Pocas horas antes de terminar el año, la Contraloría General de la República (CGR) se llevó para Bogotá otra investigación sensible en contra de uno de los miembros del gabinete del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Argumentando que en el departamento no habría garantías de imparcialidad, el ente nacional asumió un caso que involucra a la política itagüiseña Rosa María Acevedo Jaramillo, actual secretaria de Talento Humano de la Gobernación de Antioquia, por un contrato de $1.000 millones suscrito con la caja de compensación Comfenalco Antioquia.
Según se desprende de una serie de comunicaciones enviadas al despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez, tanto Acevedo como la ya excontralora de Antioquia, Enedith del Carmen González, pidieron que el caso fuera tramitado en la capital del país, ambas argumentando que su contraparte tendría demasiada influencia política para que el proceso avanzara con rectitud.
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Mientras Acevedo planteó sus reparos en una carta enviada desde noviembre pasado, en la que sostuvo que en el ente departamental habría intereses políticos, la excontralora González hizo lo propio y antes de dejar el cargo le pidió a la CGR asumir el proceso, cuestionando la objetividad del contralor entrante y de la misma Asamblea de Antioquia en caso de que se nombrara un contralor ad hoc.
Para comprender el asunto es necesario retroceder a noviembre de 2025, cuando la Contraloría General de Antioquia emitió un informe de auditoría sobre el contrato 4600017918 de 2025, celebrado entre la Secretaría de Talento Humano de la Gobernación y Comfenalco Antioquia. Dicho contrato era para ejecutar actividades de bienestar para los servidores departamentales y sus familias.
El informe del ente de control fue severo. En él se plantearon presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, señalando fallas estructurales en su planeación, supervisión y desarrollo.
Uno de los primeros cuestionamientos del ente apuntó a la supuesta ausencia de una justificación técnica clara para haber optado por la contratación directa con Comfenalco.
La Contraloría planteó que la Gobernación habría delegado indebidamente en Comfenalco la definición de los servicios a prestar, en vez de establecerlos desde la Secretaría. Esta situación, según el informe, configuraría una presunta deficiencia en la planeación.
El ente de control sostuvo también que se habrían gastado cerca de $317 millones en actividades como celebraciones del Día de la Secretaria, y entregas de tortas y souvenirs a empleados, durante un periodo en el que existiría una prohibición para realizar ese tipo de gastos. A esto se sumaron reparos por la supuesta falta de supervisión, al haberse presuntamente certificado pagos no verificados.
Sin embargo lo más delicado fue que, según la Contraloría, en la propuesta aprobada para 2025 se pactaron 19 actividades específicas. Entre las más costosas figuraban el Día de la Familia del segundo semestre ($271 millones), las vacaciones recreativas para hijos de empleados ($133 millones), los cursos de artes y oficios ($120 millones) y los bonos de turismo ($117 millones). También se incluyó una actividad denominada “encuentros de solos y solas”, dirigida a funcionarios solteros, por $29 millones.
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El ente de control afirmó que entre abril y septiembre de 2025 se ejecutaron 11 actividades que no estaban descritas ni valoradas en la propuesta original, calificándolas como “ampliaciones de hecho” sin soporte legal ni estudios de precios. Entre estas, las más onerosas habrían sido unas vacaciones recreativas en la Hacienda Nápoles por $183 millones, un tour del Día de la Secretaria por $57 millones y unas vacaciones en la Finca de Rigo por $29 millones.
Como resultado, la Contraloría de Antioquia reportó cuatro hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, dos hallazgos con incidencia fiscal por $342 millones y uno con posible incidencia penal.
Petición a la CGR
Según conoció este diario, ante la ratificación del informe, en noviembre de 2025 la secretaria Acevedo solicitó a la CGR que asumiera el proceso mediante el ejercicio del control preferente, argumentando una presunta falta de garantías por parte de la Contraloría de Antioquia.
En una carta del 14 de noviembre y dirigida al contralor general Carlos Hernán Rodríguez, Acevedo alegó que el proceso se encontraba en una situación irregular: por un lado, estaba pendiente de resolverse una objeción presentada por ella frente a los 11 hallazgos; y por otro, había instaurado una recusación contra el contralor auxiliar Juan Carlos Zapata Pimienta —firmante del informe— y una solicitud de impedimento contra Enedith González, al considerar que ambos “hacen parte del mismo equipo político”.
