La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es la responsable de que la Fiscalía y la Fuerza Pública no capturen a los excombatientes de las Farc que decidieron rearmarse, como lo manifestó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
La JEP aclaró que, como quedó establecido en la reforma constitucional que dio vida al sistema de justicia, y en todas las leyes que la han reglamentado, es tarea de la justicia ordinaria investigar y sancionar los hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Paz, o que no tengan asidero en el conflicto.
“La investigación de cualquier delito cometido por un compareciente de la JEP después del 1° de diciembre de 2016 es competencia de la Fiscalía General de la Nación, por lo cual la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se han rearmado y estén delinquiendo, independientemente de que hayan concluido o no los incidentes de verificación del régimen de condicionalidad que se hayan abierto”, dice una carta enviada al ministro por la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción.
