Para este jueves 25 de junio está programada la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para un contingente inicial de 400 integrantes de la organización criminal Clan del Golfo, justo a menos de dos meses de que finalice el periodo de mandato del presidente Gustavo Petro.
Las negociaciones entre ese grupo ilegal y los delegados de la Casa de Nariño están activas desde finales de 2025, cuando se pactó en Doha, Catar, que habrían tres ZUT ubicadas en áreas rurales de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).
De manera preliminar se había fijado la fecha del 1° de marzo de 2026 para concretar el desplazamiento de la tropa, pero fue aplazada por varias razones, entre ellas que la Fuerza Pública estaba concentrada en el dispositivo del Plan Democracia para las elecciones legislativas, lo que cual complicaba su atención a ese procedimiento.
La nueva fecha quedó establecida para después de la segunda vuelta presidencial, y fuentes cercanas al proceso señalaron que la primera ZUT en ser ocupada será la de Tierralta.
Al respecto, el asesor jurídico del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, relató en una entrevista radial hace un par de semanas que “esto viene a ser un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”.
De momento no se ha conocido por parte del Gobierno Nacional el decreto que suspenda las operaciones policiales y militares contra ese cartel, tal cual sucedió la semana pasada con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la cual movilizó 100 combatientes para una ZUT en Valle del Guamuez, Putumayo.
La víspera de la movilización también se ha visto empañada por una revelación de Noticias Caracol, medio que publicó este miércoles unas conversaciones de 2022 entre el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, y el jefe político del Clan, Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”).
En el diálogo, Rueda le prometió que el Gobierno frenaría los bombardeos y solicitudes de extradición de cabecillas del cartel, y que despediría a los oficiales de Inteligencia que los investigaban, si este accedía a participar de la política de “paz total”.
Otra polémica alrededor de este plan sucedió hace dos meses, cuando la Fiscalía le negó a la Presidencia de la República una solicitud para suspender las órdenes de captura de 29 miembros de la organización ilegal, con miras a facilitar su tránsito a las ZUT.
El ente acusador rechazó la petición dos veces, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por los tribunales de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.
Para rematar, todavía no existe un marco legal que permita la desmovilización colectiva de grupos armados de origen no político (bandas y carteles), lo que deja al proceso en un limbo jurídico.
Y a esto se suma el próximo relevo presidencial del 7 de agosto, cuando asumirá la jefatura del Estado el abogado Abelardo de la Espriella, quien dijo en campaña que acabaría con las negociaciones de la “paz total”.
Estas circunstancias adversas han puesto en duda la cristalización de ese proceso con el Clan del Golfo.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: EXCLUSIVO | Con ascensos y dos nuevos integrantes, así quedó la cúpula del Clan del Golfo, el cartel más poderoso de Colombia.
Regístrate al newsletter