumarle 453 viviendas destruidas, 10.485 viviendas afectadas, 50 centros educativos desescolarizados, 18 acueductos afectados y pérdidas en 500 hectáreas de cultivos.
Y eso que estamos en la mitad de la primera temporada de invierno del año.
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