Documentos revelan que la Embajada gestionó la renovación de residencia de Carlos Ramón González, exfuncionario de la UNGRD, el mismo día en que fue imputado por corrupción. Las gestiones, que databan desde noviembre de 2024, habrían contado con conocimiento del Gobierno Petro.
En momentos en los que la justicia colombiana adelanta la búsqueda de Carlos Ramón González, señalado de ser uno de los responsables del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este jueves se conoció una controvertida denuncia en la que se señala al Gobierno de Gustavo Petro de haber adelantado gestiones diplomáticas para que el exfuncionario obtuviera residencia en Nicaragua.
Según una serie de documentos conocidos por Noticias RCN, el pasado 21 de mayo, justo el mismo día en que González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, la Embajada de Colombia en Nicaragua adelantaba trámites para asegurar su residencia en ese país.
De hecho, los documentos evidencian que, además de que las gestiones databan de meses atrás, el propio Gobierno tenía conocimiento que González se mantenía en Nicaragua desde noviembre de 2024.
“La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, señala una de las misivas.
En ese sentido, la propia Embajada solicita el apoyo explícito del Ministerio de Migración y Extranjería de Nicaragua para regularizar el estado migratorio de González, “buscando que se renueve la residencia del compañero”, teniendo en cuenta que vencería el pasado 14 de junio.
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La Dirección General Consular de Nicaragua, un ente adscrito al Ministerio del Interior de ese país, contestó ese mismo 21 de mayo y aseguró que González Merchán podía presentarse en la sede de Migración en Managua para la renovación de la cédula de extranjería. Lo anterior, a cambio del “pago de arancel correspondiente”, equivalente a 56 dólares (alrededor de 227.000 pesos colombianos).
EL COLOMBIANO consultó a la hoy excanciller Laura Sarabia, quien negó conocer los documentos. “A mí no me informaron, ni de la Embajada ni de ningún lado”, reclamó la exministra, quien sostuvo que el embajador encargado para el momento de los hechos era Oscar Muñoz Giraldo, “coordinador de la UTL del exembajador León Fredy Muñoz”.
A principios de julio pasado, el Tribunal Superior de Bogotá decretó una orden de captura contra González para que cumpla con la medida de aseguramiento que pesa en su contra.
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Según el fallo, la no comparecencia de González “es un riesgo previsible”, dada su posición social, los recursos que maneja y su constante ingreso y salida del territorio colombiano. “Es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio”.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado de ser el artífice de un supuesto esquema de corrupción para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de tramitar proyectos y reformas del Gobierno Nacional. Todo esto, con dineros arañados de la corrupción que se enquistó en Gestión del Riesgo.
En esa línea, el fallo resalta que González se mueve “en las más altas esferas del Estado”, cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político, “a pesar de lo cual decidió delinquir, comprando la función legislativa de los presidentes del Senado y de la Cámara”.
Según la Fiscalía, el entonces director del Dapre le habría pedido a quien fuera el director de la UNGRD, Olmedo López, entregar a los presidentes del Congreso contratos de la Unidad por $60.000 millones para Name y de $10.000 millones para Calle. Lo anterior, a cambio de “un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el órgano legislativo”.
Sin embargo, debido a la “premura con la que los congresistas pedían los recursos”, González supuestamente solicitó a Olmedo López “variar la oferta” a Name, ofreciendo una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle de $1.000 millones, a través de dineros provenientes de la contratación en UNGRD.
De acuerdo con el ente investigador, el 25 de septiembre de 2023, durante un desayuno organizado por Sandra Ortiz –entonces consejera presidencial para las Regiones–, se pactó entregarle los $3.000 millones a Name. Por otro lado, ese mismo día, a través de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se le entregaron los $1.000 millones a Calle.
Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, la Fiscalía detalló que el 21 de septiembre de 2023, durante un encuentro en Palacio, quien fuera el cofundador del partido Alianza Verde, “le ordenó ilícitamente” a Olmedo López entregar los $4.000 millones en coimas. Para ello, se determinó que los recursos provendrían de un contrato para carrotanques para La Guajira.
El dinero se direccionó, sostuvo la Fiscalía, a través del empresario Luis Eduardo López Rocero, con quien se habría pactado una coima del 14 % del valor total del contrato.
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