Solo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, si es que así lo considera, sobre el caso de destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, la polémica continuará y mantendrá en vilo a la capital del país, hoy más preocupada por la suerte de un cargo que por los temas de ciudad.
Como falta que el órgano de cierre y defensor de la Constitución decida si opta por conocer los fallos de tutela que se han emitido tras la destitución de Petro, queda abierta a discusión cualquier decisión que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo de Estado.
Sin embargo, sí puede dar luces el hecho de que hasta el momento dos de los altos tribunales y el proyecto de fallo de la Judicatura han señalado que la Procuraduría sí es competente para investigar y decidir contra funcionarios que hayan sido elegidos por voto popular.
Hay que recordar que el Consejo de Estado, según su presidenta María Claudia Rojas Lasso, aún no toma una decisión oficial sobre el caso que conoce su Sala Plena y hasta que no se discuta el nuevo proyecto de fallo, que debe elaborar el magistrado Alfonso Vargas Rincón, no se fijará una posición.
En similar situación está la Judicatura, pues según informó Colprensa, el magistrado Pedro Sanabria tiene una ponencia encaminada a tumbar el fallo de primera instancia que suspendió la decisión del Ministerio Público.
¿Choque o armonía?
¿Qué puede pasar? Según el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, puede darse que, a pesar de que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado estén a favor del procurador Alejandro Ordóñez, el Consejo Superior decida no hacerle caso a la ponencia y que entonces las tutelas que allí lleguen favorezcan a Petro.
O, aún más enredado, puede que no se tome una decisión concertada por toda la Judicatura, sino que entre los magistrados se tengan posiciones diferentes, por lo que el sentido del fallo de segunda instancia estaría dado por la suerte que dé el reparto entre los togados.
Todo este galimatías se resume en que, si al menos un fallo de tutela está a favor de la posición que ha sostenido la defensa de Petro, el alcalde seguiría en su cargo en el Palacio Liévano.
Pero para que se cierre este capítulo falta tiempo, pues de darse todas las decisiones y que luego la Corte Constitucional las quisiera revisar, "el trámite podría tomarse unos ocho o nueve meses, y como han pasado cerca de tres, entonces tendríamos una decisión, por lo menos, para dentro de seis meses", dijo Charry.
Mientras tanto, el proceso de revocatoria seguirá su curso, pues solo se vería afectado en caso de que se diera una decisión unánime sobre la salida de Petro ante el fallo de la Procuraduría.
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