Un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil fue imputado con un cargo de corrupción porque, según la investigación de la Fiscalía, le pidió $100 millones a una candidata al Senado para sumarle votos de manera irregular en los comicios.
Según el reporte del ente acusador, el imputado es Jairo Winston Mendoza Soto, quien laboraba como auxiliar administrativo en la sede de la Registraduría de Montería para el momento de los hechos, durante las pasadas elecciones legislativas de marzo de 2026.
En las audiencias de control de garantías, la fiscal del caso expuso que el 25 de febrero el funcionario llamó por teléfono a Ana Cristina Muñoz, candidata al Senado por el denominado Frente Amplio.
“Ese mismo día se concretó una reunión en la residencia de Winston Mendoza. En dicho encuentro, abusando de sus funciones y del poder que le confiere su cargo en el órgano electoral, le solicitó de manera directa a la candidata la suma de $100 millones de pesos”, declaró la acusadora.
Y agregó que “a cambio de esta dádiva, prometió garantizarle mil sufragios a su favor en la contienda electoral”. Esto implica que, por cada voto, la política terminaría pagando $100.000 pesos.
El 5 de marzo siguiente, a tres días de las elecciones, hubo una segunda reunión en una cafetería, en la cual el auxiliar de la Registraduría volvió a realizar la oferta.
En aquel entonces, Ana Muñoz se presentaba como “la candidata de los campesinos”, comprometiéndose a dignificar el trabajo rural en el Congreso.
Es militante del Pacto Histórico y fue directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, entre 2023 y 2024.
Ante la oferta del funcionario, Ana Muñoz no pagó el dinero y terminó perdiendo las elecciones. Después formuló la denuncia contra el implicado.
“Existe una inferencia razonable de autoría del hecho, Jairo Winston Mendoza Soto instrumentalizó su calidad de servidor público con el fin de infundir en la señora cierto grado de temor o expectativa, que la conducía a la necesidad de ceder a la exigencia económica que le hacía bajo la promesa de manipular los resultados electorales”, aseveró la fiscal en el estrado.
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Al auxiliar le imputaron el delito de concusión, aunque se declaró inocente en la audiencia. Por el momento seguirá ejerciendo su defensa en libertad, mientras se define una eventual audiencia de medida de aseguramiento.
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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Qué es el delito de concusión por el que fue imputado el funcionario de la Registraduría?
- La concusión es un delito que ocurre cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir, inducir o solicitar dinero u otro beneficio indebido. En este caso, la Fiscalía sostuvo que el funcionario presuntamente pidió $100 millones a una candidata al Senado a cambio de favorecerla con votos en las elecciones. La investigación apenas está en etapa de imputación y el procesado no aceptó el cargo.
- ¿Por qué la Fiscalía considera que hubo un abuso del cargo en este caso?
- La Fiscalía sostiene que el funcionario habría utilizado la autoridad y las funciones de su cargo en la Registraduría para hacer una propuesta ilegal relacionada con los resultados electorales. Según la acusación, le prometió a la candidata garantizarle 1.000 votos si entregaba $100 millones, lo que constituye la base de la imputación por concusión.
- ¿Qué hizo la candidata al Senado después de recibir la supuesta propuesta?
- Según la investigación, la candidata Ana Cristina Muñoz rechazó la solicitud de dinero, no entregó los $100 millones y posteriormente perdió las elecciones. Después de los comicios presentó la denuncia que dio origen a la investigación de la Fiscalía.
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