Pese a los esfuerzos del Gobierno por impulsar su agenda en sesiones extraordinarias, el Congreso concluyó el semestre con pocos avances. La reforma a la salud, clave para el Ejecutivo, enfrentó un ambiente hostil marcado por desacuerdos internos y estrategias dilatorias de la oposición.
La semana pasada, cuando las sesiones ordinarias del Congreso ya estaban llegando a su última semana formal de trabajo, era evidente que legislativamente convocar a los senadores y representantes a unas sesiones extraordinarias no tendría mayor razón y mucho menos efectividad.
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Los motivos que llevaron al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a plantearlas desde mitad de noviembre se fueron cayendo con el pasar de los días, en particular porque los fracasos en el trámite de leyes fueron evidentes.
La principal fue el hundimiento de la reforma tributaria, un proyecto que sepultaron las comisiones económicas, lo que llevó a que se diera un profundo deterioro de las relaciones del presidente Gustavo Petro con la mayoría de los congresistas, luego de que los llamara “malditos” porque no quisieron votar la tributaria.
Otro de los asuntos a los cuales el Gobierno le apostó con fuerza en el cierre de las sesiones quedó a mitad de camino. Se trató de la ley que implementaba la jurisdicción agraria, la cual fue aprobada por las comisiones primeras, pero por cuestiones de trámite no alcanzó a discutirse en sesiones ordinarias, por lo que se extendió extras en donde el ambiente se iba complicando.
En ese orden tan solo quedaba para meter en esas sesiones especiales la reforma a la salud, un proyecto que es clave para el Gobierno y que estaba para su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Aunque se convocó a sesionar entre el 17 y el 19 de diciembre, pesó más sobre la misma motivos políticos.
Por ejemplo, el malestar en muchas bancadas, incluyendo a algunos congresistas del Pacto Histórico, fue con el jefe de Estado luego de decirles “malditos”. Ello se convirtió en una dificultad para que se votara fácilmente el proyecto.
La reforma a la salud ya había llegado a la plenaria, pero en tres sesiones no pudo terminar su etapa de los impedimentos. Incluso la discusión de los mismos se tomó casi que toda la sesión del 17, el primer día extra. Al final se tramitaron más de 140 impedimentos, que en su mayoría fueron negados.
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La oposición, en su estrategia de frenar las reformas claves al Ejecutivo, vieron en las extras el momento perfecto para que no avanzara. Lo primero que hicieron fue pedir tiempo suficiente para debatir el proyecto, ante lo que llamaron la intención del Gobierno de “pupitrear” el proyecto.
Una apuesta más que hicieron fue seguir por la senda de confrontar al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien durante el semestre que lleva al frente del cargo ha controvertido de forma contundente con los congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical.
El miércoles, poco antes de aplazar la discusión para febrero, Salamanca tuvo una dura pelea con la representante Katherine Miranda, quien le trató supuestamente de “marica”, razón por la cual la sancionó quitándole la palabra durante lo que quedaba del debate.
Por último, al Gobierno le quedaba muy difícil mantener a los representantes en Bogotá cuando los senadores ya estaban en vacaciones, eso sumado a que la coalición de Cámara cada vez es más débil y bancadas que estaban siendo firmes en todos los proyectos como la conservadora y la U se fueron dividiendo.
Eso se evidenció con los votos positivos en la mayoría de los artículos que se votaron, 24 en total, los cuales no llegaron a superar los 90 votos. Lo cierto es que las sesiones extras entraron en la lista de los fracasos legislativos que tuvo el Gobierno durante el semestre que termina, aunque para el ministro del Interior lo hecho por la Cámara en estos dos días fue muy importante.
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