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El trasfondo político no es menor. Acevedo ha sido una figura activa en la política de Itagüí y ha intentado llegar a la Alcaldía en varias ocasiones sin éxito, frente a candidatos respaldados por el senador Carlos Andrés Trujillo, de quien ella es rival.
Por su parte a la excontralora Enedith González, quien nuevamente aterrizó este año en la Contraloría de Itagüí, desde hace más de cuatro años ha sido cuestionada por su cercanía con la coalición oficial liderada por Trujillo en Itagüí.
”Todo se hizo correctamente”
En diálogo con EL COLOMBIANO, Acevedo defendió su actuación, argumentando que el contrato con Comfenalco es anual y busca mejorar la calidad de vida de los servidores públicos con actividades de bienestar. Aseguró que históricamente este tipo de contratos se han suscrito directa y exclusivamente con cajas de compensación, debido a su idoneidad y capacidad técnica.
“Es mucho más económico para nosotros contratar con las cajas, por temas como por ejemplo su oferta de parques, pues así entonces la entrada nos sale gratis y ya solo tendríamos que pagarles el almuerzo y el refrigerio a los empleados y su familia cuando vayan a las actividades”, afirmó.
Sobre las actividades cuestionadas, Acevedo explicó que el contrato es de tipo “bolsa”, lo que permite modificar, desagregar o complementar actividades durante la ejecución, siempre que se mantengan en el margen del valor y dentro del objeto contractual, y que cuenten con autorización del supervisor. “Entonces una actividad puede desprender varias”, indicó.
También sostuvo que aunque algunas actividades ejecutadas tuvieron costos superiores a los inicialmente previstos, el presupuesto total nunca se desbordó, pues otras actividades —como “solos y solas”— no se realizaron y sus recursos se destinaron a eventos de mayor impacto. Aseguró además que las variaciones en costos se debieron a cambios en el número de beneficiarios.
“Todo el dinero del contrato fue invertido en su totalidad en el bienestar de los servidores y que no se perdió un solo peso. Reitero: todas las actuaciones se realizaron conforme a la ley y con transparencia”, sostuvo.
Acevedo también cuestionó que contratos similares en años anteriores no hubieran recibido observaciones de la Contraloría Departamental. Según relató, su decisión de acudir a la CGR obedeció a la sensación de vulneración de sus derechos, debido a los cortos plazos otorgados para responder requerimientos y presentar descargos.
“Apenas me dieron tres días para responder”, relató, señalando que el informe definitivo se emitió incluso antes de que se resolvieran sus objeciones y una tutela interpuesta.
González también pidió traslado
En paralelo a la solicitud de Acevedo, poco antes de dejar el cargo la excontralora González también pidió a la CGR que se llevara para Bogotá el caso, siendo curiosamente sus argumentos los que tuvo en cuenta ese ente nacional para acceder a ejercer el control preferente.
En su comunicación al contralor nacional, González descalificó a su sucesor, el nuevo contralor Juan Carlos Herrera Toro, por haber prestado en el pasado su servicios de abogado al gobernador Andrés Julián Rendón.
“Al estar probado que el contralor general de Antioquia electo fungió como apoderado judicial y abogado de confianza del gobernador Andrés Julián Rendón (Expediente IUS E-2015-337727), se configura jurídicamente una extensión del impedimento hacia los miembros del gabinete del mandatario”, argumentó González.
A renglón seguido, González también descalificó a la Asamblea Departamental, señalando que esa corporación no tendría legitimidad en caso de nombrar un contralor ad hoc para los casos especiales en los que se configuraría ese supuesto conflicto de interés.
“La designación de un contralor ad hoc recaería, por competencia legal, en la Asamblea Departamental de Antioquia. Sin embargo, esta solución resulta ineficaz para el patrimonio público, toda vez que dicha corporación adolece de un doble vicio de independencia”, planteó, señalando que dentro de esos “vicios” estaría que en la corporación hay una coalición que respalda a Rendón. Fue con base en esos argumentos, que Rodríguez decidió entonces llevarse para su despacho el caso.
Este diario consultó tanto con la Contraloría de Antioquia como con la CGR sobre el caso, pero ninguna entidad se pronunció.
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