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Luego de conocer que hubo una baja postulación de testigos para representar a las campañas en las elecciones a la presidencia, la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a la Registraduría para que comparta el listado donde se relacione nombres y partidos o movimientos que harán vigilancia durante los comicios.
Esto en línea con las solicitudes que vienen haciendo las campañas políticas, que llevaron a la jefe de Procuraduría a insistir en que para el 29 de mayo “todo debe funcionar correctamente: la plataforma Infovotantes, la acreditación de los testigos electorales, así como la exclusión de los 2.925 jurados no aptos, de acuerdo con la relación enviada recientemente por el ente de control”.
El Ministerio Público dio a conocer el pasado 7 de mayo que tras verificar la base de datos de los jurados de votación entregada por la Registraduría, había cerca de tres mil personas inhabilitadas para ser jurados debido a que ejercen funciones públicas.
Esta revisión la hizo el órgano de control debido a los reclamos hechos por distintos sectores políticos de una supuesta intervención de jurados en los resultados del pasado 13 de marzo.
En línea con lo anterior, la procuradora Cabello también instó al registrador nacional Alexánder Vega a que resuelva “de manera inmediata” las solicitudes de las campañas, puesto que “esto permitirá brindar mayores garantías para que los próximos comicios sean legítimos y confiables”.
Finalmente, durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, la Procuraduría también evidenció –según señaló en un comunicado– la escasa presencia de auditores de campañas en los simulacros de preconteo y transmisión, al igual que en los centros de cómputo dispuestos en el territorio nacional.
Esta solicitud se suma a la vigilancia preventiva que adelanta la Procuraduría, que ha transmitido al órgano electoral las solicitudes hechas por los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, asociados con los temas de logística, financiación, software, ayudas tecnológicas y el respaldo a la auditoría internacional en la que ha insistido el Consejo Nacional Electoral y sobre la que aún no se define la contratación.