Un nuevo capítulo se abrió en el juicio al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la suspensión de las audiencias mientras analiza una tutela presentada por la defensa, que alega falta de garantías por parte de la jueza a cargo del proceso.
Al revisar la solicitud, el Tribunal consideró necesario intervenir, dado que la imparcialidad de la funcionaria está “en entredicho”.
“Mientras se resuelve el fondo de la tutela, se ordena a la Juez 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que, suspenda de forma inmediata y hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de amparo, el juicio oral adelantado contra el señor Álvaro Uribe Vélez”, se lee en la decisión.
Para acudir al Tribunal, el abogado Jaime Granados argumentó que la juez vulneró su derecho a la defensa cuando de manera tajante negó la recusación que fue presentada en su contra.
Frente a esto el Tribunal, consideró que: “Al no haberse emitido una decisión de fondo frente a la recusación por parte de la juez accionada; por el contrario, rechazarla de plano al calificar la postulación como una acción dilatoria, pretermitió que otro juez valorara la situación atribuida y eventualmente puede configurar una vulneración a las garantías fundamentales”.
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En su momento, para negar la recusación, la juez 44 de Conocimiento, a cargo del proceso defendió su idoneidad y advirtió que ejerce bajo la Constitución y la ley.
“No van a crucificar a la suscrita por el cumplimiento de mis funciones. He ofrecido las garantías y si me he equivocado, pues mi superior funcional efectivamente ha emitido las correcciones y, como es mi deber, las he acatado oportunamente. ¿Por qué? El único interés es, repito, resolver de una manera rápida la situación del señor Uribe Vélez que, como quiera que estamos frente a un proceso que está próximo a prescribir, me obliga a proceder de conformidad”, explicó la juez.
Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre la recusación en contra de la juez. Si la decisión es favorable a la defensa, es decir, si la recusación es aceptada, el proceso al expresidente pasará a otro juzgado.
En este proceso, el expresidente se enfrenta a una posible condena de 6 a 12 años de prisión, en cuyo caso habría apelación y los términos para el archivo volverían a correr.
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