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Fútbol Colombiano | PUBLICADO EL 30 noviembre 2021

Dimayor y 16 equipos del fútbol colombiano, en el ojo del huracán

  • Algunos futbolistas colombianos tuvieron que acelerar su retiro y otros se refugiaron en el exterior. FOTO Edwin Bustamante
    Algunos futbolistas colombianos tuvieron que acelerar su retiro y otros se refugiaron en el exterior. FOTO Edwin Bustamante
  • Algunos futbolistas colombianos tuvieron que acelerar su retiro y otros se refugiaron en el exterior. FOTO Edwin Bustamante
    Algunos futbolistas colombianos tuvieron que acelerar su retiro y otros se refugiaron en el exterior. FOTO Edwin Bustamante
Por redacción deportes

Investigan a la Dimayor y a 16 de sus clubes afiliados, acusados por la Asociación de Futbolistas Profesionales de haberlos vetado, además de otras irregularidades.

Jonhy Ramírez se retiró del fútbol competitivo en 2019 y aún espera el fallo de una demanda que presentó contra la Dimayor, en la que reclama $500 millones que, dice, le correspondían a él tras un convenio que había hecho con Millonarios, club en el que jugó entre 2012 y 2013.

Según argumentó, el equipo azul se vio obligado a entregarle el dinero al Chicó y no a él por orden del ente rector del balompié. Cuenta, además, que para poder que le abrieran las puertas en el equipo boyacense le pusieron como condición entregar el 100 % de su pase (derechos deportivos), y ese club luego lo prestó.

Asegura que en una ocasión fue objeto de un veto, pues Junior y Cali pretendían sus servicios, pero no volvieron a llamarlo por sus diferencias con Chicó. “Esos pactos afectan, no es algo a viva voz, pero que existen, existen”.

Otro caso se presentó con Rafael Pérez que, de acuerdo con su testimonio al portal Primertiempo.com en junio de 2020, relató que por un veto, tras algunos inconvenientes con la dirigencia del Real Cartagena, decidió irse a jugar a la China. Y que para poder regresar a la liga colombiana, ante una oferta del DIM, en 2013, tuvo que entregarle al club bolivarense los $100 millones de pesos que recibió del conjunto antioqueño.

Estos son dos ejemplos que dan cuenta de supuestas irregularidades que se comenten en el balompié nacional y que fueron expuestas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que se pronunció este lunes.

La SIC formuló un pliego de cargos a la Dimayor y a 16 clubes (ver recuadro) de los 32 afiliados, porque estos habrían cometido actos anticompetitivos, entre los cuales la mayor infracción sería la vulneración de los derechos deportivos de algunos jugadores del rentado en los períodos 2018-2021.

La SIC busca determinar si son ciertas las denuncias de varios futbolistas que aseguran que fueron vetados en Colombia por la determinación de instituciones por las que previamente pasaron, y de las cuales salieron sin el visto bueno de los directivos.

Las posibles anomalías

Carlos González Puche, represente legal de Acolfutpro, dijo que los funcionarios del ente de control visitaron a jugadores, clubes y Dimayor, y analizan pruebas que recolectaron.

Andrés Barreto González, Superintendente de Industria y Comercio, contó detalles de la forma cómo se manifiestan algunas irregularidades: “Si los jugadores quieren terminar el contrato los vetan para ir a otro equipo, o si deciden que no quieren terminarlo por justa causa, quedan rehenes del club hasta tanto no le entreguen los derechos”.

La mayoría de futbolistas denunciantes querían mantenerse en el anonimato, porque argumentan que temen sufrir más represalias. “Los afectados son todos. Los jugadores en actividad no quieren que los proscriban, es que aquí el empleador es una sola parte, son 36 equipos que se reúnen en la Dimayor”, dijo González.

Sin embargo, reconoció que hay casos que ya son de dominio público como el de Cléider Alzate y Jhony Ramírez, al igual que el de “Edwin Valencia que demandó, se fue porque el América no le pagaba seis meses y eso no es suficiente. El señor Rodríguez lo vetó para que pudiera venir a una Selección Colombia, pero él hizo su carrera en Brasil”.

La lista de deportistas demandantes la completan Hernán Luna Gómez, Guillermín Peña, Nelino Tapia, Luis Fernando Miranda y Harrinson Mancilla.

González lamentó que esta situación se presente en Colombia e indicó que sigue esperando la intervención de los ministerios del Deporte y del Trabajo. Y que los entes deportivos asuman su papel y se corrijan los reglamentos y los estatutos que rigen el fútbol colombiano

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equipos de la Liga, exentos de la investigación, entre ellos Medellín y Nacional.

Contexto de la Noticia

La dimayor responde a la SIC

En respuesta al comunicado de la SIC, la Dimayor indicó que “así como las demás personas jurídicas y naturales vinculadas a la investigación, tienen derecho a ejercer su legítima defensa, en este escenario brindarán todas las explicaciones requeridas por la autoridad, entregarán cualquier información que sea pertinente y, por último, aportarán y solicitarán las pruebas, para demostrar que no existió ilegalidad alguna en sus actuaciones”.

Igualmente, la entidad subrayó que es “respetuosa de las decisiones que toman las autoridades competentes, y continuará colaborando con el fin de aclarar cualquier duda respecto de los hechos de la presente investigación. Confiamos en que la Superintendencia de Industria y Comercio encontrará mérito a las solicitudes y las explicaciones que se remitirán a la SIC en su debida oportunidad”.

En la lista de equipos investigados aparecen Águilas Doradas, Cúcuta (en liquidación), Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado, Tigres FC, Tolima, Once Caldas, Quindío, La Equidad, Atlético FC, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera. La mayoría de los clubes involucrados en este tema, entre ellos los de Antioquia, guardaron silencio ante esta situación, argumentan que no han sido notificados.

La Equidad subrayó que “siempre ha actuado conforme a la ley y basado en principios éticos”. Y agrega que esta situación “vulnera su buen nombre”.

los argumentos del ente de control

En un comunicado, la SIC presume que la Dimayor, “en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados. A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados”. En este caso la Superintendencia podrá imponer multas hasta de cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV) por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas.

Entre las pruebas que se tienen en contra de la Dimayor hay chats de dirigentes en los que se habla claramente de vetar a algunos futbolistas que decidieron dejar antes de lo previsto a equipos que participaban en la Liga o en el Torneo de la B, con el objetivo de cerrarles por completo las puertas en el balompié local y así obligarlos a emigrar del país si querían continuar con sus carreras deportivas.

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